Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2016/02/29 18:31

La Eurodiputada que pide el cierre de la cárcel de Valledupar

La parlamentaria Heike Hänsel medió en el debate a propósito de las decisiones de la Corte Constitucional para corregir la crisis humanitaria que se vive en el penal.

Parlamentaria Heike Hänsel (Izq). Foto: Archivo particular

La comunidad internacional ha decidido mediar en la crisis humanitaria que se vive en la cárcel La Tramacúa de Valledupar (Cesar), en la que varios presos decidieron iniciar una huelga de hambre por la falta de acciones de parte del INPEC y demás autoridades para corregir la difícil situación. 

Heike Hänsel, la eurodiputada que preside la Subcomisión de Naciones Unidas y Globalización del Parlamento Alemán, le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que precisa que se hace necesario el cierre del penal, dadas “las condiciones inhumanas a las que son sometidos los internos”. Lo hizo a propósito del seguimiento que hace la Corte Constitucional a la manera como viene operando ese centro de detención.

El hacinamiento desbordado, el acceso casi nulo al servicio de agua potable, la deficitaria alimentación y las restricciones severas a las visitas llevaron a los presos de esa cárcel a interponer una acción de tutela que fue conocida y fallada por el tribunal constitucional en el 2014.

En su momento, ese alto tribunal impartió una serie de medidas tendientes a evitar el aumento desproporcionado de internos y superar la crisis producida por la violación masiva a sus derechos fundamentales, ya que se ven impedidos para acceder a servicios sanitarios, tienen dificultades para el consumo de agua potable y de alimentos y padecen, como casi toda la población carcelaria, de problemas de acceso a la salud.

Dos años después de decidido el caso, el magistrado ponente, Luis Ernesto Vargas, advirtió que las autoridades carcelarias no han cumplido las órdenes impartidas en ese entonces. Peor aún, encontró que operadores judiciales como el Tribunal Administrativo de Cesar tampoco se ocuparon de garantizar el cumplimiento del fallo, como era su deber.

El jurista no se explica el porqué de tanta negligencia cuando se sabe que el Consejo de Estado ordenó arrestar al director del INPEC en diciembre del año pasado por haber incumplido el fallo de tutela de la Corte Constitucional.

Mientras Vargas volvió a instar a las autoridades del orden nacional, a los operadores judiciales y a los organismos de control para que se comprometan a vigilar el cumplimiento de la sentencia, la eurodiputada Hänsel llamó la atención sobre la huelga de hambre que han iniciado los internos ante semejante inoperancia e indiferencia de la institucionalidad.

La legisladora empezó a conocer de los problemas que enfrenta ese establecimiento gracias a la relación que ha construido el profesor Miguel Ángel Beltrán, quien se encuentra recluido en Tramacúa, por haber sido considerado el jefe de las relaciones internacionales de las FARC.

De hecho, anotó que el sociólogo asumió la vocería de los internos que protagonizan la huelga de hambre y dijo de él que espera que cuente con todas las garantías procesales en la demanda de casación que interpuso ante la Corte Suprema.

La dirigente marcó el acento en la situación que enfrentan los militantes de las FARC que se encuentran allí recluidos. En su criterio, se debe garantizar la adecuación de patios especiales para ellos, con el fin de facilitar el estudio de su situación jurídica y contribuir a la pronta reintegración a la vida civil de los guerrilleros, que se pretende concretar con los acuerdos de paz.

“Finalmente, realizó un llamado especial al gobierno colombiano y a todas sus instituciones para darles feliz término a las negociaciones de paz que se adelantan entre el gobierno colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP en la Habana (Cuba)”, dice la carta, que fue enviada también a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia, a otros organismos multilaterales y a los presidentes de las demás altas cortes.

Los detenidos esperan que este requerimiento genere una actitud más proactiva de parte del Gobierno, tras el incumplimiento a las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional para proteger a los reos. Si el llamado de la parlamentaria alemana no disuade a los responsables del cargo, a la Corte le queda la posibilidad de ordenar el cierre del penal.

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