Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2004/08/15 00:00

"Hemos sorteado una crisis tras otra"

A un mes de dejar la Secretaría de la OEA, el ex presidente César Gaviria habló con SEMANA sobre su gestión.

La semana pasada el alcalde Luis Eduardo Garzón firmó frente a los empleados la nueva convención colectiva en la que ganaron la empresa y los trabajadores. Con el tiempo se sabrá si los usuarios también.

SEMANA: ¿Qué cambió en la OEA con César Gaviria?

César Gaviria: Los cambios que se han dado en la OEA en la última década no solo han respondido a mi presencia allí como Secretario General, sino también a las impresionantes transformaciones que se han dado con la mayor interdependencia que ha traído la globalización económica y política, que es tal vez la más importante. No hay que olvidar que la OEA estuvo atrapada en los conflictos de la Guerra Fría y por eso perdió mucha relevancia y se fue convirtiendo en una institución cuya principal función era proveer cooperación técnica. La OEA era una institución donde se daba un permanente debate sobre posiciones políticas antagónicas, y de ella no se esperaba que resolviera los problemas que afectaban el hemisferio. Se usaba un lenguaje de confrontación, de recriminaciones, de desconfianza. Imperaba la lógica de la Guerra Fría.

Eso empezó a cambiar desde comienzos de los 90. Empezamos a hacer un mayor énfasis en los valores compartidos. Las cumbres de presidentes han expandido nuestra agenda y responsabilidades de una manera impresionante. Prácticamente ya no hay asuntos de la agenda doméstica que no tengan una dimensión internacional: democracia, derechos humanos, comercio, medio ambiente, política educativa, laboral, de justicia, narcotráfico, terrorismo, corrupción, política social y pobreza.

Y para ello hemos desarrollado una vasta gama de reuniones ministeriales hemisféricas que nos permiten avanzar en el desarrollo de políticas, proyectos colectivos, convenciones, tratados, intercambio de información y experiencias, planes de acción o trabajo. Y en ese proceso, la agenda interamericana tiene hoy una magnitud insospechada

Hemos jugado un importante papel que la OEA no tenía en la solución pacífica de controversias, tanto de naturaleza binacional como interna. Para Colombia eso significó nuestra decisión de realizar la verificación del proceso de paz con los paramilitares de la administración Uribe. En Centroamérica hemos asumido diferentes papeles, bien de facilitadores para resolver el diferendo Guatemala-Belice, o para ayudar a implementar medidas de confianza entre Honduras y Nicaragua mientras se produce el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Igualmente hemos ayudado a hacer la demarcación que dispuso la Corte de la Haya entre El Salvador y Honduras.

Sin duda, el mayor propósito que nos hemos trazado es la creación del Área de Libre Comercio de las Américas, la más grande empresa colectiva que nos hemos fijado desde nuestra independencia.

La OEA, que no tenía tradición en materia de comercio, asumió la responsabilidad con el BID y la Cepal de dar apoyo técnico a los grupos que se reunieron en la etapa preparatoria y después a los que han estado negociando. Tal vez lo más importante es que nuestro sistema de información, el Cice, la más grande base de datos de comercio que hay en las Américas y cuya información es aceptada por todos los estados, le dio un gran soporte a toda la negociación.

En materia de democracia, a lo largo de esta última década hemos logrado sortear una crisis tras otra en Paraguay, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Haití.

SEMANA: ¿La promulgación de la Carta Democrática ha sido uno de sus aportes más importantes al continente como Secretario General de la OEA. ¿Cuáles han sido los alcances reales de esta Carta desde el año 2000 hasta ahora?

C.G.: Ha servido para actuar en numerosos países latinoamericanos donde la democracia ha estado realmente amenazada. Como es de todos conocido, fue a partir de la buena experiencia peruana que surgió la idea de adoptar una Carta Democrática en la Cumbre Presidencial de Canadá.

La primera prueba para la Carta Democrática fue el intento de golpe de Estado que ocurrió en Venezuela en abril de 2002. Para fortuna de las instituciones democráticas de Venezuela, ese intento de alteración del orden constitucional fue revertido en gran medida por la reacción de buena parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, como también de la ciudadanía.

Creo que es innecesario referirme in extenso al papel que jugó la Mesa de Negociación y Acuerdos que presidí por varios meses y que fue instalada para buscar una solución pacífica electoral, negociada y constitucional, que es la que se da este fin de semana pasado. La Mesa sirvió de canal abierto de comunicación, así como de elemento de moderación y contención de las pasiones políticas en todas las circunstancias difíciles que se vivieron en ese proceso.

Pasamos luego por la prueba de fuego de Bolivia. En ese país, a pesar de que se ha logrado un avance importante de las instituciones, el sistema político no ha sido capaz de resolver aún muchas de las demandas sociales de los bolivianos, lo que no es ajeno a otras democracias latinoamericanas, ni tampoco ha abierto suficientes canales de comunicación para todos los sectores de la sociedad.

El hecho de que las comunidades indígenas se sientan marginadas del proceso de desarrollo y ajenas de las grandes decisiones políticas quebrantó seriamente la legitimidad democrática del país. Los graves episodios de violencia de octubre de 2003 condujeron a la renuncia del presidente Sánchez de Losada y generaron la asunción al cargo del entonces vicepresidente.

El Consejo Permanente y las cancillerías, así como la Secretaría General de la OEA, estuvieron atentos a que se preservara el orden constitucional y así se lo hicimos saber a todos los actores involucrados. El presidente Mesa está trabajando en los problemas más apremiantes y lo ha hecho con seriedad, responsabilidad y firmeza. Cuenta para ello con un amplísimo respaldo de los bolivianos, como se pudo apreciar en los resultados del reciente referendo.

SEMANA: Desde los atentados del 11 del septiembre, ¿cómo se reorientaron las estrategias de cooperación entre los estados americanos alrededor del tema del terrorismo? ¿Qué implicaciones palpables ha tenido la Convención Interamericana contra el Terrorismo de la OEA sobre la seguridad del continente?



C.G.: Desde el 11 de septiembre ha habido una vigorosa reacción a partir de la firme decisión de todos nuestros gobiernos de aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Nuestros países reaccionaron con prontitud y firmeza, y juzgaron esos actos como dirigidos contra todos los países. Hemos actuado sin vacilaciones y se ha borrado cualquier consideración política o religiosa para justificar ese cobarde atentado o cualquier otro acto terrorista.

En la OEA ya habíamos realizado varias reuniones para avanzar en temas de terrorismo y en Argentina, un par de años atrás, habíamos creado un Comité Interamericano contra el Terrorismo. Hemos actuado para perseguir, capturar, enjuiciar y sancionar a los perpetradores, organizadores y patrocinadores de actos terroristas. Se ha trabajado en los documentos de identidad y de viaje, y se ha mejorado la comunicación aduanera. Colombia, por ejemplo, ha recibido un vigoroso respaldo interamericano contra los responsables de actos terroristas en nuestro país, provengan de donde provengan. No hay que olvidar que hubo muchas dudas en el pasado.

Existe una vasta tarea por realizar en materia de cooperación jurídica y judicial, asistencia mutua en materia penal, exhortos o cartas rogatorias, recepción de pruebas en el extranjero, cumplimiento de medidas cautelares o eficacia extraterritorial de las sentencias. También hay por delante un gran campo de acción en procedimientos y requisitos para la extradición de delincuentes transnacionales, y normas para asegurar el decomiso de activos. Para estos efectos, han resultado de vital importancia las reuniones de ministros de Justicia y procuradores generales que hemos celebrado. Tenemos un largo camino por recorrer, pero se ha creado un marco de cooperación y confianza en el seno del Cicte que es fundamental. También se está usando mucha de la experiencia de Cicad (nuestro mecanismo antidrogas) en temas de lavado de activos.

Con la Convención Interamericana contra el Terrorismo se asegura que las acciones contra ese flagelo se den en el marco del derecho internacional. Se han redoblado las medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Se ha asegurado un mucho mejor control fronterizo, portuario y aéreo. Se ha fortalecido la asistencia legal mutua y se estableció que en los casos de terrorismo es inaplicable la excepción por delito político y la denegación de la condición de refugiado o de solicitud de asilo. Todo, dentro del estricto marco de protección y defensa de los derechos humanos.

Los grupos colombianos vinculados a actos terroristas, tanto de la guerrilla como de los paramilitares, han perdido sus tradicionales santuarios, tanto en términos personales como en relación con sus bienes y con los ingresos provenientes de actividades ilícitas. Ya no gozan de la reserva bancaria, no son refugiados políticos y encuentran hoy una coordinada acción internacional en su contra.



SEMANA: ¿Qué coincidencias existieron en las mesas de negociación en Perú, entre Fujimori y la oposición, y en Venezuela, entre Chávez y sus contradictores?

C.G.: La intervención de la OEA fue crucial para el regreso de Perú a la democracia plena. Nuestra Misión de Observación Electoral tuvo que trabajar en un ambiente de gran desconfianza hacia las autoridades electorales y hacia el gobierno del presidente Fujimori. Dicha Misión denunció numerosas irregularidades en ese proceso y terminó retirándose para la segunda vuelta de la elección presidencial. A partir de una decisión de nuestra Asamblea General en Canadá, trabajamos en una Mesa de Diálogo que permitió regresar el país a la plena vigencia de sus instituciones democráticas.

En Perú había entonces un gobierno que fue apelando cada vez más a procedimientos autoritarios y por fuera del poder político; a cercenar la independencia del poder judicial; a silenciar los medios de comunicación; a usar la inteligencia para objetivos distintos de los propósitos del Estado; a hacer un uso indebido de los recursos del Estado y a minar el clima de libertades y la equidad en la elección presidencial. Trabajamos entonces con las ramas judicial y legislativa, con los representantes de las distintas iglesias, con organizaciones no gubernamentales y con los dirigentes de las colectividades políticas de oposición. Esta se cohesionó en la mesa y estaba preparada cuando el gobierno cayó al conocerse increíbles actos de abuso y corrupción.

En el caso de Venezuela la situación era muy diferente. Después del fallido golpe de abril se dio una extrema polarización política del país que generó graves amenazas a la democracia. Ambas partes, el gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyaban, así como la Coordinadora Democrática, nos invitaron para evitar que los luctuosos y graves hechos de abril se volvieran a repetir. Se gozaba de un clima de libertades, pero había serios problemas de intimidación, lo cual amenazaba la libertad de expresión. Existía una peligrosa práctica de deliberación en las Fuerzas Armadas. Muchos sectores fueron tomando distancia de las normas constitucionales y encontraban en algunas de ellas supuesta razón para declararse en rebelión contra el orden constitucional, ante lo cual el gobierno estaba con razón hondamente preocupado. Era imperioso, en aquel momento, desactivar algunos de los más graves conflictos que se estaban presentando y empezar a desandar el peligroso camino que estaba recorriendo el país.

La circunstancia de que se esté haciendo uso del artículo 72 de la Constitución dentro del marco de los acuerdos de la mesa y de respeto a la Constitución demuestra que hemos tenido la capacidad de acompasar las normas de la Carta Democrática con las peculiares condiciones de cada país.



SEMANA: ¿Cuáles fueron los elementos y procesos que impulsó la OEA para que se lograra volver a un régimen democrático en Haití?

C.G.: Haití ha demostrado ser un caso muy difícil para la OEA. Frente a las fraudulentas elecciones parlamentarias del año 2000 trabajamos para buscar un acuerdo político que permitiera superar esa coyuntura y lo único que logramos, después de arduas negociaciones, fue una fórmula para obtener un Consejo Electoral de consenso. Esta es la fórmula que se utiliza hoy para integrar el consejo que debe convocar elecciones tan pronto como sea posible. Al cabo de varios años de crisis política continua, la gobernabilidad del país se fue perdiendo aceleradamente y graves hechos de violencia nos llevaron a reconocer que nuestra invariable política de no usar sino medios pacíficos nos limitaba para encontrar una respuesta adecuada a las acciones violentas organizadas contra el gobierno.

Ello nos condujo, como hace una década, a pedir la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo que ocurrió después dio origen a serias diferencias de interpretación alrededor de las circunstancias bajo las cuales se dio la renuncia del presidente Aristide. La mayor parte de esas diferencias se han superado. Hoy nuestra Misión trabaja intensamente en Haití en temas de gobernabilidad, derechos humanos y justicia, con un significativo apoyo internacional.

Es bueno señalar que en medio de las muchas dificultades siempre hemos logrado asegurar la continuidad constitucional. Es bueno poner de presente que en muchas de estas situaciones se ha visto la debilidad de los sistemas presidenciales y la dificultad para encontrar dentro de ellos soluciones de naturaleza política a estas crisis de gobernabilidad.

SEMANA: ¿La OEA está prestando algún tipo de asistencia a los firmantes del TLC? (Con Estados Unidos o el Alca?)

C.G.: Ya he mencionado cómo la OEA ha apoyado todo el proceso de negociación del Alca. Tenemos un grupo de profesionales altamente calificados que solo trabaja en función del Alca y recibe sus mandatos de los ministros de Comercio. Hemos realizado una vasta tarea de preparación de los equipos negociadores en asocio con la Universidad de Georgetown y la Organización Mundial de Comercio. Los ministros nos solicitaron apoyar a Centroamérica en su negociación con Estados Unidos y así lo hicimos.

Recientemente nos han solicitado el apoyo para los países de la Comunidad Andina que negocian con Estados Unidos un acuerdo bilateral y tal proceso está en plena marcha. Cabe destacar que aunque la OEA no está presente en las sesiones de negociación, asiste a las mesas redondas con los donantes que se celebran de manera paralela y simultánea a las negociaciones, y en las que se discuten las actividades de capacitación y se presentan las solicitudes de proyectos.



SEMANA: ¿Algunos analistas consideran que en América Latina se están dando pasos regresivos en materia democrática. En particular, que en muchos países hay una vuelta a populismos autoritarios. Desde que empezó su gestión hasta hoy, cómo ha visto la evolución de la democracia en el subcontinente?

C.G.: Sería tonto no reconocer la magnitud de las dificultades que estamos enfrentando. Por un lado los ciudadanos han ampliado su idea de que democracia no es solo elecciones sino también respeto por los derechos humanos y las decisiones del poder judicial; transparencia y una eficaz lucha contra la corrupción; rendición de cuentas. Democracia también es que los partidos políticos articulen la sociedad y que la gente se vea representada en ellos. Igualmente la asocian al buen funcionamiento de los servicios públicos que presta el Estado. Le hace mucho daño a la democracia un estado ineficiente, debilitado por la crisis de la deuda y agobiado por las limitaciones fiscales.

Por otra parte, la globalización ha generado una conciencia planetaria sobre la justicia social y la defensa de los derechos ciudadanos. Hasta hace poco nuestros países tenían la opción de tener un sistema político que operara mal, pero con la globalización eso ya no es posible. Gracias al desarrollo de los medios de comunicación, la mundialización de las noticias y el acceso al Internet, los problemas del fraude electoral, el abuso del poder, la discriminación contra las mujeres o los indígenas, o las violaciones de los derechos humanos en cualquier parte del planeta nos movilizan a todos.

Los ciudadanos del hemisferio se ofenden si cualquier gobierno desconoce su sistema judicial, ejerce sobre él presiones indebidas o se aparta del fallo de un tribunal constitucional. Nunca en el pasado fue imaginable que las elecciones de un país fueran observadas de manera minuciosa por todos los otros países y sus sociedades civiles. Hoy se da una creciente y múltiple vigilancia internacional.

No es entonces difícil entender cómo se empiezan a dar fenómenos como el que usted menciona, aunque creo que ha habido ligereza en los medios para calificar a los gobiernos que deben hacerles frente a los inmensos desafíos que ha traído la globalización. No es extraño que ante el evidente debilitamiento de los sistemas políticos y el bajo crecimiento económico, la gente busque figuras de autoridad para depositar toda su confianza.



SEMANA: ¿Para hacerles contrapeso a los autoritarismos es fundamental fortalecer los partidos. Bajo su gestión, la Unidad de Promoción de la Democracia ha tenido avances importantes en este sentido. ¿Cuáles destacaría?

C.G.: A lo largo de los 90, particularmente en el mundo industrializado, nos vendieron la receta de que la democracia dependía del fortalecimiento de las organizaciones no gubernamentales y de toda la sociedad civil, y se acusaba a los partidos políticos de corrupción, de desconexión con las realidades nacionales. Los juicios sobre los partidos políticos podían ser acertados, pero la terapia no lo era. Se necesitaba apoyar la sociedad civil, pero no era posible fortalecer la democracia sin mejorar y reforzar las organizaciones partidistas. Se necesitan partidos políticos fuertes que sean representativos de toda la sociedad. Su función primordial es no solo articular intereses muy disímiles, sino ser capaces de concebir una interpretación de nuestras realidades que les ayude a los ciudadanos a entender el mundo que los rodea, y esa es tal vez la tarea más difícil en estos tiempos.

En la OEA trabajamos sistemáticamente para examinar todas las experiencias. Eso lo ha venido haciendo el Foro Interamericano de Partidos Políticos y en ello trabajamos con dirigentes políticos, la academia, las internacionales partidarias y la sociedad civil. Trabajamos igualmente en temas de financiación de campañas que les permitan a los sistemas políticos escoger entre una gran cantidad de fórmulas a lo ancho del mundo.



SEMANA:¿En su informe de gestión del último año se señala que "en lo económico, hemos tenido una década difícil por tres crisis de volatilidad de capitales y las bajas tasas de crecimiento que ellas nos han traído". Qué estrategias de su gestión destaca para hacerles contrapeso a los problemas sociales y de pobreza?

C.G.: Efectivamente, las crisis de volatilidad de capitales son las principales responsables de los problemas que hoy enfrentan nuestras democracias y destruyeron ese ilimitado optimismo de comienzos de los 90 que hacía pensar que las nuevas libertades y el mayor uso de los mecanismos de mercado nos llevarían a un desarrollo ininterrumpido. Eso, desde luego, se empezó a frustrar cuando surgió la crisis de México en el 95. Y de ahí en adelante cada dos o tres años estalla una nueva crisis que golpea a Brasil, la zona andina o Argentina, y en la práctica a todos los países. Eso nos ha llevado a bajas tasas de crecimiento y en otros casos a grandes retrocesos en la producción nacional o en los ingresos medios de la población. Algunos de esos problemas de volatilidad se originan en deficiencias de nuestras políticas, bajas tasas de ahorro, malas regulaciones del sistema financiero, falta de transparencia en las cuentas publicas, abultado déficit fiscal y otras más. Pero hay muchas que son atribuibles al funcionamiento del sistema financiero internacional.

Desafortunadamente poco se ha hecho para corregir estos últimos problemas y, en general, con escaso crecimiento los gobiernos tienen poco que ofrecer a los ciudadanos en términos de su bienestar. Por eso no nos pueden sorprender las encuestas que desconceptúan la democracia. Ahí está el gran desafió al que se enfrentan nuestros gobernantes y nuestras sociedades.

Creo que en el hemisferio norte no hay una buena comprensión de la magnitud de nuestras dificultades. Tienen allí, como también nosotros los latinoamericanos, pueblos y gobiernos, cierto gusto por la simplificación de nuestros problemas y nuestras soluciones. Y esa es la principal razón de nuestro subdesarrollo y de las debilidades que aquejan a nuestras democracias. Cuando se cree que el problema principal es uno y la solución, también una, siempre hay lugar a la equivocación. Eso ocurre con la pobreza, el proteccionismo, la intervención del Estado, el libre mercado, la inversión, la tasa de ahorro. A la gente le encantan los modelos de una sola variable que le expliquen todo.



SEMANA: Usted es uno de los padres de la Constitución del 91. Cerca del 10 por ciento de esta Constitución ha sido reformada. ¿Cree que ha habido un proceso de contrarreforma? ¿Qué implicaciones tienen estas reformas para las instituciones democráticas?

C.G.: La Constitución del 91 facilitó el trámite de las reformas constitucionales acortando los términos legales y bajando las muy exigentes mayorías consignadas en la Constitución de 1886. No se puede decir que es intrínsecamente malo si el Congreso, de cara a la opinión, modifica algunos preceptos. No obstante, algunos de los cambios puntuales han representado un retroceso. No hay que olvidar, sin embargo, que lo esencial esta allí: la consignación de los derechos ciudadanos, la Corte Constitucional, la tutela, la Fiscalía General de la Nación, la circunscripción nacional para el Senado, las normas sobre descentralización, la autonomía del Banco de la República, la elección popular de gobernadores, el mayor control político por el Congreso, las nuevas normas sobre estados de excepción, las severas normas de inhabilidades e incompatibilidades para los congresistas, la libertad religiosa, los mecanismos de democracia directa como el referendo, etc.

SEMANA: Hace unos meses Estados Unidos realizó una ofensiva contra el lavado de dólares con la operación Dólar Blanco. Muchos creen que se acudió a 'chivos expiatorios' para mandarle un mensaje a la opinión colombiana. Cuál es su percepción al respecto?.

C.G.: Creo que la revista SEMANA ha sido particularmente afortunada en su versión de los hechos, en mirar esas acciones a la luz de nuestra legislación y en los riesgos de que se avance indiscriminadamente por esos senderos.

SEMANA: ¿Qué tan difícil fue lograr la aceptación en la OEA de la verificación del proceso de paz con los paramilitares? ¿Hubo muchas resistencias?

C.G.: Después de que se hizo el anuncio implicó una tarea de convencimiento a todos los países no solo sobre la eventual presencia de la OEA, sino sobre las características y modalidades del problema colombiano. La comunidad americana de naciones siempre tomó un poco de distancia del problema colombiano. Eso ha cambiado después del 11 de septiembre, cuando varios gobiernos tomaron la decisión de apoyar más activamente a Colombia. Ha sido una tarea compleja que ha involucrado al presidente Uribe y a toda la Cancillería. Creo que hoy tenemos una comunidad americana de naciones mucho más comprometida a colaborar con Colombia en su política de seguridad democrática.

Esto no significa que no sea necesario trabajar de manera continuada para explicar las complejidades de nuestra situación y las de nuestra política. Si a los colombianos se nos hace a veces difícil entender algunos aspectos de esta problemática, imagínense lo que esto representa para un funcionario o un periodista extranjero. Por eso a las preguntas o a las críticas debemos contestar tranquilamente, pacientemente.



SEMANA: ¿Cómo explicarle a la gente del común cuáles son los alcances de esta verificación?

C.G.: Aprendí de la experiencia de varios gobiernos que la verificación eficaz no se logra sino cuando hay concentración. Siempre supimos que el cese del fuego solo sirve de manera pasajera y por cortos periodos. Es posible investigar quejas o averiguar por incidentes y llegar a algunas conclusiones, y la Misión está lista para ello. Pero eso no es estrictamente verificar. Estamos dispuestos desde luego a dar toda la colaboración al gobierno en este proceso. Estamos profundamente comprometidos.

El carácter de nuestra Misión es técnico. Y sería difícil que fuera de otra manera. Ya de suyo realizar esta tarea con personal civil trae ciertos riesgos. Por otra parte no queremos ser contrapartes del gobierno, de los partidos o la sociedad civil. Lo que no implica que seamos indiferentes. Estamos obligados a señalar privadamente nuestras preocupaciones. Y si surgen asuntos muy críticos debemos hacerlo de una manera que contribuya a mejorar el proceso. La Misión tiene una gran responsabilidad en el terreno de los derechos humanos y debe informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asuntos o casos que ameriten su examen. Desde luego no podemos hacernos responsables de lo que hacen los actores armados por fuera de la ley y por supuesto ninguna de nuestras actividades puede originar una violación.

Hay que tener presente que la discusión de la ley para el proceso, que tiene que hacer un buen balance entre verdad, justicia y reconciliación, no solo va a ser compleja en Colombia sino mucho más internacionalmente.

SEMANA: ¿Recientemente el vicepresidente Francisco Santos afirmó que si el proceso carecía de credibilidad, era por la falta de eficiencia en el proceso de verificación de la OEA. ¿Cómo responder a estas críticas?

C.G.: No sé si eso fue exactamente lo que él dijo. Tengo que empezar por señalar que el vicepresidente Santos es el funcionario que más ha colaborado con la Misión y el más atento a nuestros requerimientos, además del Alto Comisionado. En todo caso hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos dentro de muchas limitaciones. Le hemos puesto a este asunto una gran voluntad política. Me imagino que el vicepresidente también considera que algunos de los problemas que la opinión empieza a señalar pueden estar relacionados no solo con deficiencias de nuestra Misión, sino con limitaciones de la política gubernamental o con asuntos que están pendientes de definición. Yo hice lo posible, en la reunión de nuestro Consejo, por explicar a los países en qué elementos se podían originar esas críticas. Creo que hay un tema de falta de conocimiento militar para hacer los inventarios de armas y otros aspectos también de naturaleza militar que esperamos resolver con el apoyo de la comunidad internacional.

En todo caso quiero ser enfático en la necesidad de que haya más cooperación de la comunidad de naciones con Colombia, así como de un mayor esfuerzo en el extranjero para apoyar a la Cancillería en la muy compleja misión que tiene de por medio.

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