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| 11/21/1988 12:00:00 AM

"HAY QUE EVITAR LA LEY DEL EMBUDO"

MISAEL PASTRANA BORRERO.ENTREVISTA

SEMANA: Dentro del proyecto de reforma constitucional que estudia el Congreso está el desmonte del 120, según acuerdo pactado entre el gobierno, el partido de gobierno y el Partido Social-Conservador. En toda negociación se cede algo para ganar algo. ¿Qué cedió y qué ganó el Partido Conservador con este acuerdo?
MISAEL PASTRANA BORRERO: No obtuve, ni concedí, porque no se sabe en el futuro cuál es el partido que va a estar en el gobierno y cuál en la oposición. Por otra parte, creo que el artículo estaba desmontado ya de facto, porque el presidente Barco había hecho una propuesta de gobierno de partido que contó con inmensa mayoría dé la opinión ciudadana, y el gobierno de partido es lo más contrario a los gobiernos de espíritu nacional consagrados por el 120. Desde el 69, en una conferencia en el Colegio de Abogados de Medellín, propuse que se hiciera realidad la finalización de los acuerdos relativos al ordinal del artículo 120, con la tesis de que se estaba presentando en nuestra democracia, la circunstancia de que, a pesar de las definiciones de los debates electorales, todo se concretaba en que, no obstante ganar, se perdía, y no obstante perder, se ganaba.
S.: Pero, ¿qué ganó?
M.P.B.: Venía diciendo desde antes que los órganos de control del Estado debían estar en manos del partido mayoritario distinto del partido gobernante. El Procurador va a ser, a partir de la aprobación de la reforma, del partido que sigue en votos al partido de gobierno. Por otra parte, la Contraloría va a ser sustituída por una Corte de Cuentas en la que, en virtud del cociente electoral, los partidos estarán representados.
Además, se logró algo que está consignado hoy en en todas las constituciones del mundo: el estatuto de la oposición.
En el caso colombiano, su contenido está en la carrera administrativa, el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación del Estado, el derecho de réplica... Lo que sucede es que los periódicos venían hablando de reforma constitucional y terminaron concretándola en el desmonte del 120.
S.: La carrera administrativa existe en la letra desde 1938 y fue perfecciona da su reglamentación en la reforma del 68. Si hasta el momento se puede decir que ha fracasado la carrera administrativa por falta de voluntad política y exceso de recomendaciones, ¿qué le hace pensar que ahora sí va a funcionar? M.P.B.: Usted tiene razón, porque es una norma que votó el país en el único plebiscito que ha habido, y es algo que se ha venido difiriendo. Pero quiero decirle, que en mi administración fue en la que más número de personas se incorporó a la carrera administrativa.
S.: Pero usted más que nadie sabe que la carrera administrativa ha sido casi letra muerta. En un país donde el poder político se deriva del poder burocrático, pueden más las presiones políticas que un pacto de caballeros.
M.P.B.: Puede ser... Pero ahora se ha vinculado la carrera no solamente como ordenamiento del Estado, sino como derecho de la oposición, que estará pendiente de que se cumpla. Si se renuncia a la coparticipación en la orientación política, es obvio que no se puede privar a una parte del país de formar parte de los cuadros administrativos del Estado.
S.: Todo eso suena bien, pero nuestra tradición política podría resumirse caricaturescamente en "a más puestos, más votos". ¿Cómo romper esta estructura de poder?
M.P.B.: En todos los países del mundo, la burocracia está vinculada con el partidismo. Fíjese... la resistencia a la Perestroika en la Unión Soviética, más que de los ideólogos es de la burocracia. Pero me parece que el realismo político en los Estados modernos lleva a la tecnificación del Estado y a garantizarle al ciudadano el derecho a que, con el cambio de administración como decía el señor Caro, no tiemblen los porteros. La utilización de esos viejos mecanismos de poder para ventaja de los partidos o de los gobiernos, cada día es menos efectiva. Ese fue el error de Pinochet: creer que con esa actitud monolítica del Estado y los privilegios que el Estado ofrece, podía ganar frente a la oposición inerme. Tengo fe que frente a la necesidad de los nuevos tiempos y de la modernización del Estado, se consolide la carrera administrativa. Sin eso es muy difícil que salgamos adelante.
S.: ¿Cómo hacer para que los caciques que derivan su poder de los puestos, dejen de pensar en la próxima elección y piensen más bien en la próxima generación?
M.P.B.: Si existe la carrera administrativa, su ámbito de influencia se limita. El funcionario, si cumple, tiene asegurada su estabilidad y al tenerla cortará cada vez más su cordón umbilical con los intereses partidistas.
S.: ¿ Cuáles serían las fórmulas concretas para poner en práctica la carrera administrativa?
M.P.B.: Una sería, por ejemplo, fortalecer la Escuela de Administración. El gran avance que hizo Francia fue lograr desvincular la administración pública de los gobiernos, es decir, desvincular la orientación política de la ejecución de las políticas. También es necesaria la regulación de la carrera. No se trata de estabilizar al funcionario ineficiente, mucho menos al deshonesto. La regulación de los mecanismos de ingreso, de ascenso, de incentivos:.. es indispensable.
Desde luego, comenzando por la cabeza misma del sistema. Es necesario que el cuerpo que tiene a su cargo el acceso y el control, sea técnico y no comprometido políticamente. Tendría que ser una especie de magistrado de la administración.
S.: ¿ Qué significa esa especie de rebelión de un importante sector conservador -asociado con el alvarismo- que no apoya el desmonte del 120?
M.P.B.: ¿Rebelión? No he oído una voz disidente respecto de los antiguos sectores del partido. Tal vez hubo dudas inicialmente, porque en el comunicado que el gobierno expidió para dar a conocer los resultados de la reunión en la Casa de Nariño, no se habló del estatuto de la oposición.
Creo contar con la opinión de mi partido. Tenemos que llegar a una democracia alternante, de definiciones de mayorías y minorías, sin dogmatismos, con mecanismos que impidan el hegemonismo. Con lo que se ha pactado se logra ese propósito.
S.: Pero como lo demuestran esta administración y la pasada, con el 120 puede hacerse un gobierno de partido o un gobierno de participación nacional...
M.P.B.: Precisamente lo que considero con el gobierno de partido, es que es un cuerpo extraño dentro de la Constitución del país. Es necesario armonizarlo con la Carta. El gobierno de partido fue posible por lo que yo, con el respaldo del Directorio, rechacé la participación. Si no lo hubiera hecho, no se hubiera podido el gobierno de partido. Una de las razones pertinentes para regularizar la situación, es evitar la ley del embudo: que un partido cuando gane pueda hacer gobierno de partido y cuando pierda, reclame participación.
S.: Se ha dicho que el desmonte del 120 se pactó en una comida en palacio, a espaldas de las mayorías representadas en el Congreso.
M.P.B.: En eso hay una equivocación. Muchas veces quienes tienen en sus manos la responsabilidad, no leen los documentos, sino los titulares de la prensa. Por eso le temo a los titulares de la prensa. La actitud de los acuerdos -que no es palabra que me guste mucho- se debió a que una subcomisión, designada por liberales y conservadores, nos solicitó buscar puntos de acuerdo sobre los temas en que había desacuerdo. Se hizo como una especie de apelación.
S.: En buena parte, el proceso de paz abierto por el presidente Betancur, obedeció a la necesidad de crear condiciones para una verdadera oposición política y para quitarle piso a la oposición armada. Por eso, pocos entienden que la Unión Patriótica, que es lo poco que queda del proceso, no haya participado en los acuerdos.
M.P.B.: Siempre hemos llamado a la UP -al menos lo ha hecho mi partido. Lo hicimos para el Acuerdo de la Casa de Nariño. En este caso, la UP no quiso participar, aunque fue invitada. Como lo que hicimos lo hicimos por petición de la subcomisión, la invitación no se le podía extender a la UP que se reservó el derecho de expresar sus opiniones en el Congreso. Lo que creo es que la UP no sabe muy bien lo que quiere. Da bandazos.
S.: Colombia adelanta una guerra en varios frentes; narcotráfico, guerrilla, paramilitares... Muchos se preguntan qué sentido tiene volver a institucionalizar una guerra ya superada entre los dos partidos, cuando son más las cosas que los unen que las que los separan, y cuando hay enemigos comunes a los cuales enfrentar.
M.P.B.: Hemos tenido dos años en los cuales no ha funcionado el ordinal del artículo 120 y la única violencia que no se ha presentado es la violencia entre los dos partidos. Por eso, desde hace varios años, he insistido en que el desmonte no se podía hacer por un plumazo. Sino por un acuerdo que comprometiera al gobierno y a los dos partidos, estableciera los diques para evitar el hegemonismo, que conduce a desatar de nuevo la violencia política. Además, hay un hecho nuevo: la elección popular de alcaldes. Con ella se creó un Frente Nacional muy fuerte, desde las bases, no desde arriba. 450 alcaldes del Partido Social-Conservador, entre ellos los de las dos principales ciudades del país, Medellín y Bogotá, son el fruto de una elección y no de un pacto. Representan mucho más que tres o cuatro ministerios concedidos caprichosamente por un gobernante de un gobierno de partido. La elección de alcaldes ha creado un nuevo equilibrio político. Por eso no hay un partido de gobierno, sino dos y hasta tres. Uno en lo central y dos o tres en lo local.

S.: Parece que para usted el 120 riñe con los derechos de la oposición...
M.P.B.: No, no riñe. Podrían ser complementarios, pero lo cierto es que hace dos años hubo una propuesta de gobierno de partido y ese gobierno se ha mantenido durante la mitad de la administración.
S.: ¿En esta administración se han violado los derechos de la oposición?
M.P.B.: Se han violado. En materia de carrera administrativa, no obstante el compromiso de Barco de que no habría holocausto de conservadores, se ha presentado y se sigue presentando en forma constante. Barco dijo que no habría lentejismo y en muchos departamentos han tomado esos puestos pensando promover la división del Partido Social-Conservador.
En materia de información los derechos han sido limitados. En materias tan graves como el orden público, el Partido Social-Conservador no ha sido informado. En materia de réplica, recuerde que se me negó en una oportunidad. En política exterior, sólo se reunió una vez la comisión asesora, y el gobierno presentó hechos cumplidos. De ahí en adelante, el Partido Social-Conservador no tiene conocimiento de lo que se ha cumplido en esa materia. Así que es mejor la fórmula acogida que consagra esos derechos, que el 120 sin esos derechos explícitamente consagrados.
S.: ¿Qué significa para la oposición la jefatura única del Partido Liberal en cabeza del doctor Turbay?
M.P.B.: No hay duda de que Turbay es un hombre de firmes convicciones, pero con la flexibilidad suficiente para actuar con el pragmatismo necesario que hoy exige la política. En la política contemporánea se acabaron los dogmas. La necesidad es acercarse a la verdad del otro. Turbay ha jugado un papel importante en estos acuerdos y es justo rendirle un homenaje, pero lo definitivo fue la presencia del Partido Social-Conservador.
S.: Es imposible no preguntarle sobre candidaturas presidenciales. Independientemente de su postura filosófica al respecto, ¿descarta de plano la posibilidad de una candidatura suya?
M.P.B. Desde hace 14 años he venido diciendo -aunque la coyuntura politica pueda llevar a que la personería delegada del partido deje de tener vigencia- que presto mejor servicio al social-conservatismo y al país sin tener esa ambición. Cualquier respuesta con una mínima vaguedad se puede interpretar como un deseo y no como una puerta abierta.
S.: Y si su partido se lo pidiera, ¿se "sacrificaría"?
M.P.B.: No es posible anticipar las circunstancias en que puedan darse hechos como los que señala. Con toda sinceridad le digo que en mi posición actual no tengo esa ambición.
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