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| 2/3/2015 12:00:00 AM

Apareció la orden de captura contra el coronel

Por hechos sucedidos en Valledupar en el 2006, el coronel Alejandro Robayo Rodríguez es buscado por la Fiscalía.

Luego de que SEMANA publicó en su más reciente edición la extraña historia sobre la desaparición del coronel Alejandro Robayo Rodríguez, quien abandonó el cargo y pidió la baja tan solo un mes después de haber ascendido, la Fiscalía General de la Nación le confirmó a este medio que actualmente hay una orden de captura vigente en contra del oficial por falsos positivos en el 2006 en Valledupar.

Lo anterior indicaría que el coronel Robayo se fugó de la Justicia y que esto era de conocimiento del Ejército, entidad que decidió ascenderlo y luego aceptarle la baja la semana pasada.

SEMANA informó que el oficial perteneció al Gaula de Valledupar y los hechos por los que es solicitado habrían ocurrido mientras ejercía allí. Los hechos son del 16 de noviembre de 2006 cuando miembros del Gaula Valledupar de la décima brigada blindada del Ejército Nacional, desarrollaron la misión táctica de antiextorsión y secuestro 'Navío' en la vereda Las Casitas de Valledupar. Allí mataron con armas de fuego a tres supuestos delincuentes de una banda criminal, a los cuales reportaron como desconocidos pero que luego fueron plenamente identificados, comprobándose que no eran criminales.

Por estos hechos el pasado 9 de enero la Fiscalía General de la Nación profirió medida de aseguramiento de detención preventiva al coronel Alejandro Robayo Rodríguez como coautor de concurso homogéneo de homicidio agravado. 

Esta es la historia que SEMANA reveló en exclusiva hace unos días.

El coronel Alejandro Robayo Rodríguez literalmente desapareció del mapa. Nadie sabe dónde está y hasta el propio Ejército está extrañado con la situación. Robayo ascendió a coronel en ceremonia del pasado 3 de diciembre, pero no asistió a la transferencia de mando del Batallón Patriotas en Honda (Tolima), donde se desempeñaba como comandante. Tampoco asumió el nuevo cargo que tendría en Bogotá.

El Ejército confirmó que el alto oficial tenía vacaciones hasta el 18 de enero, pero jamás apareció. Aún más extraño resultó que el 2 de enero radicara un documento en el cual solicitaba la baja, cuando tan solo un mes antes había ascendido. Su esposa e hijos tampoco aparecen, y según dijeron fuentes cercanas a la familia no hay rastro de ellos ni siquiera en las redes sociales.

¿Por qué un oficial que ha sido bien calificado por sus superiores y que está a solo un rango de llegar a general desaparecería sin dejar rastro?

Robayo Rodríguez en el ejercicio de su carrera ha asumido retos importantes no solo como comandante del Batallón Patriotas, sino en unidades como el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Cecoes), Acción Integral de la Quinta División, Gaula de Valledupar y el Batallón Aerotransportado nº. 28 Colombia.

La respuesta se podría remontar al 2003, cuando tenía el grado de mayor y era integrante del Batallón Colombia. Entonces empezó el peor momento de su vida militar. Robayo fue investigado por múltiples desapariciones forzadas, falsos positivos y torturas en el municipio de Viotá (Cundinamarca) y la región del Sumapaz, al tiempo que se consolidó la presencia y actuación del grupo paramilitar Autodefensas Unidas del Casanare en esa zona.

Incluso, en octubre del 2006 un capitán y un suboficial, miembros del Batallón, fueron condenados a 34 años de prisión.

Esa fue tal vez la época más oscura de este municipio y hoy, casi 12 años después, aún es recordada con horror por sus pobladores. En marzo del 2003 empezaron los asesinatos selectivos, la mayoría de ellos a personas que integraban organizaciones sociales campesinas, dirigían procesos comunales o pertenecían a corporaciones públicas, como en el caso del registrador de Viotá, Jairo Humberto Ochoa, y algunos concejales.

Los hechos son escabrosos. Más de 20 personas fueron asesinadas en sólo cuatro meses, con algunos casos tan aberrantes como el de Wilson Duarte y Luis Hernando Micán Tarquino, desaparecidos el 30 de marzo del 2003. Sus cuerpos aparecieron descuartizados el primero de abril de ese año con signos de tortura.

En otro, Arnulfo Rivera Piñeros, fue asesinado y presentado como caído en combate el 5 mayo del 2003. Además, cerca de 2.000 personas fueron desplazadas forzosamente soólo en marzo de ese año.

No obstante, esta no era la única investigación de Robayo. También tuvo otro proceso en la Fiscalía por la muerte de dos personas.

Aunque ya ha pasado más de una década, lo sucedido con el oficial vuelve a poner en tela de juicio la revisión que hacen las Fuerzas Militares cuando promueven a sus hombres. En la ceremonia de ascensos del pasado 3 de diciembre hubo inconformismo entre aquellos que pasaron de teniente coronel a coronel.

Muchos no se explican cómo oficiales que han sido investigados o han sido relevados de sus cargos ascienden, mientras que otros que muestran una hoja de vida impecable quedan atrás por los conceptos subjetivos de los que toman estas decisiones.

Lo peor es que estos cuestionamientos no son nuevos. A finales de noviembre pasado el senador Iván Cepeda debatió el ascenso de los generales Nicasio de Jesús Martínez Espinel, Jorge Alberto Segura Manonegra, Emilio Enrique Torres Ariza, Gabriel Hernando Pinilla Franco y del coronel Raúl Antonio Rodríguez Arévalo. En muchos de los casos porque, según Cepeda, se dieron falsos positivos cuando ellos estuvieron al mando.

La desaparición del coronel Robayo sigue siendo un misterio. Lo cierto es que hace dos semanas el Ejército inició una investigación contra el alto oficial por abandono del cargo, pero la semana pasada le aceptaron la baja.

Una decisión bastante rápida si se tiene en cuenta que hay otros oficiales que la solicitaron desde diciembre y aún no la han recibido. El caso genera muchas dudas y hay fichas que todavía no encajan en este rompecabezas.
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