Happy Birthay

DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA siempre se ha dicho que es inoperante. Que a los criminales ni los persiguen, ni los cogen, ni los pro- cesan, ni los condenan. Hasta hace un año la impunidad era total. Hoy por hoy, las cosas han comenzado a cambiar. La nueva Constitución, la política de fortalecimiento a la justicia del gobierno de Cesar Gaviria, y en particular la creación de la Fiscalía General de la Nación, le han dado una luz de esperanza a los colombianos y les ha demostrado que en el país el delito sí tiene castigo.
Quizá el ejemplo más contundente para demostrar que se ha comenzado a hacer justicia sea el caso del narcotráfico. Hasta hace sólo un año no había sino unas cuantas órdenes de captura sin procesos sólidos contra algunos narcotraficantes. En el mejor de los casos, los procesos estaban estancados. En otros, los jueces habían sido comprados y, en los peores, estos habían sido asesinados.
Hoy en día, y gracias en buena medida a la acción coordinada de la Fiscalía, del Ministerio de Justicia y de los organismos de seguridad del Estado, es mucho lo que se ha avanzado en este campo. Sólo contra Pablo Escobar la Fiscalía tiene listas 18 resoluciones acusatorias por delitos como los homicidios de Guillermo Cano y Luis Carlos Galán. En el caso de Iván Urdinola, contra quien no pesaba ninguna acusación al momento de su captura, se logró, en tiempo record de cuatro meses, una condena efectiva de cuatro años y medio. Lo mismo sucedió con Jorge Luis Ochoa, quien hace un mes fue condenado a ocho años y medio de prisión, y presumiblemente algo similar ocurrirá con los 46 narcotraficantes y guerrilleros que se han sometido voluntariamente a la justicia.
Si antes se decía que el problema de la justicia era que no se investigaban los delitos, esto ha comenzado a cambiar. Las labores de inteligencia, el fortalecimiento y la profesionalización de los organismos de investigación han sido fundamentales para vincular a muchos de los pesos pesados del narcotráfico a los magnicidios, atentados terroristas y voladuras de aviones.
Y la cosa no para al nivel de la investigación. Hoy por hoy se han establecido procesos sólidos contra muchos de ellos y ha sido posible vincularlos como autores intelectuales de muchos de los crímenes y magnicidios que han sacudido al país durante la última decada. Para lograrlo se han empleado un sinnúmero de mecanismos, entre ellos el decreto 264 de beneficios por colaboración con la justicia, que brindó, durante su corta vigencia, las herra- mientas necesarias para obtener testimonios y datos de inteligencia. Por otro lado, los esfuerzos del Bloque de Busqueda y de los organismos de Policía Judicial han conducido a la captura de varios cabecillas y al descubrimiento de los enlaces de las organizaciones criminales.
Algo similar ha sucedido en el caso de la guerrilla.
En la guerra contra la subversión, tradicionalmente las capturas eran relativamente inútiles. Estas casi nunca conducían a procesos judiciales y, con el argumento de la falta de pruebas, por lo general desembocaban en la pronta liberación de los detenidos. La colaboración de la Fiscalía y la Fuerza Pública ha hecho posible que, hoy en día, entre el 70 y el 80 por ciento de las capturas se confirmen con un auto de detención y la iniciaciónn de un proceso judicial.
Pero los aciertos de la Fiscalía en el campo de la lucha contra los delitos de orden público no paran ahí. En las próximas semanas los 25 lugartenientes de Pablo Escobar que se encuentran recluídos en las cárceles de Itagui y La Modelo iniciarán los procedimientos para terminar anticipadamente sus procesos. Las virtudes de esta insitución son importantes. En los Estados Unidos una figura jurídica similar, el plea bargaining, permite resolver el 95 por ciento de los procesos sin llegar a juicio. La confesión y la aceptació6n de los cargos presenta grandes ventajas:asegura un castigo rópido, evita los largos procesos, en su mayoría inconducentes, a los que estaban acostumbrados los colombianos y supone para el acusado una pronta definición de su situación jurídica. La congestión de los despachos judiciales, que ha sido una de las grandes trabas al buen funcionamiento de la justicia, puede encontrar en esta figura una solución.
Hasta el momento han sido más de tres mil los casos en los cuales el articulo 37 del Código de Procedimiento Penal, de terminación anticipada de procesos, ha permitido concluir en un acuerdo y una condena. La gran mayoría han sido procesos relacionados con el orden público, pero a medida que tanto jueces como abogados defensores se vayan acostumbrando a la figura y vayan conociendo sus virtudes, su aplicación a la totalidad de los delitos contemplados en el código penal puede resultar en una gran agilización de la justicia, tradicionalmente dispendiosa y lenta.
LA PEQUENA JUSTICIA Algunos sectores de la opinión han reprochado a la Fiscalía que, durante su primer año de funcionamiento, se haya ocupado únicamente de los grandes casos, como lo son el narcotráfico y los auxilios distritales. Gran parte del proble- ma de credibilidad de la rama jurisdiccional radica precisa- mente en que, aunque en el caso de algunos de los grandes delitos se haga justicia, la impunidad campea en lo que se refiere a las irregularidades cotidianas. Sin embargo, los últimos informes revelan que la justicia esta comenzando a operar para todos y para todo.
Las cifras son dicientes. La FiscaIía ha manejado en este primer año 132 mil investigaciones. De ellas, cerca de la mitad ya han sido evacuadas de los despachos de los fiscales. Trece mil personas estan actualmente detenidas y 27 mil más tienen medida de aseguramiento. En otras palabras, en Colombia se estan comenzando a castigar el raponeo, el hurto, la estafa, el peculado, las lesiones personales y todos aquellos delitos que, a pesar dc que su castigo estaba contemplado en el código penal, eran prácticamente letra muerta.

LOS GRANDES LUNARES Uno de los grandes lunares de la Fiscalía en su primer año de labores ha sido, a ojos de muchos, el caso de los auxilios distritales. El pronunciamiento de la fiscal 248. Lilian Acosta causó verdadero revuelo y suscitó duras críticas por la audacia de sus interpretaciones. La Fiscalía, a ojos de muchos, decidió algo que nadie esperaba de esa institución: hacer teorías jurídicas. El modo en que fue manejado el carcelazo a los concejales fue casi tan criticado como el debate mísmo, y lo que
la opinión pública percibió fue que, en vez de aplicar la norma de los códigos, se estaba haciendo justicia de opinión.
Por otro lado, si bien es cierto que han sido grandes los pro- gresos realizados en materia dc investigación y de judicialización de las acusaciones, hoy por hoy hay más de una piedra en el zapato de la justicia. La gran debilidad del proceso de fortalecimiento parece ser el sistema carcelario, que es, a todas luces, obsoleto e insuficiente. No importan cuantos es- fuerzos se hagan en materia de investigación y de acusación. "En nada beneficiará al país que las cárceles estén llenas de criminales, si solo se castiga y no se rehabilita ", aseguró el Fiscal. Pero como lo afirmó el ministro de Justicia, Andrés González, "Ios primeros pasos para modernizar el sistema carcelario y su administración ya se comenzaron a dar" . Para ello, el Ministerio contaré con el descongelamiento de los dineros incautados al narcotráfico, que suman más de 30 mil millones de pesos, y que serán destinados a la reorganización del sistema carcelario y a la construcción de cinco grandes centros penitenciarios. Igualmente, un proceso de profesionalización de la guardia, que incluye selección, formación y mejores salarios para el personal, será otro elemento de mejoramiento del sistema carcelario del país.
Sin duda alguna, el balance del primer año de existencia de la Fiscalía no puede ser mejor. Aunque algunas sombras opacan su labor, nadie puede desconocer que los resultados obtenidos hasta ahora sacan la cara por la justicia colombiana.