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| 5/21/2017 11:14:00 PM

Histórico fallo: Cartagena deberá reubicar a 500 familias que viven en invasión

El Consejo de Estado le dio 4 años y medio al distrito para que estas personas tengan acceso a viviendas dignas a menos de 2 kilómetros del litoral. Esta es la historia.

Los barrios Marlinda y Villagloria están ubicados a una orilla de la Ciénaga de la Virgen, muy cerca de la entrada de agua salada que irriga los manglares en verano.

Sin embargo, el ecosistema de la Ciénaga está en peligro por los asentamientos ilegales, además del depósito de escombros. Uno de los flujos de agua del océano se ha taponado por desechos de construcciones de la capital de Bolívar.

El impacto ambiental desató una tensión social con estos pobladores, que alertados por los constantes operativos de desalojos, interpusieron una acción popular pidiendo que se les garantizara una vivienda. El Consejo de Estado les acaba de dar la razón, con lo que lograron ganarle a la alcaldía de Cartagena.  

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El alto tribunal prohibió que la administración municipal continúe con los desalojos mientras no estén listas las viviendas para más de 500 familias. El ponente, el magistrado José Roberto Serrato, considera que en esos barrios se estaba atentando contra varios derechos de los pobladores.

“Declarar vulnerados los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, al medio ambiente sano y equilibrio ecológico y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente”, dice la sentencia.

En este fallo se les reconoce a los pobladores ilegales el derecho a una vivienda en condiciones dignas, un reclamo que han tenido toda la vida. De este modo, el Consejo de Estado castigó la permisividad de la Alcaldía de Cartagena con estos asentamientos que no son nuevos.

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Los habitantes de Marlinda y Villagloria temían que las reubicaciones de sus casas fueran en lotes situados en la periferia de la ciudad. Ante esto, el Consejo de Estado ordenó que las nuevas viviendas no pueden construirse en zonas alejadas al mar.

“Reubicar a cada una de las familias asentadas en dichos sectores, en viviendas dignas, construidas para ese fin y dotadas de todos los servicios públicos domiciliarios, las cuales deberán ser construidas en un predio ubicado a no más de dos (2) kilómetros del litoral”, dice la decisión.

Para el magistrado Serrato, los pobladores de esos dos barrios estaban en una zona que era de alto riesgo debido a la proximidad entre la ciénaga y el mar. Pero lo más grave es que se está generando un taponamiento del flujo natural de agua salada, generando cambios en la calidad de agua de la zona que ocasiona graves problemas de salud pública.

El fallo también ordena una recuperación integral del manglar. Cardique y el Distrito de Cartagena, una vez superada la fase de reubicación de los asentamientos ilegales, deberán iniciar obras, con el fin de devolverle a esa zona de La Boquilla el aspecto que tenía antes de la invasión. Los planes comprenden “reforestación, recuperación y restauración de áreas mangláricas. Remoción de rellenos que se hubieren efectuado, dragando los sectores donde se ha disminuido u obstaculizado el flujo natural de agua entre el mar y la Ciénaga de la Virgen”.

Como es factible que “avivatos” intenten sacar provecho de la orden de construcción de nuevas viviendas para reubicar a estas 500 familias, el Consejo de Estado precisó a la alcaldía dos directivas: solo se les garantizará vivienda a las personas que ya se encuentran en los registros oficiales, y la Policía no podrá permitir que otras personas ocupen de nuevo los sectores de Marlinda y Villagloria.

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Una vez notificada la sentencia, la Alcaldía de Cartagena deberá iniciar con el plan de reubicación. El plazo para presentar el proyecto es de seis meses. Luego deberá construir las viviendas en un plazo no mayor a cuatro años.

El fallo del Consejo de Estado se conoce en un momento crucial, ya que desde la semana pasada hay una gran incertidumbre sobre el futuro de la Alcaldía de Cartagena, luego de la suspensión de tres meses del alcalde Manuel Vicente Duque, quien está siendo investigado por la omisión en las medidas de protección que habrían desencadenado en el colapso del edificio Portal II de Blas del Lezo.

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