Condenan a la Nación por accidente en el que murieron 22 militares

El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional fueron condenados por el Consejo de Estado por los hechos en los que 22 militares murieron por la caída de un helicóptero, que se produjo en un enfrentamiento con guerrilleros de las FARC en Dabeiba (Antioquia), ocurrido entre el 18 y 19 de octubre del 2000.

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Con ponencia del despacho del magistrado Danilo Rojas, ese alto tribunal encontró que la institución castrense era responsable de los daños causados a la familia de un soldado bachiller que murió tras la caída del helicóptero, que se produjo en medio de combates que produjeron, en total, 53 bajas para la fuerza pública.

Algunos pobladores de Dabeiba no olvidan todavía la noche en que guerrilleros de las FARC incursionaron en la población y a través de cilindros bomba atacaron la Estación de Policía del municipio, lo que inició un sangriento combate en las últimas horas del 19 de octubre del 2000.

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Al día siguiente, la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, dispuso el apoyo de personal del Batallón Contraguerrilla número 4. Por eso, ordenó el envío de tropas en tres helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que partieron de la base aérea de Rionegro. Para colmo de males, el Black Hawk que despegó de ese municipio del oriente antioqueño sufrió un percance, luego de que el rotor de la cola se golpeó contra la base de uno de los cerros de la zona, se precipitó a tierra y causó las muertes de 22 militares.

Una de las 22 víctimas mortales de esta tragedia era un humilde soldado bachiller que prestaba su servicio militar obligatorio, cuya familia demandó ante la justicia contenciosa administrativa la reparación del daño sufrido por el conscripto. La acción fue conocida el Consejo de Estado, que no aceptó las explicaciones de la fuerza pública, que pretendía atribuirle la responsabilidad exclusiva a los guerrilleros de las FARC, al señalarlos como responsables del accidente y el deceso de las víctimas.

Aun cuando los cuerpos sin vida fueron hallados con disparos de fusil y se cree que la intención de los guerrilleros fue rematarlos, el fallo señala que los tripulantes y pasajeros murieron como consecuencia de la caída a tierra de la aeronave y no se tiene certeza de si el hecho es atribuible al ataque de la insurgencia.

A pesar de estas dudas, dice la providencia, el Ejército y el Ministerio de Defensa deben responder patrimonialmente por ser los responsables del sobrevuelo de la aeronave, independientemente de cuál de los actores en conflicto causó el siniestro o de quién fue el responsable directo de la muerte.

Por eso, las entidades accionadas deben hacerse responsables de daños sufridos desde los puntos de vista material y moral, tasados en casi 70 millones de pesos, pero también del lucro que dejó de percibir la familia como consecuencia de la terminación intempestiva de la capacidad que tenía el muchacho para generar ingresos para los suyos. Esta liquidación se deberá adelantar en los próximos meses.