Villarraga, el 'diablo' de Purificación

Purificación,  Tolima, es uno de esos pequeños pueblos que nunca aparecen en los titulares de los grandes medios. Pero curiosamente se ha convertido en el semillero de personajes que han marcado en los últimos meses la agenda del país. De allí es Hipólito Moreno, concejal de Bogotá, también el registrador Carlos Ariel Sánchez y el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga Oliveros.

Todos ellos han sido salpicados por escándalos como el sonado carrusel de la contratación en Bogotá, los supuestos fraudes electorales que han dejado maltrecha a la Registraduría o los presuntos actos de corrupción al más alto nivel de la rama judicial. Ese último tiene contra las cuerdas al magistrado Villarraga.

SEMANA averiguó sobre Villarraga en su pueblo y encontró que las polémicas lo persiguen desde entonces. Aunque allá saben que hoy él es un connotado magistrado, casi todos se refieren a él como el diablo Villarraga. Ese apodo nació con su abuelo José Dolores Oliveros, un negro enorme y musculoso que caminaba ebrio por el cementerio sin importar la hora. “Era como el mismísimo diablo”, cuentan hoy los pobladores que en ese entonces huían a su paso.

En el lugar admiran a Villarraga porque salió adelante pese a que su familia era muy pobre. Amigos y enemigos lo describen como ambicioso, controvertido y, según alguien que trabajó con él en el Consejo de la Judicatura, “una persona sin parámetros morales. Su única prioridad era el dinero”.

 

Su papá era vigilante y su mamá, ama de casa. Los dos son recordados en el pueblo por sus incontrolables borracheras. Pese a ello, levantaron 18 hijos, de los cuales cinco ya fallecieron. Uno de ellos se ahorcó luego de que entró en depresión cuando el hoy magistrado lo despidió de su oficina de abogados y le dijo que no le pagaría más la universidad. Henry, dice otro hermano, nunca se imaginó que eso podía ocurrir.

Quienes conocieron en su juventud a Villarraga dicen que siempre se le notó “un afán por salir de la pobreza”. Quizás eso lo llevó a buscar, desde muy joven, formas de ganar dinero y lo hizo organizando fiestas y llevando artistas populares. “Le iba bien” dice una tía del registrador Carlos Ariel Sánchez.

En 1992, Villarraga saltó a la política y empezaron sus dolores de cabeza. Se hizo elegir concejal y le tocó defenderse de una grave acusación: varios pobladores y el alcalde Ricardo Guarnizo (contradictor político que hoy repite en el cargo) lo señalaban de promover una urbanización pirata llamada Santa Isabel, que prometía casa a 240 familias pobres. Villarraga, por su parte, alegaba que “todo era una persecución política por denunciar corrupción dentro de la Administración”.

El tema quedó documentado en el Concejo y en los medios locales. Si bien hoy existe ese plan habitacional, al municipio le tocó rescatar el proyecto dotándolo de licencias y redes de servicios públicos para evitar una emergencia social. Villarraga salió del pleito sin problemas legales, pero su imagen quedó golpeada. 

Para rematar, Orfa Morales, la viuda del dueño del lote donde se construyó la urbanización, lo señala de apropiarse fraudulentamente de siete hectáreas de tierra de ese predio, “ese señor nos hizo mucho daño y nos dejó en la ruina”, expresó. La mujer se aferra a una denuncia donde su difunto esposo acusó por estafa a Villarraga, pero el caso no prosperó (ver denuncia).

El episodio que más enrarece el pasado del magistrado está relacionado con su cargo como asesor jurídico y gerente de la empresa Transportes Purificación en 2001. Esta aparece en los expedientes de la Fiscalía como una de las supuestas financiadoras del bloque Tolima de las AUC, entre 2000 y 2002. El caso fue archivado. Empleados de dicha empresa confirmaron a esta revista que en 2001 Villarraga estuvo desaparecido un par de días, al parecer retenido por los paramilitares, y que una camioneta Nissan Frontier, color verde que la transportadora le asignó para que se movilizara, “terminó en poder del grupo criminal”.

En defensa de Villarraga hay que decir que no ha sido mencionado en expedientes judiciales o señalado por los comandantes del bloque. Pero varias fuentes coinciden al afirmar que Villarraga fue desterrado de Purificación al parecer por orden de las AUC. La razón de ese destierro y de otros crímenes de los paras en el Tolima seguirá sin saberse, porque el comandante de bloque, alias Daniel, fue envenenado con cianuro en la cárcel La Picota de Bogotá, en 2009. 

El magistrado, consultado por esta revista, explicó que le robaron la camioneta y desmintió que su destierro fuera orden de los paramilitares, “me tuve que ir por amenazas de la guerrilla y por eso hago parte de la masa de desplazados de este país”.

Por cuenta del exilio se conectó en Bogotá con su coterráneo, el registrador Carlos Ariel Sánchez, y su suerte cambió. El inicio de esa amistad coincide con los registros que existen sobre las relaciones comerciales entre Sánchez y Villarraga en dos polémicas firmas que asesoran a políticos ‘quemados’: Procesos Electorales y Abogados Consultores, creadas en 2003. Así lo reveló El Espectador en un artículo titulado ‘¿Una Registraduría paralela?’.

En los mentideros políticos de Purificación se dice que esa alianza fue una desgracia para el registrador, pero al contrario de esa percepción, fue Carlos Ariel Sánchez quien hizo lobby en el Congreso para que Villarraga fuera elegido magistrado en 2008. En la Judicatura, “Villarraga acostumbra vanagloriarse de sus vínculos con el registrador”, señala una de las fuentes mencionadas.

Villarraga fue ternado por el entonces presidente Álvaro Uribe como cuota de Cambio Radical. Antes de llegar al Consejo de la Judicatura el único cargo oficial que ocupó fue el de asesor jurídico de la Gobernación de Casanare, durante el periodo de Raúl Flórez, destituido por irregularidades en la contratación.

En Purificación afirman que es dueño de muchas propiedades, pero solo aparecen cuatro bienes inmuebles a su nombre, tres de los cuales los obtuvo antes de ser magistrado. El único bien que adquirió recientemente es una casa quinta, de 430 metros cuadrados con piscina en el tradicional barrio El Plan, que está a nombre de la sociedad Inversiones Villarraga, cuya representante legal es su hija Ingrid Marcela. Lo hizo mediante sentencia judicial en 2010 y hoy la tiene a la venta por 400 millones de pesos. A través de un litigio, el magistrado y su familia se hicieron también a una reconocida piscícola de Prado, Tolima.

Inversiones Villarraga fue creada en febrero de 2012 con un capital de 70 millones y es una especie de híbrido habilitado para toda clase de negocios, que van desde asesorías contables, pasando por acuicultura, extracción de oro, arcillas y hasta obras civiles. Y llama la atención que la dirección de esa firma es la misma de Procesos Electorales y Abogados Consultores. 

En su momento se cuestionó que la primera firma, de la cual había sido dueño el registrador, ofreciera asesoría legal para salvar a políticos ‘quemados’, peleando votos mesa por mesa. El tema era investigado por la Fiscalía. En su momento la fiscal Viviane Morales le puso el acelerador, hasta cuando el Consejo de Estado en una polémica decisión la tumbó. En febrero pasado, la Fiscalía archivó la investigación por la supuesta “Registraduría paralela”.

Tras el nuevo escándalo, el magistrado pidió una licencia de tres meses. Ya había aplicado la estrategia de ausentarse durante las tormentas en el escándalo del carrusel de las pensiones hace un año.

La comisión de acusaciones de la Cámara que lo investigará tiene a cuestas 1.226 procesos, de los cuales 233 son contra  la Judicatura y 16 contra el propio Villarraga.

Tal vez Henry Villarraga no sea el ambicioso hombre sin escrúpulos que sus coterráneos insisten en describir, pero tampoco es un angelito. Como le dijo a SEMANA un conocido suyo de infancia: “¿Cuándo ha visto un diablo bueno?”.