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| 3/31/2012 12:00:00 AM

Hasta luego, compañero - La renuncia del director del Incoder

La salida de Juan Manuel Ospina del Incoder dejó en evidencia fracturas en el interior del Ministerio de Agricultura y los problemas que enfrenta el gobierno para ejecutar la política de desarrollo rural y el proceso de restitución de tierras.

La imagen que el país tenía del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y del director del Incoder, Juan Manuel Ospina, era la de una llave: dos colegas y amigos trabajando hombro a hombro por sacar adelante el campo colombiano. Pero ese retrato cambió cuando, el 27 de marzo, Restrepo le pidió la renuncia a Ospina. Según el ministro, este había empezado la misión para la que él lo había delegado lleno de nobles propósitos y buen ritmo, pero fue perdiendo el impulso inicial y el Incoder venía funcionando a media marcha desde hace meses.

Ospina presentó su carta de renuncia, breve y formal, ante el ministro, pero le envió una más larga al presidente Juan Manuel Santos en la que explica por qué considera que algunos aspectos de la política de desarrollo rural están yendo por mal camino y lo dijo también ante los medios de comunicación. Sus declaraciones sorprendieron porque Ospina ha sido un amigo cercano de Restrepo y ambos pertenecen al Partido Conservador. "No iba a salirme por la puerta de atrás, callado, alguien tiene que hacer las críticas y no necesariamente desde la oposición", le dijo Ospina a SEMANA. Su salida dejó en evidencia que hay graves problemas internos de ejecución y dirección, no solo en el Incoder, sino también dentro de la cartera de Agricultura, responsable de ejecutar la política de restitución de tierras, bandera del presidente Santos, y de reactivar el campo colombiano para que esa política tenga éxito.

Hoy queda la duda, sin embargo, de si los problemas del Incoder superaron la capacidad gerencial de Ospina o si lo mismo le hubiera sucedido a cualquier director que hubiera llegado, porque desde que se creó en el anterior gobierno, este instituto estaba destinado a fracasar. En el Incoder terminaron fusionadas de manera atropellada cuatro instituciones diferentes: el antiguo Incora, el Instituto Nacional de Pesca, el Instituto de Aguas y Riego y el Fondo de Inversión Rural, en las que trabajaban cerca de 4.000 funcionarios. Hoy el Incoder cuenta con una planta de un poco más de 700 funcionarios y un presupuesto que, aunque ha aumentado, a veces no alcanza todavía ni para comprar papel. De ahí la urgencia de que a esta entidad disfuncional se le haga una reconstrucción total.

"Los tiempos políticos a veces son muy crueles", dice Ospina, y reconoce que la entidad no venía marchando a buen ritmo, pero afirma que el Ministerio no se la jugó para fortalecer al Incoder. Argumenta que con recursos tan limitados era muy difícil avanzar más rápido. Por su parte, el ministro Restrepo se queja de que varios procesos no se han podido completar, no por falta de presupuesto, sino por la parsimonia de su director. "Hace más de un año se le encomendó al Incoder la reconstrucción de los distritos de riego, gravemente afectados por el invierno, y esta es la hora en que aún no comienza dicha reconstrucción", dice Restrepo.

A Ospina también le critican que haya aumentado la nómina de contratistas de manera desproporcionada. El sindicato ha hablado de una nómina paralela, compuesta por personas que no tienen los conocimientos técnicos suficientes. Pero también es justo decir, y así lo reconoce el propio ministro Restrepo, que Ospina también tuvo que hacer un difícil proceso de depuración en el interior de la entidad. Algunos de los funcionarios del Incoder terminaron en la cárcel por servir a los intereses de grupos armados ilegales en algunas regiones como el Magdalena y otros han terminado envueltos en escándalos de corrupción.

La salida de Ospina no solo afecta su reputación profesional, sino que también deja mal parado al ministro Restrepo, que ha sido objeto de críticas recientes por el retraso en la presentación al Congreso de la Ley de Desarrollo Rural. El ministro ha explicado que la demora obedece al proceso de consulta previa con minorías étnicas, pero también es cierto que la Ley tuvo problemas de cocción, más de tipo conceptual y político; y mientras se ponían de acuerdo en el interior del Ministerio sobre cuál era la visión de desarrollo rural apropiada, se dilató su trámite. Esta Ley es fundamental porque crea no solo una institucionalidad más adecuada para el desarrollo rural y robustece las que ya existen, como el Incoder, sino que es el complemento indispensable a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, porque le permite al gobierno organizar el territorio y orientar de manera más adecuada los recursos que le permitan a los campesinos volver a sus tierras y darle una vocación más productiva al campo.

Al gobierno también le han llovido críticas recientemente sobre el proceso de restitución de tierras, tanto de la izquierda como de la derecha. Senadores como Jorge Enrique Robledo han acusado al gobierno de engañar a la opinión pública con las cifras que presentaron como restitución de tierras, cuando en realidad el gobierno lo que hizo fue legalizar terrenos baldíos o entregar algunos predios de extinción de dominio que estaban pendientes desde el gobierno anterior. Fue el Incoder el que llevó a cabo estas acciones de "restitución administrativa", el año pasado, antes de que entrara en vigencia la Ley de Víctimas.

Desde la derecha las críticas son distintas. Algunos sectores conservadores y uribistas han cuestionado que el ministro Restrepo haya nombrado como asesora estrella a Jennifer Mujica, una experta en derecho agrario que trabajaba para Usaid, pero que es cercana a líderes reclamantes del Urabá que alguna vez militaron en el EPL. Por recomendación del ministro Restrepo, Mujica llegó luego al Incoder. Aunque Ospina afirma que es una excelente profesional, dice que a ratos le tenía que recordar que él era su jefe y no el ministro Restrepo.

El jueves también se conoció la noticia de que el candidato del ministro para reemplazar a Ospina como director del Incoder era el investigador y asesor Alejandro Reyes, de quien afirman en el interior del Ministerio de Agricultura que no solo es la persona de mayor confianza de Restrepo, sino el verdadero cerebro del Ministerio. Su nombramiento, sin embargo, no es oficial y el presidente Santos está considerando otros candidatos pues, a pesar de los conocimientos de Reyes sobre los temas agrarios, no tiene mucha experiencia gerencial.

Mientras se define quién será el nuevo director, el proceso de restitución de tierras, que empezó formalmente con la implementación de la Ley a partir del primero de enero, apenas está arrancando. La nueva Unidad de Restitución de Tierras, que no depende del Incoder sino directamente del Ministerio de Agricultura, ha recibido más de 10.000 solicitudes de víctimas que esperan el estudio de sus casos. Hasta el momento la unidad cuenta con tres sedes y están en proceso de abrir ocho más en las próximas semanas. en varias regiones consideradas como prioritarias y en donde hubo mayor abandono de predios. Por el lado de los jueces de tierras, hay cinco que ya fueron nombrados, pero falta que se posesionen otros 17 a mediados de abril.

El gobierno ha creado muchas ilusiones con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y ha prometido que esta vez sí les va a cumplir a quienes perdieron sus predios, pero haber creado tantas expectativas sin que las instituciones responsables de ejecutar la política bandera estuvieran preparadas, le puede costar muy caro. El país está esperando resultados.
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