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| 9/26/2011 12:00:00 AM

"Hay que llegar hasta los resguardos y evitar que estos niños mueran"

La polémica por la dramática situación de niños indígenas que mueren de desnutrición en Puerto Gaitán (Meta), revelada por SEMANA, llegó al Congreso. "Esto no se mejora con leches y galletas, como lo hace el ICBF", dijo la representante Ángela María Robledo.

Tras las revelaciones de SEMANA sobre las muertes de niños indígenas en Puerto Gaitán (Meta) por desnutrición, la representante a la Cámara por el Partido Verde Ángela María Robledo, quien ha investigado el desempeño de los programas para la infancia colombiana, aseguró que la preocupación por la nutrición infantil de las comunidades indígenas del país viene desde el año 2007, cuando SEMANA reveló las escalofriantes cifras sobre el mismo drama en Chocó. 
 
Robledo se preguntó cuál es la verdadera condición de nutrición de los niños en Colombia y qué módulo de investigación existe para analizar el flagelo en profundidad. 
 
La parlamentaria recordó que desde el año pasado, cuando se conocieron los resultados de la Encuesta Nacional para la Nutrición, cuestionó la ausencia de una evaluación de la nutrición de los niños indígenas.
 
"En agosto del 2010 les escribimos una carta a la vicemininistra de la Protección, Beatriz Londoño, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recordando el informe de desnutrición infantil en Chocó y cuestionando por qué no se tenía reporte de la situación de desnutrición de las comunidades indígenas", aseguró Robledo.
 
No obstante, la congresista dijo que el viceministerio de la Protección Social no respondió y que Elvira Forero, directora del ICBF, le dijo que "lo tendrían en cuenta en un sondeo general, no en un módulo especial, como se había solicitado".
 
Aunque la parlamentaria criticó la poca claridad en la metodología del sondeo general, destacó que los resultados concluían que la desnutrición crónica, aguda y global que padecían los niños indígenas era el doble de la que sufrían los blancos y los mestizos.
 
Según Robledo, aunque la Encuesta Nacional para la Nutrición concluyó que la población de niños mejoró "en general" en este aspecto, se reconoció que la "desnutrición de las poblaciones más vulnerables no mostraba ninguna mejoría".
 
"La pregunta es qué está pasando con los niños indígenas en Colombia. No sabemos la problemática real porque en muchos de los casos la información se cruza con los departamentos en los cuales la desnutrición es mayor, como La Guajira, Chocó y Amazonas, los cuales tienen además una alta población indígena", explicó la representante.
 
Agregó que aún se desconoce por qué el ICBF terminó con su unidad de investigación, la cual desde el año 2008 había comenzado un estudio sobre desnutrición clasificado por microrregiones. Según Robledo, los altos índices de desnutrición no se pueden resolver con los programas tradicionales del ICBF. "En este tema no hay cifras consistentes y las salidas no puede ser el programa de desayunos. Esto no se mejora con leches y galletas, como lo hace el ICBF". Añadió además que tiene información sobre algunas etnias donde "la leche produce diarrea". 
 
De acuerdo con Robledo, los contratos para la nutrición infantil continúan siendo el talón de aquiles. "Los grandes contratos a nivel nacional no permiten que este tipo de problemáticas se maneje de manera local. El ICBF tiene 500.000 millones de pesos, pero no puede seguir el ICBF con el 80 por ciento de la contratación. De esa forma, se debilitan las gestiones local y departamental y así se impide el desarrollo de programas especiales. Habría más posibilidad de solución si la contratación se maneja en el orden local", considera.
 
Ante las denuncias sobre los contratos para LA nutrición infantil, la senadora Gilma Jiménez agregó que "si se contrata la seguridad alimentaria, pero ésta no le llega a los niños por eventos de negligencia o corrupción, las investigaciones que se deben abrir es por homicidio en tentativa". La parlamentaria agregó que "si existe un registro de niños muertos por cuenta de esa actitud hay unas responsabilidaes penales".

Jiménez subrayó que "robarse el dinero para la nutrición infantil es un crimen" y que este tipo de denuncias no deben concebirse simplemente como un escándalo de la contratación. Aclaró además que en este drama "no se puede involucrar el tema petrolero ya que no tiene nada que ver". 
 
Sobre la categoría de Puerto Gaitán como el municipio que más recibe regalías por la extracción de petróleo, Robledo señaló que se trata de una "gran paradoja" e insiste que además de la gestión del ICBF, se debe preguntar por el favorecimiento de los mencionados contratos "a unas pocas organizaciones y cooperativas empresariales de alimentos".
 
ICBF responde
 
Ante la denuncia de SEMANA, la directora de la seccional de Meta del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Marta Solano, aseguró que la institución tiene información distinta a la publicada por SEMANA."Tengo entendido que muere otro número de niños, pero por otras patologías como discapacidad, neumonía y diarrea", afirmó. 

Ante su respuesta, la congresista Robledo dijo que sea o no la desnutrición una causa de fallecimiento de los niños, el Estado debe responder por qué los menores pierden la vida en los resguardos."El Código de Infancia promulga que el Estado debe ser garante de los derechos de la niñez", insistió.
 
A propósito de esta afirmación, la representante Robledo recordó que hace unos tres años se presentó un debate entre Paul Martin, representante de UNICEF, y la directora del ICBF, Elvira Forero, sobre lo que pasaba en Colombia en relación con los certificados de defunción que no especificaban cuando se trataba de desnutrición. “Esto le costó a Paul la salida de Colombia”, dijo.
 
Según Solano, el Centro de Recuperación Nutricional, que es cercano al hospital de Puerto Gaitán, recibió en el primer semestre del 2011, 25 niños por desnutrición aguda (peso para la edad) y global (peso sobre la talla y la estatura).
 
Berta Forero, subdirectora de Nutrición del ICBF, aseguró que está en ejecución una estrategia de choque basada en la atención intrahospitalaria y la especializada. No obstante, para Forero, la desnutrición puede ser también una consecuencia cultural. "La cultura está cerrada. No quieren sacar a los niños, sólo los llevan cuando los ven totalmente mal. Además se presentan dificultades para movilizarse", precisó Forero.
 
La funcionaria resaltó que por el difícil acceso a los resguardos se presenta sólo un "subregistro de la población que muere por desnutrición". También explicó que la inanición no se da únicamente por carencia de alimentos. "La comunidad está aislada, no tiene agua, deben pasar caminando de dos a tres días para la atención, además culturalmente, prefieren la medicina ancestral", insistió. 
 
Ante las razones culturales, la parlamentaria Robledo refutó que aunque el Código de Infancia "debe respetar la cultura de los niños indígenas, por encima debe respetar su derecho a recibir atención de salud. Hay que llegar hasta los resguardos y evitar que estos niños mueran". Robledo argumentó que ningún indígena "va a querer que sus hijos se mueran".
 
Por su parte, la senadora Gilma Jiménez consideró que la mortalidad infantil indígena es una situación inmoral y una clara ausencia de la institucionalidad y los padres de familia. Ante el escenario cultural, la parlamentaria sostuvo que aunque respeta la autonomía indígena, estas comunidades deben entender que los derechos de los niños prevalencen sobre los demás.
 
"Hay que denunciar a los padres que no permiten la atención de los hijos, y llevarlos a la justicia ordinaria. Si esto se comprueba, ellos no pueden tener los niños", precisó la senadora.

Al igual que la representante Robledo, Jiménez señaló que si las autoridades como el ICBF saben dónde están las comunidades indígenas en situación de margilidad, deben viajar hasta los resguardos y entregarles la atención a la que tienen derecho.

Ante las propuestas de las parlamentarias, Solano agrega que el ICBF tiene unidades móviles que viajan tres veces al año a las comunidades indígenas: "para no retirarlos de sus comunidades, los llevamos (a los niños) a hogares sustitutos de indígenas ubicados en la parte urbana".
 
Finalmente, Robledo sugirió que la seccional del ICBF en Meta debe trabajar en conjunto con las secretarías del departamento. Ante su propuesta, el ICBF aclaró que tiene un convenio con la Alcaldía de Puerto Gaitán, financiado con el 1 por ciento de las regalías, avaluado en 942 millones de pesos. "Esa alianza cubre la población indígena y los hogares comunitarios", explicó la directora de la seccional.
 
Finalmente, Solano anunció que el ICBF, en los órdenes zonal, regional y nacional, realiza "una avanzada para verificar la situación de desnutrición y mortalidad infantil y así informar qué es lo que realmente está pasando".
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