Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2004/10/03 00:00

Hasta la última gota

El necesario proyecto de ley de protección a la inversión se hundió porque algunos congresistas quieren que el gobierno pague por sus votos.

El pasado miércoles, el presidente Álvaro Uribe promocionaba en una macro rueda de negocios en Nueva York la existencia de mejores condiciones del país para atraer inversionistas extranjeros. Casi al mismo tiempo, en Bogotá, la comisión tercera de la Cámara de Representantes hundía el proyecto de ley que buscaba otorgarles garantías de estabilidad jurídica a los inversionistas en Colombia.

El proyecto de ley de protección al inversionista, que se presentó en 2003, tenía como propósito que los empresarios tuvieran la confianza de que aquellas leyes o actos administrativos trascendentales para su decisión de invertir no fueran modificados en su detrimento. Además, proponía beneficios para los inversionistas, diferentes a los tributarios. Entre ellos, un régimen de protección a la propiedad intelectual, la posibilidad de que la inversión contara con nuevas reglas sobre regalías en el sector minero y sobre comisiones en el manejo de portafolios, entre otros.

Con la decisión de la Cámara, el gobierno y el país se llevaron una lamentable sorpresa.

Desde que se presentó el proyecto en 2003 y hasta hace una semana, la iniciativa había caminado con fluidez en el Congreso. En los dos debates que siguieron en el Senado siempre hubo consenso entre los parlamentarios alrededor de la importancia de promover reglas de juego claras para atraer la inversión privada y de paso generar empleo y atender la inversión social y la pobreza.

Sin embargo, a la comisión tercera llegó la iniciativa en una coyuntura especial. En las próximas semanas, la Cámara en pleno estará votando el proyecto de reelección inmediata. De ahí que algunos representantes le quieran hacer saber al gobierno que el precio de sus votos a favor de ciertos proyectos (por supuesto, incluyendo la reelección) son altos. Y que, de no recibir apoyos burocráticos del Ejecutivo para mantener sus redes electorales, estarán dispuestos a llegar tan lejos como para hundir una ley tan importante para el país y sobre la que había bastante consenso.

El proyecto se hundió por 14 votos contra nueve. Pero lo sorprendente no fue que los representantes del liberalismo oficialista y la bancada de oposición Alternativa Democrática votaran negativamente, sino que también lo hicieran cinco liberales uribistas: Eduardo Crissien, Jorge Luis Feris, Germán Viana, Óscar Wilches y Jesusita Zabala. Por eso quedó en el ambiente la sensación de que muchos que se sienten uribistas le están mandando un mensaje al gobierno: la tarifa de su voto será más alta en discusiones futuras de proyectos como el de reelección, y si el Ejecutivo no los consiente con la 'chequera burocrática' estarán dispuestos a votar en contra de las propuestas que, en teoría, cohesionan su bancada. "De la oposición se entiende que se oponga, pero se hundió porque todos los liberales uribistas, a excepción de Zulema Jattin, Óscar González y yo, votaron en contra", afirma la representante Adriana Gutiérrez.

Otra prueba de que lo que despertó los votos negativos poco tenía que ver con la ley es que muchos de los planteamientos que expuso la oposición ni siquiera tenían que ver con su contenido. Algunos llegaron a decir que proponía indemnizaciones, cuando estas no están contempladas. Otros, que era una protección a los ricos o que planteaba exenciones tributarias, cuando como lo ha explicado el ministro de Comercio Jorge Humberto Botero, "todas las propuestas de la ley están por fuera del ámbito tributario".

El gobierno está estudiando si presentará nuevamente el proyecto o no y explora nuevas iniciativas para seducir a los inversionistas. Pero, por ahora, la decisión de la comisión tercera de la Cámara le quitó una gran oportunidad al país. De paso se hizo evidente que la bancada uribista no es tan sólida y que varios de los que dicen hacer parte de ella sólo apoyan al gobierno cuando creen que esto les ayuda. Más allá del triste naufragio del proyecto, el mensaje de algunos parlamentarios fue claro: están dispuestos a apoyar al gobierno con sus votos, siempre y cuando tengan expectativas de recibir réditos burocráticos.

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