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| 4/11/2017 2:52:00 PM

Hijo del general Uscátegui ahora toca las puertas de la JEP

José Jaime Uscátegui denuncia ausencia de "garantías judiciales" en el proceso que lleva su padre por la masacre Mapiripán y pide "imparcialidad y objetividad" a la hora de escoger a quienes conformarán el Tribunal de Paz.

José Jaime Uscátegui ha tocado las puertas de todos los recovecos de la justicia. Su cruzada en busca de "garantías judiciales" para su padre, condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán, arrancó cuando decidió encadenarse frente a las oficinas de la OEA y se extendió dos años después cuando se para enfrente de la Justicia Especial para la Paz.

Sentado en el borde exterior de una ventana del cuarto piso del complejo de Paloquemao se le vio la última vez al hijo del militar retirado que amenazó con lanzarse por las dilaciones en la condena en contra de las falsas víctimas de la masacre y que rondarían los quince procesos.

Esta vez Jaime Uscátegui fue más allá y se dirigió directamente no sólo a uno de los hombres que ha seguido de cerca el proceso de su papá, sino a uno de los cinco miembros de la comisión que se encargará de escoger a casi un centenar de juristas e investigadores que le darán vida a la Jurisdicción Especial de Paz: Diego García Sayán.

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En la carta que envió este martes el hijo del militar al jurista y político, de 66 años, pide "máximas garantías de imparcialidad y objetividad" a la hora de elegir quiénes conformarán el alto tribunal que estudiará y juzgará los casos relacionados con delitos derivados de la guerra y cometidos por miembros de las FARC, agentes del Estado y terceros civiles.

Jaime Humberto Uscátegui es uno de los casos que la justicia especial entrará a evaluar. ¿La razón? La semana pasada se conoció que el oficial es uno de los primeros altos mandos de la fuerza pública que ha firmado acta de compromiso de sometimiento a la JEP. Una diligencia que le dio las llaves para acogerse al beneficio de libertad condiciona, en la que tiene la última palabra el juez, pero que lo pone en lista de espera hasta que entre a funcionar el Tribunal de Paz.

Una diferencia guarda este llamado, con los anteriores. Esta vez, según explica Uscátegui en la carta, a toda costa quiere evitar que se repita un escenario como el que encontró su familia por la vía ordinaria.

"¿Sabía usted, por ejemplo, que de las 20 víctimas directas de la masacre, reconocidas en la sentencia del 15 de septiembre de 2005, al menos 14 resultaron ser falsas víctimas y hoy mi padre está condenado a 37 años de prisión por ese universo de personas? ¿Sabía que el "testigo estrella" del Sistema Interamericano, coronel (r) Hernán Orozco Castro, continúa asilado en Miami con medidas cautelares de la CIDH a pesar de estar condenado a 40 años por la masacre?", se lee en el documento.

De conocimiento público ha sido el malestar que generó el nombramiento que hizo las Naciones Unidas de Diego García-Sayán como miembros del comité seleccionador entre los militares. Uno de los argumentos que se ha esgrimido desde la institución castrense es la postura que asumió el peruano como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando condenó al Estado colombiano por la masacre de Mapiripán. 

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"Usted y sus colegas contribuyeron a esa ausencia de garantías, cuando avalaron una serie de víctimas y hechos que resultaron ser falsos, pero que en su momento sirvieron de soporte para que las autoridades judiciales lo condenaran", señala Jaime Uscátegui.

En medio de la polarización política que vive el país, y de la sensibilidad que genera la justicia para la paz, conformar un grupo de juristas que satisfaga a todo el mundo era una misión imposible. Por eso, la conformación del comité genera desconfianza entre quienes se consideran perseguidos por las organizaciones de derechos humanos, dado que la mayoría de estas hacen parte de las corrientes de izquierda, quienes sentirán que no hay equilibrio. Lo que les pone un reto mayor de mostrar ponderación en sus decisiones.

"Me dicen q por enviar esta carta, la JEP puede decidir no darle la libertad a mi papá. ¿Otro chantaje más", repitió el hijo del militar a través de su cuenta de Twitter.

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Nadie sabe aún con precisión cuántas personas masacraron los paramilitares en ese municipio de Meta cuando proliferó la intensión expansionista del Clan Castaño. Unos hablan de 49; otros, de 27, y los menos pesimistas, de tres. Lo cierto, en todo caso, es que lo que se vivió entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en Mapiripán fue espantoso. Una herida que por fin empezará a cicatrizar.

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