Helbert Otero dice que firmó presionado el preacuerdo en caso Fidupetrol

Helbert Eduardo Otero Pacheco es un importante accionista de la fiduciaria Fidupetrol que aceptó haber intentado influir en la selección de una tutela para evitar que su firma pagara una multa de 22.500 millones de pesos al Estado colombiano. En el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía, quedó plasmada su aceptación del delito de tráfico de influencias, con el que se entendía que se había confabulado con el abogado Víctor Pacheco para llegar al magistrado Jorge Pretelt.

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Sin embargo, esta no fue la versión que sostuvo durante el interrogatorio rendido en el juicio que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia contra el exmagistrado. 

A la pregunta de si los abogados contratados por Fidupetrol realizaron gestiones en la Corte Constitucional para favorecer los intereses de la compañía en el proceso de revisión de tutela, Otero respondió: “yo no estoy enterado de eso, a las asambleas solamente asistía el abogado Pacheco, (...) el doctor Escobar nunca fue a una asamblea”. 

Según Otero, aceptó haber llegado a un preacuerdo con la Fiscalía debido a las presiones ejercidas en su contra desde el momento de su captura. “Siempre la Fiscalía me presionó para que firmáramos un preacuerdo, yo les decía que jamás iba a hablar en contra de alguien que no conocía, que no había visto”, dijo respecto a Escobar. Pero su estancia en la cárcel La Modelo y la ‘mala voluntad’ de la jueza de garantías encargada de su caso lo hicieron cambiar de opinión.

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Después de haber cumplido en la cárcel las tres quintas partes de los 25 meses de prisión a los que fue condenado, el accionista de Fiduciaria Petrolera S.A. (Fidupetrol) aceptó la negociación del ente acusador para poder salir inmediatamente de reclusión. “Soy padre, soy hijo y soy esposo”, explicó, para justificar su decisión.

Al finalizar la audiencia, respondió entre sollozos al interrogante por el supuesto pago de coimas: “Nunca dije y nunca puedo afirmar algo que nunca pasó, que me pidieron… que entregamos… eso nunca pasó”.

El origen de la disputa

Legalmente, todo empezó el 13 de junio de 2013, cuando la Corte Suprema condenó al exgobernador de Casanare, Witman Herney Porras por haber invertido ilegalmente 63.000 millones de pesos del erario público en el riesgo negocio de las fiducias.

En consecuencia, Porras fue condenado a pagar una multa de 45.000 millones de pesos al departamento y a 18 años de prisión, mientras que Fidupetrol fue sentenciada a reintegrar 25.000 millones de pesos a las arcas del Casanare.

En ese momento empezó una intensa discusión jurídica sobre si las fiduciarias tenían o no una responsabilidad económica en cuanto al manejo de recursos públicos que les llegaran a través de terceras empresas.

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“En el año 2013 y parte de 2014, (Fidupetrol) estuvo bajo permanente vigilancia por parte de la superfinanciera (...)  Lo que más hablamos con la superfinanciera era un tema de medidas cautelares en el sentido de que esperábamos que la tutela fallase o que llegáramos a acuerdos con la contraloría. (...) Desafortunadamente el fallo fue en contra, pero ese fallo no fue el que hizo liquidar a la fiduciaria, fue un dictamen por parte de la doctora Morelli el que obligó a la fiduciaria a provisionar una cantidad de dinero que nos sacó del mercado inmediatamente”, recordó Otero este jueves.

Ese episodio fue el que a su vez llevó -según la Fiscalía- a que los empresarios contrataran abogados para que gestionaran indebidamente la selección de tutela, que finalmente negó la Corte Constitucional. Sin embargo, la versión que entregó Otero a la corte sobre la forma en que aceptó el delito pone a tambalear la teoría del ente acusador.

En el caso de Pretelt archivaron la investigación en contra de su esposa, el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil fue absuelto de las acusaciones que pesan en su contra y en el Tribunal Superior de Bogotá se tumbó el preacuerdo con el expresidente de Fidupetrol, Abel Caballero. El abogado Víctor Pacheco se quedó practicamente solo en el campo de los que acusan al exmagistrado de la Corte Constitucional.