Historia sin fin

La Corte Suprema de Justicia puso los puntos sobre las íes la semana pasada en cuanto a quién tiene la competencia para juzgar el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón. El Tribunal dijo que el asesinato de este personaje nacional tenía un claro propósito desestabilizador, por tanto el homicidio puede ser calificado con fines terroristas. Esto quiere decir que el caso vuelve a manos del juez séptimo penal del Circuito Especializado de Bogotá, quien ahora debe convocar una audiencia para decidir el futuro del proceso. El juez tiene tres opciones: decretar la nulidad y devolver el caso a la Fiscalía para que comience de cero; decretar una nulidad parcial y solicitar la práctica de las pruebas que han pedido las partes involucradas o seguir con el caso como está en este momento y ordenar la realización de nuevas pruebas. Cualquiera de estas tres opciones dilatará el proceso por más tiempo.

Hoy la tesis del caso es que el crimen de Garzón fue ordenado presuntamente por Carlos Castaño porque consideraba que el humorista le hacía el juego a la guerrilla y recibía dinero a cambio de mediar en la liberación de secuestrados. La operación habría sido llevada a cabo por Juan Pablo Ortiz, autor material del crimen, y Edilberto Antonio Sierra, conductor de la moto desde la que disparó el primero. Ambos se encuentran detenidos y sindicados de este homicidio. Aunque todo parece estar resuelto tres de cuatro partes involucradas en el juicio no están satisfechas con el rumbo que lleva. Opinan que faltan muchos detalles para armar el rompecabezas real del asesinato y por eso han solicitado que se lleven a cabo más pruebas. "La Procuraduría, la defensa de los acusados y los representantes de la parte civil hemos estado de acuerdo con que la investigación no ha sido diligente para estudiar las 20 hipótesis que han aparecido en el proceso", le dijo Alirio Uribe, abogado de la parte civil, a SEMANA.

A esto hay que sumar la denuncia que hicieron la semana pasada Reporteros sin Fronteras (RSF) y la Red Damocles, un instrumento de esta organización para hacer investigaciones independientes sobre los asesinatos de periodistas. En un documento de seis páginas cuestionaron la calidad y la credibilidad de cuatro testigos que tienen tras las rejas a los dos principales sospechosos. En el memorial manifiestan su sorpresa e inquietud por la actuación del DAS y de la Fiscalía en el proceso. Del DAS se preguntan si no intentó "desviar la investigación. Sobre todo porque Wilson Llano Caballero, sobre el que pesaba la amenaza de una pena de cárcel al comenzar la investigación, podría haber caído en la tentación de dar informaciones a cambio de que olvidaran las querellas contra él". Sobre la actuación de la Fiscalía también tienen dudas: "¿Cómo es posible que tome en cuenta el testimonio de María Amparo Arroyave Mantilla si no ha podido interrogarla después de que reconociera a Juan Pablo Ortiz, en enero de 2000, ni someterla a exámenes médicos, y cuando sus declaraciones se ven cuestionadas por sus propias contradicciones y por la inspección del lugar en que se encontraba el día del crimen?".

El rebote constante del proceso de un juzgado a otro, la falta de pruebas que han solicitado las partes involucradas y las inquietudes tan precisas sobre los testigos que tiene Reporteros sin Fronteras extienden un manto de duda sobre el caso, en el que tienen puestos los ojos todos los colombianos y la comunidad internacional. Por lo pronto es claro que Jaime Garzón no tiene paz en su tumba.