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| 7/10/2012 12:00:00 AM

¿Hay doble rasero de la Fiscalía en los casos de Sigifredo y Visbal?

Se abre debate sobre el tratamiento diferenciado del ente acusador en dos casos tan sensibles: ¿Con los indicios en su poder se podría concluir que es más grave colaborar con la guerrilla que con los paramilitares?

Antes de emprender un viaje oficial de una semana por Estados Unidos, el fiscal general, Eduardo Montealegre, les dejó a los colombianos una respuesta inquietante. La periodista María Jimena Duzán, en la última edición de SEMANA, le preguntó: ¿Por qué la Fiscalía resolvió mantener detenido al exdiputado Sigifredo López (en casa por cárcel) mientras al exembajador Jorge Visbal se le concedió la libertad?
 
"El tema de Sigifredo es que a él se le imputan delitos de lesa humanidad, toma de rehenes, homicidio, secuestro. Las penas y los delitos a que se enfrenta Sigifredo son más graves de los que enfrenta el embajador Visbal", respondió el jefe del ente acusador.
 
Efectivamente, el exdiputado Sigifredo López, como todo el país lo sabe, fue recientemente detenido por el CTI y es procesado porque presuntamente colaboró con la guerrilla de las FARC en la planeación del secuestro masivo de los integrantes de la Asamblea del Valle, en el 2002. Los guerrilleros llevaron a cabo una acción en pleno centro de Cali que les permitió sacar sin resistencia a 12 diputados –incluido López– y secuestrarlos, todo ello simulando una emergencia y haciéndose pasar por el Ejército. Una persona resultó muerta en el hecho.
 
Tras cinco años de penoso cautiverio, 11 diputados fueron asesinados y solo sobrevivió Sigifredo López. Según él ha explicado, gracias al milagro de estar apartado de ellos, bajo castigo. Se cautiverio se prolongó hasta septiembre del 2007.
 
La sorpresa nacional se dio cuando Sigifredo fue capturado, hace unas semanas, luego de que las autoridades encontraron en el computador del abatido jefe de las FARC, Alfonso Cano, un video en el que, dice la Fiscalía, Sigifredo aparece dando la información clave sobre la Asamblea, y que presumiblemente sirvió para llevar a cabo el secuestro.
 
El exdiputado fue detenido relacionándosele con los delitos de secuestro y homicidio. La decisión produjo un alud de críticas que arreciaron cuando los peritos que analizaron el video no lograron conclusiones definitivas sobre si se trataba o no de él. Entretanto, se encontraron testimonios que acusan al exdiputado. La Fiscalía entonces decidió que el exdiputado podía salir de los calabozos del búnker, pero debía continuar detenido en su casa.
 
El proceso que se adelanta contra el exembajador del gobierno Santos en Perú Jorge Visbal Martelo se ubica en la antípoda del conflicto. Su lio es por presunta colaboración, no a la guerrilla, sino a los paramilitares.
 
A Visbal se le acusa de que cuando era presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) y en ejercicio de sus labores como Consejero de Paz, entre 1998 y el 2005, apoyó con financiación a los paramilitares. "Presunto autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado por promover, financiar, fomentar y promover a la agrupación armada ilegal denominada Autodefensas Unidas de Colombia", se lee en la providencia de la Fiscalía, la cual está fundamentada en tres testimonios: los de los jefes paramilitares Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez'; Jhon Jairo Hernández, conocido como 'Centella', y Salvatore Mancuso.
 
Este último testimonio es considerado por la Fiscalía una "prueba directa de cargo". En su relato, Mancuso habla de varias reuniones con Visbal en las que se habría acordado el pago de un impuesto a cambio de que los paramilitares fortalecieran su presencia e intervinieran en más zonas del norte del país para combatir a la guerrilla, como en efecto ocurrió. "Claro que él (Visbal) reconocía la ilegalidad del movimiento de autodefensas, no la ilegitimidad, pero sí la ilegalidad del grupo", afirmó Mancuso. Los testimonios de los otros dos paramilitares son, para la Fiscalía, indicios que confirman y coinciden con lo dicho por Mancuso.
 
Visbal fue embajador en Canadá del gobierno Uribe y luego congresista entre el 2007 y el 2009 por el partido de la U. Dejó su curul, y por ende su investidura, cuando la Corte Suprema le abrió investigación por nexos con paramilitares. Así, el caso pasó a la Fiscalía, que el pasado 14 de marzo le libró orden de captura. Ante esto Visbal renunció a la embajada en Lima y regresó al país, donde fue recluido en la Escuela de Caballería del Cantón Norte.
 
Sin embargo, la semana pasada, el vicefiscal, José Fernando Perdomo, resolviendo una apelación, anuló la medida contra Visbal y ordenó dejarlo libre al estimar que, a pesar de la gravedad del delito imputado, no hay justificación legal para mantenerlo detenido mientras se desarrolla el caso. La determinación va en contravía de la tomada días antes con relación a Sigifredo López, de quien se dijo que la gravedad de los delitos obligaba a mantenerlo privado de la libertad.
 
Aunque el fiscal Montealegre explicó que la diferencia radica en que el caso de Visbal no hay delitos de lesa humanidad, en la Corte Suprema de Justicia –donde se originó ese proceso y donde se traza la línea jurídica que sigue la Fiscalía– se piensa algo distinto. En el caso de Visbal, "los delitos de lesa humanidad son todos los actos generalizados y sistemáticos, perpetrados dentro del concierto para delinquir que se investiga". le dijo a Semana.com una fuente de ese máximo tribunal que prefiere reservar su nombre.
 
El caso de Visbal, como el de López, se adelanta en el marco del antiguo sistema penal (Ley 600) por tratarse de hechos anteriores al año 2005, cuando entró en vigor el nuevo sistema. En aquel, es la Fiscalía la que determina si procede la detención dependiendo de la gravedad de los delitos en cuestión. Establecido eso, imponer la medida pasa a depender de una serie de condiciones personales y sociales del procesado (que no se vuele, que no obstruya el caso, que no sea un peligro para la sociedad, entre otros).
 
En los casos específicos, lo que se tiene a hoy es que la Fiscalía cuenta con elementos que desde su óptica le permiten suponer que Visbal se alió con los paramilitares, así como López con las FARC. Y ambas conductas delictivas son tan graves que procede una detención preventiva, antes de que un juez se pronuncie de fondo. Sin embargo, luego la Fiscalía decidió que Visbal quede libre mientras que envió a casa por cárcel a López. Es decir, ¿es peor colaborarle a la guerrilla que a los paramilitares?
 
Para justificar y explicar la asimetría se puede cerrar el lente o simplemente abrirlo. Se puede citar un mínimo inciso jurídico, o simplemente decir que es por cuenta de la autonomía que tienen los fiscales. Pero la realidad práctica es que por la connotación de ambos casos, de trascendencia nacional, sobre estos no se toma ninguna decisión sin consultar y contar con la aprobación del despacho del fiscal general.
 
Al obtener de allí respuestas encontradas, se revela un doble rasero.
 
María Jimena Duzán le planteó de manera directa a Montealegre: “¿No será que su fiscalía, por no reconocer que la embarró, está actuando ya no jurídicamente, sino políticamente?” Y este respondió: “La decisión de la detención domiciliaria no se profirió con cálculos políticos ni para evitar el impacto de un error judicial. Si la Fiscalía en algún momento se da cuenta de que las hipótesis que viene manejando no son correctas, no le quepa la menor duda de que ese día se le reconocerá la presunción de inocencia a Sigifredo López”.

El debate está abierto.
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