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| 12/1/2002 12:00:00 AM

Hombre de malas

Carlos Ossa puede ser el primer colombiano sancionado por aceptar recomendaciones de los políticos. Su caso tiene implicaciones.

Carlos Ossa es un hombre de malas. Hace lo mismo que todo el mundo pero se deja coger. Hace 10 años, cuando era miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, lo pillaron en el aeropuerto de Bogotá con un cacho de marihuana. Y la semana pasada la Procuraduría le abrió pliego de cargos por algo que es muchísimo más común que fumar marihuana: recibir recomendaciones de los parlamentarios.

Su problema se originó en un artículo de la revista Cambio, en el cual se reproducía una lista de su puño y letra con los nombres de algunos recomendados políticos para cargos en la Contraloría. La lista la había entregado a la publicación Alfredo Saade, su antiguo asesor en el manejo de las relaciones con el Congreso. Ossa y Saade se habían distanciado por cuenta de una investigación iniciada en la Contraloría contra su hermano William Saade.

Concretamente el cargo contra Ossa es no haber denunciado a los congresistas que le hicieron las recomendaciones, lo cual constituye falta disciplinaria. La máxima condena es una suspensión de hasta 90 días del cargo de Contralor General de la República.

El problema que tiene Carlos Ossa es que es totalmente culpable de lo que lo acusan. Si el cargo es que hizo algunos nombramientos políticos, el papel con los nombres escritos con su puño y letra lo condena. Como ya no es Contralor la suspensión o la sanción que le impongan será meramente simbólica.

El caso ha llamado la atención porque, teniendo en cuenta que la Contraloría ha sido tradicionalmente el fortín burocrático más apetecido del país, a nadie se le había pasado por la imaginación que aceptar recomendaciones de los parlamentarios fuera ilegal. La norma que prohíbe esta conducta es el Artículo 268 de la Constitución Nacional que dice: "?se prohíbe a quienes formen parte de las corporaciones que intervienen en la postulación y elección del Contralor, dar recomendaciones personales y políticas para empleo en su despacho".

Más claro no canta un gallo. Es casi seguro que de todos los artículos de la Constitución este ha sido el más violado. No es exagerado afirmar que durante los últimos 20 años más de 5.000 cargos servían como bolsa de empleo de los congresistas. La razón por la cual el cargo era tan deseado no era tanto por sus funciones de fiscalización como por el poder político que otorgaban esos 5.000 favores. Estos servían para controlar la administración pública a nivel regional. Cuando un congresista tenía cuota burocrática en su departamento no se movía una hoja sin su consentimiento. En la práctica la Contraloría no era más que un retén de la clase política que la controlaba. La entidad era tan poderosa que los cuatro antecesores de Ossa, Aníbal Martínez, Francisco Becerra, Rodolfo González y David Turbay, estuvieron en su momento entre los personajes de mayor influencia en el país. Al mismo tiempo era tan corrompida que los cuatro acabaron en la cárcel.

Lo paradójico de todo esto es que es muy probable que el menos clientelista de todos los contralores de los últimos 20 años haya sido Carlos Ossa. Le correspondió manejar una transición entre las prácticas tradicionales de favores políticos y la nueva onda de la meritocracia. En ese proceso, por un lado, tuvo que dar contentillo y, por el otro, abrir trocha. Su mala suerte consistió en dejar la prueba reina del memo de los favores que hacía.

Sancionar de la noche a la mañana prácticas toleradas en el pasado da lugar a una serie de situaciones jurídicas curiosas. Si Ossa es culpable de aceptar recomendaciones los parlamentarios que las hicieron violan el Artículo 183 de la Constitución Nacional, que expresamente afirma que perderán la investidura los congresistas que violen el régimen de inhabilidades o hagan trafico de influencias. La consecuencia directa de esto es que incurrirían en esta falta todos los congresistas que aparecieron en la lista de Ossa. Y no son pocos. El auto contiene 157 nombres, que constituyen más de la mitad del Congreso. De dársele una aplicación estricta a las normas se podría llegar casi a la revocatoria.
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