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| 4/9/2014 12:00:00 AM

Primera víctima mortal de ataque con ácido

Alejandro Correa, de 21 años, fue agredido en el municipio de La Estrella, sufrió quemaduras en el 90 % de su cuerpo.

Los ataques con ácido no paran y aunque todos los que ocurrieron en los últimos días tienen como víctimas mujeres, en la madrugada del miércoles el ácido cobró la vida de un hombre de 21 años.

Alejandro se encontraba en el municipio de La Estrella (Antioquia) y cercanas las 9 p. m. le arrojaron una sustancia química. La agresión fue tan grave, que, según se ha informado, el joven presentó quemaduras en el 90 % de su cuerpo, casi todas de tercer grado.

Esta fue la segunda vez que Alejandro Correa Castaño, un joven estudiante de ingeniería de sistemas, era víctima de un ataque indiscriminado en plena calle.

Hace un mes, cuando caminaba por los alrededores del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, intentaron robarle el celular. Ese día, el ladrón le echó gas pimienta en los ojos. A Alejandro lo llevaron a la clínica, donde lo sometieron a un lavado y más tarde a un trasplante de retina. Y se recuperó.

Sin embargo, en la noche de este martes, Alejandro se enfrentó a una situación aún peor. Mientras caminaba junto a la señora Aura Luz Vélez, un hombre le roció por todo el cuerpo lo que pareció ser ácido de batería. Aura Luz también alcanzó a ser afectada en las manos y en la espalda.

Alejandro, con quemaduras en el 90 % del cuerpo, fue trasladado a la clínica San Rafael de Itagüí y más adelante al hospital San Vicente de Paúl, de Medellín.

El muchacho, que aún sin graduarse de ingeniero ya había conseguido un empleo en una multinacional desarrolladora de software, sufrió allí tres paros cardiorrespiratorios. No resistió el tercero. Falleció a las 2 de la mañana de este miércoles.

Según su prima Viviana Castaño, un médico les dijo que el ácido le había llegado hasta el cerebro a Alejandro. “Ante eso no había mucho que hacer. Además también le afectó los pulmones”.

Aunque es pronto para aventurarse a plantear una hipótesis sobre quién pudo estar detrás del ataque, Viviana confía en que las autoridades tomarán nota de las inquietudes que ahora la familia tiene frente al caso, pues Alejandro era un muchacho de la casa, que no bebía, no fumaba y que incluso no solía frecuentar rumbas ni fiestas.

Alejandro vivía en el municipio de La Estrella, en el sur del Valle del Aburrá, junto con su hermano Jaison, también profesional, y con su madre, doña Cecilia Castaño.

Luego del ataque, Alejandro fue auxiliado por la Policía y los bomberos del sur de Aburrá, quienes lo llevaron al hospital San Rafael en Itaguí. Una vez fue atendido, se decidió remitirlo al Hospital Universitario San Vicente en Medellín debido a la gravedad de sus heridas.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que cometió el delito y la Policía adelanta las investigaciones correspondientes.

Y mientras en Antioquia se busca al asesino de Alejandro, en Bogotá algunos congresistas se preparan para hacerle un debate de control político al Gobierno, entiéndase Policía, Ministerio de Defensa, entre otras instituciones, para que expliquen cuáles son sus políticas para tratar o prevenir este tipo de lamentables casos.

Una tragedia de años

Tristemente Alejandro falleció, pero estos ataques vienen de vieja data. 

Cada hora, cada minuto, Gina recuerda con exactitud el día del inicio de su tragedia. Gina Potes, quien hoy es directora de la Fundación Reconstruyendo Rostros (ORG), estaba en su casa haciendo tareas domésticas cuando tocaron a la puerta; sí, en la puerta de su propia casa. Con la inocencia de sus entonces 20 años salió a atender el llamado. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre le arrojó en el rostro ácido que llevaba en un tarro plástico. “¡Eso le pasa por ser tan bonita!”, le gritó, y emprendió la huida.

Hoy cuenta las 24 veces que ha ido al quirófano para reconstruir lo que era su rostro e ironiza –indignada– de los 30 días de incapacidad laboral que, tras el ataque, le dictaminó el Instituto de Medicina Legal.

Pero a Gina la mueven las ganas de vivir y la indignación de las cifras de esta violencia que no les interesa a los políticos.

Eso queda en evidencia con la Ley 1639 de 2013. Esta norma endurece las penas para los agresores que ataquen a sus víctimas con ácido. Se sancionó el 2 de julio del año pasado y básicamente dictamina que una persona que agreda a sus víctimas con estas sustancias deberá pagar una condena de cárcel de entre seis y diez años. Si el ataque con ácido es contra el rostro y el cuello, la pena mínima quedará de ocho años y la máxima de 15.

Además, la norma incluye programas de reinserción laboral para orientar a las víctimas sobre sus derechos. Entre otras cosas, quedó escrito que los servicios, tratamientos médicos y sicológicos; procedimientos e intervenciones necesarias para restituir la fisonomía y funcionalidad de las zonas afectadas son completamente gratuitos y a cargo del Estado. Además, dejó en letras de molde la obligatoriedad de crear el registro único para controlar la venta al menudeo de estas sustancias que los salvajes arrojan contra los demás.

En el país de los políticos todo quedó bien en el papel. Sin embargo, ha pasado un año y la ley no se ha reglamentado “por falta de voluntad política”, dice angustiada Gina desde el país real.
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