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| 11/17/2016 9:21:00 PM

El drama de dos mujeres que cayeron por error en redada contra la prostitución

La Corte Constitucional regaña a la Policía por el maltrato que vivieron trabajadoras sexuales del centro de Bogotá.

El 20 de enero, al caer la tarde, la Policía adelantó un polémico operativo de recuperación del espacio público en plena Plaza de la Mariposa, el centro del comercio de San Victorino. En dicha redada, 14 mujeres fueron subidas a un camión de la Policía de Bogotá rumbo a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ). A dos de ellas, Esperanza y Abril, se las llevaron por el hecho de estar sentadas en una silla.

Las dos mujeres acaban de ganar una tutela en la Corte Constitucional. Lograron un pronunciamiento en el que no solo se cuestiona el papel de las autoridades policiales por las agresiones y excesos de los que fueron víctimas las trabajadoras sexuales, sino que ordena al Gobierno que se regule el trabajo sexual digno en Colombia. El fallo del Alto Tribunal revela la cruda realidad de ejercer la prostitución en Bogotá.

Por haberse dado en plena luz del día, el operativo causó a comienzos de este año revuelo en algunos medios de comunicación. A la UPJ solo ingresaron 8 de las 15 retenidas, ya que las otras 7 mujeres estaban embarazadas, en estado de lactancia o eran menores de edad.

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Hay evidencia, a través de testimonios de trabajadoras sexuales, de que las accionantes durante en su traslado a la UPJ fueron maltratadas física y verbalmente: les destruyeron los bolsos, les obligaron a quitarse los zapatos. Una de ellas asegura que tuvo un aborto por una inspección vaginal. Se constató –dice la Corte- que la Policía perpetúa tratos indignos como pedirle a una mujer descubrir un seno para probar que estaba en periodo de lactancia. En algunas ocasiones también han existido denuncias, según la Corte, de amenazas y sobornos para dejarlas trabajar y de que se ha usado la estrategia de crear rumores falsos sobre contagios de VIH para espantarles a los clientes.

Aunque para el Alto Tribunal, es difícil saber con certeza y precisión lo que ocurrió en operativo, es claro que existe un contexto de violencia en el que se usó como fundamento una política del espacio público para vendedores ambulantes.

Son precisamente vacíos legales los que llevaron a que la Policía equiparara a las trabajadoras sexuales con vendedoras ambulantes, -dice la Corte- cosificando su cuerpo y presumiendo que el estar en un lugar específico implica que lo están vendiendo.

La decisión, con ponencia de la magistrada Gloria Ortiz, cuestiona que en el caso de Abril y Esperanza, la Policía ni siquiera les hubiera preguntado su dirección de residencia, si consentían ser llevadas a ese lugar o por qué descartaron llevarlas a un centro de salud. Ninguna de las dos estaba haciendo exhibiciones obscenas en la vía pública, ya que –cita el fallo- “ellas no ejercen su profesión en el parque de la mariposa, pues hablan con sus clientes por teléfono y se van a un hotel”, señala el fallo.

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Dice el Alto Tribunal, que la retención transitoria no puede ser usada lograr otros objetivos como la limitación al derecho a la circulación de unas personas que hacen parte de un grupo marginado y vulnerable por su dedicación.

Fue la intervención de una ONG, Pares en Acción y Reacción contra la exclusión Social (PARCES), la que logró que esa misma noche, a las 10:00 pm las mujeres pudieran ser dejadas en libertad.

En este contexto, la corte llama la atención de las autoridades por la discriminación legal que han sufrido las personas que se dedican al trabajo sexual ya que no existen desarrollos que regulen la prostitución desde los lineamientos constitucionales.

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En consecuencia, le ordena al Ministerio de Trabajo que elabore una propuesta de regulación del trabajo sexual de acuerdo a los lineamientos establecidos en esta decisión, con el fin de que se propicie la adopción de medidas que protejan a quienes ejercen la prostitución legalmente en Colombia.

Le ordena también a la Alcaldía de Bogotá que sea prioridad una política pública para esta población, al mismo tiempo que en menos de dos meses debe instalar una mesa que incluya a representantes de las trabajadoras sexuales con el fin de que en no más de un año se implemente un programa de oportunidades para esta población.

Tanto la Alcaldía como la Defensoría deben capacitar al personal de la Policía acerca del trato digno a trabajadores sexuales y la prohibición del maltrato verbal y físico.

El regaño no es nuevo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han cuestionado en informes esta falta de regulación de la prostitución en Colombia y sus consecuencias. Los hechos del 20 de enero revelan que para uno de los oficios más antiguos de la humanidad, el país no tiene un marco legal que permita garantizar el respeto de los derechos humanos.

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