“Han muerto cinco jóvenes”: Jhon Arley Murillo

El manejo de los centros de rehabilitación para menores delincuentes se está convirtiendo en una bomba de tiempo para las autoridades en la capital del Valle.

 

Cinco muertos, decenas de heridos y más 1.500 fugas en seis años es el penoso saldo que deja la operación de los dos establecimientos donde viven 650 jóvenes condenados por toda clase de delitos, en Cali.

 

Si bien los problemas que padecen los centros Valle de Lili y El Buen Pastor no son nuevos, este año parecen desbordarse. El pasado domingo medio centenar de esos delincuentes se fugaron y aunque casi todos fueron recapturados, en el incidente uno de los menores delincuentes murió por causa de un tiro con arma de fuego. Aún se investiga quién disparó.

 

A mediados de abril se registró un voraz incendio en medio de un motín en El Buen Pastor; el saldo fue de dos menores muertos y varios heridos.

 

Ante esos fatales incidentes y las continuas irregularidades en el sistema de rehabilitación de los menores delincuentes, SEMANA habló con Jhon Arley Murillo, el director del ICBF en el Valle, entidad que tiene a su cargo la contratación de los operadores de esos centros y el manejo pedagógico de los mismos.

 

 

Jhon Arley Murillo: Con la Policía se llegó a un acuerdo en el sentido de prohibir el ingreso de alimentos y elementos de aseo, debido a que los estaban utilizando para ingresar drogas y hasta armas durante las visitas de los familiares. Esa medida fue lo que detonó el desorden de los jóvenes. También analizó la posibilidad de aumentar o reforzar la seguridad de la Policía en razón de que sólo tenemos cuatro agentes para cada centro de rehabilitación que en promedio tiene una población de 300 jóvenes.

 

 

J. A. M.: En estos momentos tenemos tres espacios. Uno que es el centro Valle del Lili, donde atienden a 350 jóvenes; otro que es el Buen Pastor, con 269 jóvenes atendidos, y otro es el centro de Vipasa, con 17 jóvenes. Y está el centro transitorio con capacidad para 17 jóvenes. Para una capacidad total de 653 jóvenes; eso quiere decir que hemos aumentado los cupos en un 400 por ciento en los últimos cuatro años”.

 

 

J. A. M.: El Buen Pastor tiene capacidad para atender a 270 jóvenes, mientras que el Valle del Lili a 450 jóvenes.

 

 

J. A. M.: En el Valle de Lili está la comunidad de Terciarios Capuchinos, y en el Buen Pastor una comunidad que se llama Crecer en Familia. Los Capuchinos administran casi el 70 por ciento de los centros de rehabilitación en todo el país y el otro operador administra algunos centros en el Valle y Norte de Santander.

 

 

J. A. M.: En los centros estamos hablando de cinco hechos. Un joven que se ahorcó con unas sábanas el año anterior; este año otro joven murió al intoxicarse mezclando tíner con una gaseosa; otros dos murieron quemados como consecuencia de un incendio que ellos mismos iniciaron, y el joven que fue asesinado por un disparo el fin de semana.

 

 

J. A. M.: En promedio cuesta 1.200.000 pesos mensuales cada menor atendido en los centros de rehabilitación. Allí están incluidas cinco raciones alimentarias por día, elementos de aseo y su respectiva dotación.

 

 

J. A. M.: El contrato se hace por períodos anuales.

 

 

J. A. M.: El ICBF paga por cupo atendido y si el joven no es atendido, pues no se reconoce. En los contratos que son fijados y elaborados para todo el país por el ICBF hay una norma que cita que si no hay menor atendido en el primer mes, se reconoce un porcentaje del cupo que es como del 60 por ciento; si en el segundo mes tampoco se atiende, se reconoce el 50 por ciento del cupo; eso en el entendido de que haya o no jóvenes, el operador está obligado a disponer de un equipo de profesionales para atender a los menores.

 

 

J. A. M.: Recuerde que la seguridad en los centros y el control de la evasión no es responsabilidad del ICBF ni del operador. En el Código de infancia y adolescencia, y la Ley de Seguridad Ciudadana indican que esa responsabilidad es de la Policía Nacional. Según esa ley, ellos tienen la responsabilidad estricta de evitar las evasiones en esos centros.

 

 

J. A. M.: Eso es un tema que la Policía debe resolver porque si el número de agentes no es suficiente, es un problema que el ICBF no tiene por qué resolver. Llevamos cuatro años pidiendo el aumento de policías.

 

 

J. A. M.: No buscamos responsables, pero sí creemos que esa pregunta se le debe hacer directamente a la Policía, quien tiene legalmente asignada esa responsabilidad.

 

 

J. A. M.: El ICBF tiene la función de ejecutar las medidas pedagógicas que deberán cumplir los jóvenes en el centro de rehabilitación. Jamás se le asigna ninguna responsabilidad en términos de seguridad, por lo tanto cuando hay una evasión esa pregunta se le deba hacer a la policía, que está obligada por Ley a responder.

 

 

J. A. M.: Yo no soy quién para buscar responsabilidades. Nosotros como ICBF hemos denunciado esos hechos ante las autoridades para que ellas determinen las respectivas responsabilidades por acción u omisión.

 

 

J. A. M.: Hay que replantear la forma como se ejerce actualmente el control en los centros de responsabilidad penal. Estamos trabajando meramente en el aspecto pedagógico y no hay ningún tipo de control en términos de seguridad, ya que sólo contamos con educadores, sicólogos y trabajadores sociales que están al interior, porque la policía solo puede estar al exterior de los mismos.

 

 

J. A. M.: Ya está demostrado que cuando esos jóvenes infractores inician desórdenes en los centros, al personal le queda imposible controlarlos, incluso ellos mismos son víctimas de agresiones.

 

 

J. A. M.: Según los registros que tenemos, son más de 300 los que ya son mayores de edad y eso es una complejidad. La ley indica que los jóvenes infractores condenados siendo menores de edad deben permanecer en esos centros de rehabilitación hasta cuando cumplan la sanción.

 

 

J. A. M.: Más que controlar y manejar, intentan hacerlo. Lo que hemos evidenciado es que la gran mayoría de los incidentes son generados o liderados por los mayores de edad. Lo que ha hecho el ICBF en esos casos es denunciarlos ante las autoridades para que sean sancionados y trasladados para cárceles de adultos.

 

 

J. A. M.: Insisto en que esa es una responsabilidad que no le compete al operador y recae en la Policía. En el ICBF hemos invertido recursos para evitarlas y solo para citar un caso, en el 2008 ocurrieron como 548 evasiones y en el 2012 no pasamos de 35, es decir, hubo una reducción del 94 por ciento.

 

 

J. A. M.: En ese caso que sí era responsabilidad de los Capuchinos (operador), nosotros actuamos y le impusimos una multa de cien millones de pesos a ese operador porque se evidenció que el tema de las fugas era por su culpa.

 

 

J. A. M.: Son de la Gobernación del Valle y su mejoramiento le corresponde a los entes territoriales. No obstante, el ICBF asumió esa responsabilidad y sólo en el Valle hemos invertido casi 12.000 millones de pesos en la adecuación de los centros de responsabilidad penal.

 

 

J. A. M.: En el caso del Valle del Lili estamos en este  momento en una revisión a nivel nacional, buscando qué entidades podrían ser tenidas en cuenta para ser invitadas a ser operadores de ese centro. La cosa es que uno mira el panorama y no existe quién lo haga, porque los Capuchinos operan casi el 80 por ciento de los centros en todo el país. También estamos explorando con ellos la aplicación de algunos cambios en la operación de esos centros de rehabilitación.

 

 

J. A. M.: Habría responsabilidad si se evidencia que el consejo pedagógico no está dando resultados. Estamos tomando medidas tendientes a prevenir el consumo de sustancias sicoactivas dentro de los centros. Yo no soy quién para asignar responsabilidades, pero en el ICBF tenemos las evidencias de que hemos hecho las gestiones y el liderazgo que no nos corresponde para evitar esos problemas.