Domingo, 19 de febrero de 2017

| 2000/11/13 00:00

“Hay que desactivar la guerra”

Anders Kompass, delegado de la ONU para Derechos Humanos en Colombia, pide frenar el escalamiento del conflicto armado que desangra al país.

“Hay que desactivar la guerra”

SEMANA: ¿Cómo califica lo que está sucediendo en el departamento del Putumayo?

Anders Kompass: La situación es dramática. El Putumayo vive una emergencia humanitaria de extrema gravedad. Lo que estamos viendo ahora es el resultado de un escalamiento del conflicto que además cobró repercusiones internacionales por el balance que muestra el paro armado de las Farc.

SEMANA: ¿Después de tres semanas qué cree usted que buscan las Farc con este paro?

A.K.: El control de la zona y seguramente también hacer notar a todo el mundo que ellos tienen allí una fuerte presencia. Simultáneamente creo que buscan mostrar que es una zona conflictiva y que también hay una presencia paramilitar y una presencia de la fuerza pública que no ha sido capaz de tomar acciones contra la incursión paramilitar que se ha visto en esos últimos años.

SEMANA: Las Farc exigen para levantar el paro armado el aislamiento y la lucha del Estado contra los paramilitares. ¿Usted cree que es posible?

A.K.: Sí, en la medida que haya realmente una convicción muy clara por parte del gobierno y los sectores más importantes del país de que debe haber acciones contundentes y muy claras contra el paramilitarismo. Si no será absolutamente imposible ganar la credibilidad y legitimidad que requiere el Estado ante sus propios ciudadanos y también ante la comunidad internacional para poder hacer la paz.

SEMANA: ¿Cómo le parece que las Farc utilicen a la población de escudo o de rehén para hacer esta exigencia?

A.K.: Lo hemos denunciado muy claramente: las Farc están cometiendo también muy graves violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario. Independientemente de cuál sea la justificación no puede haber razón para castigar a la población civil de esta manera. En este caso, como en muchos otros casos, es la población civil la que está pagando el mayor precio de este conflicto.

SEMANA: ¿Hay omisión o complicidad de parte del Estado hacia los paramilitares en el Putumayo?

A.K.: Lo que hemos anotado y lo que también ha sido reafirmado por parte de la Comisión de Derecho Humanos de las Naciones Unidas es que no ha habido una acción clara de combate contra los paramilitares por parte del Estado .

SEMANA: ¿Cada vez hay más versiones de que los paramilitares andan tranquilos en las poblaciones de Puerto Asís, La Hormiga, La Dorada?

A.K.: Eso es lo que es grave en este momento porque pone en duda la política declarada del gobierno de que los paramilitares son tan condenables como la guerrilla. Esto pone en entredicho la legitimidad del gobierno colombiano frente a la comunidad internacional.

SEMANA: Las Farc dicen que prolongarán el paro armado hasta el 29 de octubre, ¿usted cree que esto repercutirá en el proceso de paz?

A.K.: La aplicación del DIH es importante porque también tiene ese propósito de no dificultar lo que podemos llamar salidas políticas de reconciliación entre la gente que ha estado involucrada en un conflicto, y en este caso lo que han hecho las Farc es causar más preocupación y mayor repudio por parte de la comunidad internacional.

SEMANA: ¿Usted cree que la pelea de las Farc es porque allí en el Putumayo está sembrado el 51 por ciento de la coca que hay en Colombia?

A.K.: Las Farc también tienen que entender que no pueden ganar credibilidad y legitimidad si siguen asociadas con un cultivo ilícito como la coca.

SEMANA: ¿En qué otras regiones del país se atraviesa una situación crítica en materia de violaciones de derechos humanos?

A.K.: He visto una situación muy grave en Urabá, en el Valle del Cauca, en el Magdalena Medio y en Chocó. Hay también ataques contra poblaciones especialmente vulnerables ‘como las comunidades indígenas’ a las que tampoco se les ha brindado la debida atención.

SEMANA: ¿Además de los indígenas qué otros sectores tienen graves problemas?

A.K.: La situación es muy dramática también para los sindicalistas y los defensores de los derechos humanos.

SEMANA: Usted decía que lo que sucede hoy en Putumayo es una crónica de una tragedia anunciada, ¿por qué?

A.K.: Porque desde hace dos años hemos estado alertando a las autoridades de todo lo que venía ocurriendo. Con información muy bien documentada sobre las acciones de los paramilitares, sobre sus lugares de ubicación, en algunos casos muy cerca de la fuerza pública, sobre las acciones de la guerrilla y relatando sus masacres.

SEMANA: ¿A quién alertaron?

A.K.: Nosotros hemos alertado a todas las autoridades competentes. Empezando naturalmente por el Presidente y los Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores.

SEMANA: ¿Y cuál fue su respuesta?

A.K.: Es más que todo formal. Aunque entendemos que a estas alturas el gobierno enfrenta el escalamiento del conflicto, creemos que es importante empezar a mostrar esfuerzos para ganar legitimidad y tener acciones concretas y claras. Creo que muchas de nuestras alertas habían podido ser respondidas cuando había tiempo. Ahora es más difícil. Por ejemplo, hay una presencia de los paramilitares totalmente abierta.

SEMANA: ¿La gente ve la impunidad reinante?

A.K.: Claro. Si hubiera acciones la gente diría que no hay impunidad y aumentaría su confianza en las autoridades. Ahora ocurre lo contrario. Yo siento que el momento que vive el país es muy crítico porque lo que podemos llamar la población civil está tomando partido, cada vez más personas están apoyando a uno de los sectores armados.

SEMANA: ¿Qué implica esto?

A.K.: Es entendible que haya mucha gente que vive en una situación de incertidumbre, de mucha inseguridad, y tome partido por un grupo de personas buscando protección, sin pensar que en el mediano plazo es muy peligroso porque es ir a favor de otro grupo que también representa la violencia, que comete masacres, que le resta legitimidad al Estado.

SEMANA: ¿Y usted cree que esto a su vez dificulta el proceso de paz?

A.K.: Naturalmente, porque aleja las posibilidades de reconciliación. Si todos los actores, incluido el Estado, cometen violaciones de derechos humanos en el conflicto, las heridas que van dejando son muy profundas y tomará mucho más tiempo sanarlas en un proceso de paz.

SEMANA: No obstante, cada vez más colombianos opinan que la exigencia de respetar los derechos humanos es un obstáculo para ganar la guerra…

A.K.: Es al contrario. Sólo aplicando el respeto a los derechos humanos el Estado gana legitimidad para conquistar a la población civil. Un ejército se hace fuerte solamente cuando tiene el apoyo de la población por convicción, no por temor. Y entonces sí puede imponerse el orden del Estado.

SEMANA: Lo que pasa es que la gente cree que la guerra es el medio más rápido para acabar el problema, la paz demora mucho…

A.K.: Mientras haya conflicto armado en Colombia no habrá desarrollo económico ni social sostenido. Y lo que mucha gente no ve es que el mundo está desarrollándose a velocidades de vértigo y Colombia no puede participar en ese crecimiento por su conflicto violento y cada vez más descompuesto. Entonces meterse más en la guerra la aleja más de ser parte del mundo. Y no sé si quienes hoy defienden la guerra hacen estas cuentas: cuánto pierde el país por quedarse afuera. Lograr acuerdos de respeto a la población civil desactiva la guerra y da acogida a Colombia en la comunidad internacional, donde este asunto se toma cada vez más en serio.

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