Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1993/09/06 00:00

HISTORIA DE NUNCA ACABAR

Por segunda vez, en poco más de un año, narcoterroristas, narcotraficantes y guerrilleros estuvieron a punto de ser liberados masivamente.

HISTORIA DE NUNCA ACABAR

A ESCENA ERA IDENTICA A la de un año atrás. Conmoción en los corredores de Palacio y en las principales instituciones del poder judicial. Debates a puerta cerrada entre el presidente Cesar Gaviria, el fiscal Gustavo de Greiff, el ministro de Justicia Andrés González y los representantes de la rama judicial. El motivo de las reuniones también era el mismo: la posibilidad de que los más peligrosos delincuentes del país salieran masivamente de las cárceles.
La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 3° de la Ley 15 de 1992, que contempla las causales de libertad provisional para los delitos relacionados con el orden público, y con ello se volvió a presentar un verdadero caos en la rama judicial. A principios de la semana pasada, narcoterroristas, narcotraficantes y guErrilleros volvieron a estar a punto de salir de las cárceles, con el agravantE de que, comparado con la crisis del año pasado, esta vez el número de delincuentes que iban a quedar en libertad se multiplicó por tres. Y como el mal era el mismo, El remedio también lo fue.
Si en julio de 1992 el Gobiemo había inaugurado el estado de conmoción interior creado por la nueva Constitución, para dictar decretos de excepción e impedir que las puertas de las cárceles se abrieran y dejaran salir a los mas peligrosos delincuentes, la semana pasada, pocas horas antes de que fuera levantado el estado de conmoción, este régimen volvió a ser utilizado con los mismos propósitos.

HACE UN AÑO
El problema de julio del 92 bien valía la declaratoria de un estado de excepción. La entrada en vigencia entonces del nuevo Código de Procedimiento Penal, y la existencia simultanea de un artículo de la antigua jurisdicción de orden público -convertida en legislacion permanente por el congresito- dio pie para que los abogados de los principales delincuentes del país pidieran la libertad de sus clientes.
Se trataba, como en la mayoría de los líos jurídicos, de un problema de interpretación. Mientras el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal establece que, como norma general, cumlido un plazo de 180 días todo sindicado puede pedir la libertad provisional si su proceso aún no ha sido calificado, el decreto 2271 aprobado por el congresito prevé que, para los delitos relacionados con el orden público, la libertad provisional no puede ser concedida sino cuando el sindicado cumpla los 70 años o cuando haya estado detenido por un periódo equivalente al máximo de la pena que se le impondría por el delito del cual se le acusa. Para el Gobierno y para el congresito resultaba claro que el 2271 se aplicaría a los delitos relacionados con el orden público, y que el Código sería válido para el resto de la jurisdicción penal, hasta que ambas jurisdicciones se integraran dentro de ocho años.
Pero si esto era claro para las autoridades, no lo era para los abogados de los sindicados de delitos de orden público, quienes simple y llanamente plantearon la aplicación del principio segun el cual, ante la coexistencia de dos normas para una misma situacion, sus defendidos podían acogerse a la mas favorable, el artículo 415 del Código de Procedimiento, y quedar libres de inmediato cuando hubieran pasado mas de 180 días en prisión y su proceso no hubiera sido calificado.

SEGUNDO CAPITULO
El segundo capítulo de la historia se produjo la semana pasada, cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo de la Ley 15 que definía que en casos de orden público no se aplicaría el 415 del Código de Procedimiento Penal. La revisión del texto de la Ley dividió a la Corte, y la sumió en un profundo debate juridico después del cual la norma se cayó por cinco votos contra tres.
Aunque el argumento de la mayoria de la Sala -que establece que no es razonable prolongar ilimitadamente la detención de un sindicado sin que su proceso sea calificado- puede resultar valido en estricto derecho, lo cierto es que la sentencia tomó a más de uno por sorpresa, no solamente porque revivió el peligro de liberación masiva de detenidos sino porque, además, en el país ha surgido un cierto consenso en el sentido de que legislar con los problemas de criminalidad que tiene Colombia requiere acudir a ciertas medidas extremas y, si es necesario, poner de lado las consideraciones teóricas por indiscutibles que parezcan.
Lo curioso de la decisión tomada el lunes pasado por la Corte, es que significó una ruptura con las tesis que hasta ahora había sostenido ese alto tribunal respecto del tema. La disposición que el Gobierno dictó en julio de 1992, así como las normas previstas en el decreto 2271 de 1991, todas las cuales limitaban la posibilidad de acudir a la libertad provisional en casos de orden público, fueron revisadas en tres ocasiones por la Corte Constitucional, y pasaron el examen. Esto llevó al Gobierno y al Congreso a consagrar como legislación permanente el mismo principio en la Ley 15 del 92, en la seguridad de que la Corte diría frente a esta ley lo mismo que había dicho con respecto a los decretos del 91 y el 92. Y esa fue la sorpresa. La Corte, que fue reintegrada en marzo pasado, cambió de opinión y tumbó la norma legal, en una decisión que a más de debates, ha despertado toda clase de interpretaciones y de comentarios en los mentideros jurídicos, donde nadie logra explicarse que pudo originar un viraje semejante.
"No es fácil decir por qué una medida que era constitucional a fines del 92, se volvió de pronto inconstitucional seis meses despues", le dijo a SEMANA un abogado constitucionalista.
Pero independientemente del debate, lo que sucedió la semana pasada dejó en claro que una buena parte de la responsabilidad del episodio la tiene la justicia penal, que tiene en sus manos 5.400 detenidos que llevan por lo menos un año en prisión sin que siquiera se haya presentado una resolución acusatoria. A ojos de muchos, no hay razón para que, después de que las rebajas de penas por confesión aportaron gran cantidad de testimonios y pruebas, se sigan viendo casos como los de los hermanos Ochoa que se entregaron, confesaron sus delitos, y sin embargo llevan dos años y medio en manos de la justicia sin que esta se haya pronunciado sobre ninguno de los cargos que se les imputan. O como el de Francisco Galán, el guerrillero del ELN contra quien existe un sólido expediente sin calificar.
Si en julio del 92 esta situaci6n era explicable debido a que la Fiscalía llevaba apenas unos pocos días de nacida, y no se le podía pedir que hubiera puesto a andar, como por arte de magia, el paquidérmico aparato penal colombiano, en esta oportunidad y después de 13 meses de labores de la nueva entidad, no se puede decir lo mismo.
Aunque las dimensiones de la crisis en que por decadas ha estado sumida la justicia penal en el país no es fácil de resolver en un año, si eran de esperarse algunas mejoras. Si bien es cierto que la política de sometimiento a la justicia y la labor acrecentada de la fuerza pública han inundado las cárceles, también lo es que se han multiplicado los recursos para dar a la justicia instrumentos para operar eficazmente. Y en ese orden de ideas, es comprensible que la gente esté esperando que comiencen a producirse resultados. Eso fue quizá lo que vio el Gobierno, cuando decidió incluir en la nueva norma de conmoción, un artículo que le puso límites en el tiempo a los fiscales para que califiquen los procesos, acusen o dejen libre a quien lo merezca. -

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