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| 4/23/2014 12:00:00 AM

“Hay inseguridad jurídica”: secretaria general de Bogotá

La secretaria general del Distrito habló con Semana.com sobre el lío del esquema de basuras.

En menos de dos días, el futuro de Gustavo Petro en la Alcaldía Mayor de Bogotá cambió radicalmente, gracias a que un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá falló una tutela que le ordenó al presidente, Juan Manuel Santos, restituirlo en su cargo. En sólo ocho días, la capital tuvo tres alcaldes y, en pocas horas, el burgomaestre volverá al Palacio Liévano.

Susana Muhamad habló con Semana.com sobre el futuro de Gustavo Petro en la Alcaldía y sobre la parálisis que estaría viviendo la ciudad.

En primer lugar, la funcionaria advierte que, si Santos no hubiera acatado la orden del juez, habría cometido el delito de fraude a resolución judicial, lo que significa no acatar las decisiones de un juez y tendría implicaciones penales. Petro estará de vuelta en su cargo tan pronto se expida el decreto que lo restituye y se informe oficialmente.

En su breve estadía en la Alcaldía, la alcaldesa (e) de Bogotá, María Mercedes Maldonado, avanzó en el plan de desarrollo de la Bogotá Humana. Muhamad asegura que, a pesar del vaivén del alcalde, su Administración no está paralizada porque han seguido al pie de la letra la ejecución de los programas.

“Con la alcaldesa se estaba avanzando en el plan de desarrollo, se estaba trabajando en la comunicación de todos los logros del Distrito, en la ejecución de los programas y tenemos unas reuniones pendientes sobre el POT, el Consejo de Seguridad y el tema de movilidad. La agenda del gobierno Distrital no se detiene”, puntualizó.

Según se conoció esta mañana, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) interpuso una millonaria sanción. En un informe sobre la investigación por prácticas comerciales restrictivas decidió multar a tres empresas y 10 funcionarios del Distrito.

Sobre la multa, Muhamad explicó: “Aún hay un proceso de nulidad constitucional a ese proceso que no ha sido resuelto. Además, dos miembros de la comisión asesora de la Superintendencia, quienes ayudan a precisar la decisión que debe tomar el superintendente, se declararon impedidos y es la hora en la que aún no conocemos que esos impedimentos hayan sido resueltos. Así que nos parece muy extraño que se vaya a tomar una decisión con unas decisiones que siguen pendientes dentro del mismo proceso”.

De la misma manera, la secretaria dijo que el gabinete espera que la decisión de la SIC no tenga un componente político. “La defensa del Distrito frente a la SIC ha sido contundente. Ellos están diciendo que se ha violado la libre competencia y se ha creado un monopolio. Es evidente que no hay un monopolio. Hay dos prestadores reconocidos de prestación de servicio, no hay uno; además, una juez administrativa ya declaró ese esquema de aseo legal, lo que hace muy contradictorio que la autoridad administrativa no tome en cuenta los fallos de una juez en este proceso”, argumentó.

¿Cómo procederá la Bogotá Humana frente a esa decisión? Según Muhamad, ya interpusieron todas las acciones jurídicas y están esperando la decisión formal de la SIC para tomar otras medidas.

Mientras tanto, siguen esperando la resolución de los recursos que ya interpusieron: el de la nulidad constitucional. “Se interpondría un recurso al que se tiene derecho y si la SIC mantiene en firme la decisión, se interpondría una nulidad de esa decisión frente al contencioso administrativo”, concluyó.

Muhamad dijo que no entiende la institucionalidad colombiana. “Hay inseguridad jurídica con estas contradicciones entre las diferentes instancias administrativas y jurídicas”, añadió.

Sobre un posible cambio en el esquema de basuras, la secretaria General dijo: “estamos avanzando en el tema de la licitación pública para pasar de este modelo transitorio a un modelo ya definitivo de aseo, pero en eso también necesitamos la celeridad de la CRAC para que expida la metodología de cómo se le paga a los recicladores y el tema del aprovechamiento porque eso influye en el esquema financiero que la nueva licitación deba tener”.

La funcionaria agregó que este miércoles la Administración le reportará a la Procuraduría cómo avanzan en el plan de inclusión. “El plan ha tenido importantes avances: se han aumentado a 2.000 recicladores a quienes se les está pagando de la tarifa; hemos avanzado en el tema de la comunicación a la ciudadanía y también se rescata la mayor organización de los recicladores en las obras, es decir, el tipo de organizaciones para que ellos se vuelvan prestadores de servicio”, precisó la secretaria.

La incertidumbre permanece en Bogotá. Hasta la fecha, el juez dice que se le reconocen las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Petro, lo que hace que se suspenda la decisión el procurador y así, el alcalde mantiene sus derechos políticos y su cargo hasta que haya una decisión de fondo en el Consejo de Estado sobre el proceso de nulidad que el alcalde instauró. Además, también falta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe pronunciarse de fondo.
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