Domingo, 23 de noviembre de 2014

| 1993/01/04 00:00

Hasta el siglo entrante

¿Cómo es la nueva Corte que tendrá que decir la última palabra en materia constitucional durante los próximos ocho años?

Hasta el siglo entrante

LA ELECCION DE LOS NUEve magístrados de la nueva Corte Constitucional por parte del Senado de la República, estuvo precedida de los peores augurios. Después de lo sucedido hace un par de meses con la elección de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, se temía que se repitiera el lamentable espectáculo de la rebatiña de votos en la plenaria, y que de ese proceso surgiera una Corte con escasa credibilidad.
Sin embargo las cosas se dieron de manera muy diferente. Para empezar, el Senado adoptó, a instancias de su presidente José Blackburn, el sistema del tarjetón que eliminó la posibilidad del tráfico de votos. Pero adicionalmente, dicha corporación celebró audiencias previas a la votación, para enterarse del pensamiento, la formación y la hoja de vida de buena parte de los candidatos, antes de votar por ellos.
Apesar de lo anterior y de que alfinal las cosas resultaron mejor que en el caso del Consejo de la Judicatura, al terminar la semana algunos comentaristas de prensa -entre ellos el editorialista de El Tiempo- persistieron en la tesis de que no era conveniente que los altos tribunales se eligieran por procedimientos en los cuales la política desempeñaba un papel determinante.
En este tema como en muchos, otros, las criticas a las reformas introducidas por la Constituyente -como lo fue el cambio del sistema de designación de los altos tribunales- se aborda sin tener en cuenta lo que sucedia en el pasado. La Corte Constitucional es elegida por medio de ternas escogidas por el Presidente de la República, la Corte Suprema y el Consejo de Estado tres ternas cada uno, para que el Senado escoja así nueve magistrados.
No hay duda de que al poner en manos del Senado esta eleeción, los constituyentes quisieron que la Corte reflejara de algún modo la composición política del Congreso -que no es otra que la del país-, dejándole eso si la facultad de postular candidatos a la rama judicial y al ejecutivo, de tal manera que la elección, aunque política, se haga entre aspirantes con las mejores hojas de vida.
En el pasado, la Corte Suprema, que era el tribunal que se encargaba del control constitucional, era elegido por el sistema de la cooptación, es decir que cuando se generaba una vacante los propios magistrados elegian a su nuevo compañero. Aunque esto aparentemente garantizaba la independencia de la Corte y su esterilización frente a posibles contaminaciones políticas, a la hora de la verdad esto no era tan cierto. Para empezar, había paridad entre liberales y conservadores por mandato constitucional, lo que de por sí implicaba una injerencia política. Pero lo más grave es que la cooptación favorecia la formación de roscas de amigos personales y políticos, hasta el grado de que la tendencia siempre fue a que entre los conservadores predominaran los pastranistas y entre los liberales, los lleristas.
En resumen, los peligros que se le atribuyen al nuevo sistema eran vicios del pasado, con el agravante de que entonces el estudio de los candidatos para llenar una vacante no era público, ni permitía una minima deliberación sobre las distintas hojas de vida, sino que resultaba de un procedimiejnto más bien clientelista y amiguero entre los mismos magistrados.
QUIENES SON
Pero sin duda lo que más contribuyó a que el proceso para designar la nueva Corte no despertara mayores críticas, es el resultado mismo de la votación: una Corte equilibrada en cuanto a las distintas tendencias del derecho constitucional, y conformada por magistrados respetables y preparados. Sólo se lamentó que Ciro Angarita, uno de los más destacados de la Corte saliente, no fuera reelegido.
Lo del equilibrio es bastante claro, ya que tres de los elegidos (Vladimiro Naranjo, Jorge Arango y Antonio Barrera) están identificados como juristas con una visión más bien conservadora a la hora de interpretar la nueva Constitución. El término progresista se utiliza para referirse a otros tres: Eduardo Cifuentes, Alejandro Martínez y Carlos Gaviria. Y como fieles de la balanza quedan los restantes: José Gregorio Hernández, Hernando Herrera y Fabio Morón. Su origen partidista refleja la composición del actual Congreso: hay seis liberales, dos conservadores y Martínez, que recibió el apoyo del M-19 y otros grupos minoritarios, algo que jamás había sucedido en la historia de los altos tribunales en el país.
Pero más que equilibrio, lo que una Corte Constitucional necesita es independencia. En cuanto a ello, la garantía parece estar en el hecho de que, más allá de quién los incluyó en la terna o quién votó por ellos, los magistrados elegidos la semana pasada lo fueron por un período de ocho años, de tal manera que su mandato trasciende el de quienes intervinieron en su designación. Y para evitar tentaciones, no podrán ejercer cargos públicos durante el año siguiente a su retiro. Como quien dice, los nuevos magistrados de la Corte Constitucional, aparte de su agradecimiento con quienes los ayudaron a salir, sólo deben tener ahora y hasta que se acabe el siglo, compromisos con la Constitución que el primero de marzo, cuando se posesionen, jurarán defender.

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