¿HOMBRES CON PASADO?

La campaña electoral se animó. Los dos candidatos oficiales, Gómez y Barco, entendiendo que el electorado en esta temporada no quiere oír mucho de programas, decidieron meterle un poco de pimienta al asunto sacándose los cueros al sol. Comenzó Barco hace cerca de un mes en Santa Marta llamando a Gómez "el hombre de las mil caras" y haciendo alusión a una silbatina organizada por él en el Congreso en "los lúgubres días de la Violencia" para silenciar a los parlamentarios liberales.
Días después Gómez, al llegar de los Estados Unidos, dio respuesta a estas declaraciones manifestando: "Creo tener un pasado político que hace parte de la historia de Colombia. Y prefiero tener un pasado político a tener un pasado petrolero, por ejemplo".
En realidad el pasado político de Gómez y el petrolero de Barco, si es que así se pueden llamar, han sido objeto de múltiples comentarios, interpretaciones y malentendidos durante muchos años. ¿Cuál es la realidad sobre estos antecedentes y qué peso pueden llegar a tener en la actual contienda electoral?
El pasado de Gómez es el más difícil de juzgar. Independientemente de la posición que se tenga al respecto, lo que es innegable es que hay un pasado. Este incluye desde acusaciones directas de episodios anecdóticos sobredimensionados hasta de responsabilisaciones indirectas sobre hechos más graves.
LA SILBATINA
Entre los primeros están el episodio de los pitos y la llamada "Operación K". La famosa silbatina a que hace referencia Barco tuvo lugar el 3 de agosto de 1949. Se estaba discutiendo un proyecto de ley electoral. El liberalismo que tenía una estrecha mayoría en la Cámara quería adelantar unos meses las elecciones, que deberían tener lugar en 1950. El conservatismo se oponía argumentando que se trataba de un código y no de una ley y por lo tanto requería una mayoría de dos terceras partes. El liberalismo que no tenía una mayoría de estas proporciones, alegaba que se trataba de una simple ley y que la mitad más uno bastaba. Esta polémica se tradujo en fogosos, agitados e interminables debates. Las cosas se fueron intensificando hasta que una vez los conservadores encabezados por Alvaro Gómez decidieron sabotear las deliberaciones sacando de los bolsillos pitos repartidos previamente por el mismo Gómez y utilizándolos por espacio de tres horas para evitar que los liberales fueran escuchados. El argumento godo era que hacía tres semanas el presidente de la Cámara, que era liberal, no les daba la palabra a los conservadores. El periódico El Tiempo del día siguiente redactaba el incidente en la siguiente forma: "Los pitos salieron de todos los bolsillos conservadores y pasaron a las bocas para iniciar una zambra que que quedó protocolizada como el supremo argumento de los minoritarios".
Comparado con lo que sucedió después, el incidente de los pitos se ve hoy más ridículo que grave. El propio Gómez en declaraciones recientes a la radio puso el episodio en sus justas proporciones afirmando con singular franqueza y candidez: "Ese es un episodio que no tiene mucha importancia si, al fin y al cabo, después nos dimos bala".
LA "OPERACION K"
Un episodio con el cual también se asocia a Gómez es la denominada "Operación K". A pesar de lo macabro del nombre, en realidad no consistía sino en hacer una serie de ediciones especiales el periódico El Siglo, que era el órgano del gobierno en la que se solicitaba publicidad a todos los anunciadores oficiales y privados. Uno de los propósitos era financiar una costosa imprenta que acababa de ser instalada. Los dos hijos del presidente Laureano Gómez, Alvaro y Enrique, quien era gerente de El Siglo, fueron acusados de solicitarla personalmente, en lo que muchos consideraron una presión indebida, sobre todo por esos días cuando las diferencias políticas podían salir muy costosas.
Fuera de la operación pito y de la "Operación K", las otras acusaciones que se le hacen a Gómez son más abstractas. Como hombre fuerte del régimen de su padre y también como persona influyente del gobierno de Urdaneta después de que Laureano sufriera el derrame, se le responsabiliza de gran parte del manejo de la política en ese período que ha sido identificado con la intensificación de la violencia. Su trabajo en llave con el protegido de Laureano, Jorge Leyva fue denominado el "Binomio siniestro", en frase de Gilberto Alzate Avendaño que ha pasado a la posteridad.
Como Gómez no ocupaba cargo alguno, cualquier responsabilidad que se adjudique es obviamente intangible e indirecta. Sin embargo, es innegable que las opiniones de Alvaro Gómez Hurtado pesaron mucho entre 1950 y 1953.
El mundo y Colombia por aquella época estaban más polarizados que ahora, como secuela de la Guerra Civil española y de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esta polarización los Gómez habían tomado abierta y valerosamente partido por uno de los extremos. El de una derecha que propugnaba por un Estado corporativista del corte del de Franco en España o Salazar en Portugal.
Laureano tenía la intención de hacer aprobar una Constitución de esa naturaleza en una Asamblea Constituyente que había sido convocada para el 18 de junio. Cinco días antes de esta fecha, el 13 de junio de 1953, Rojas Pinilla dio el golpe que instauró la dictadura militar. El 18, fecha en que la Asamblea Constituyente debería promulgar la nueva Constitución, lo que hizo ésta fue reconocer la legitimidad del único gobierno militar de Colombia en este siglo.
Para entender el alcance que habría tenido la reforma de Laureano, nada más ilustrativo que un editorial firmado por él en El Siglo, escrito tres semanas antes, que constituiría en la práctica la exposición de motivos de la reforma constitucional. Uno de sus apartes dice: "El sufragio universal inorgánico y generalizado interviniendo en toda la vida social para definir la dirección del Estado, contradice la naturaleza de la sociedad. El manejo del Estado es por antonomasia obra de la inteligencia. Una observación elemental demuestra que la inteligencia no está repartida en porciones iguales entre los sujetos de la especie humana. Por este aspecto la sociedad semeja una pirámide cuyo vértice ocupa el genio, si existe en un país dado, o individuo de calidad destacadísima por sus condiciones intelectuales. Por debajo encuéntrasen quienes, con menos capacidades, son más numerosos. Continúa así una especie de estratificación de capas sociales, unas abundantes en proporción inversa al brillo de su inteligencia hasta llegar a la base, la más amplia y nutrida que soporta toda la pirámide y está integrada por el oscuro e inepto vulgo, donde la racionalidad apenas aparece para diferenciar los seres humanos de los brutos. Este es un fenómeno palmario y evidente de la sociedad desde el punto de vista de la inteligencia".
El proyecto contemplaba innovaciones, como la de que cualquier colombiano podía ser juzgado como traidor a la patria si hablaba mal del gobierno en el extranjero. También se eliminaba el control jurisdiccional sobre los decretos del estado de sitio.
Estos conceptos, que crean estupor a cualquier lector contemporáneo, habría que juzgarlos a la luz de las circunstancias del momento. Por otra parte, aun cuando Alvaro Gómez ha sido tildado de cerebro gris, inspirador y promotor de estos días, el hecho es que representaba no a una familia sino a un gobierno e inclusive a un partido. Sin embargo, el concepto de que todos estos antecedentes hacen de Gómez un político con pasado tienen su origen en que, en Colombia por lo menos, la historia dio un fallo contrario a la corriente de pensamiento de su juventud.
EL PASADO PETROLERO
El pasado petrolero de Barco tiene su origen en 1905 cuando el general Rafael Reyes en un gesto de reconocimiento al general Virgilio Barco le otorgó los terrenos de la concesión, que a partir de ese momento se conocería como "Concesión Barco". El contrato se había suscrito por 50 años, al término de los cuales la Concesión debería revertir a la nación.
A pesar de que según el libro "La concesión Barco" de Alvaro Concha, el general Barco en 1914 había vendido por 50 mil dólares sus derechos a la Standar Oil, la operación aparentemente fue anulada, pues sólo se conoce su negociación en 1918, cuando bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Marco Fidel Suárez, el general Barco cedió sus derechos a la Compañía Colombiana de Petróleo (COLPET), filial de la Gulf Oil Company, por la suma de 100 mil dólares, más algunas acciones y el 15% del producto bruto de la explotación. Este porcentaje, Barco lo dividió en 100 unidades de las cuales traspasó 96 a su familia y 4 para él. Estas últimas serían para fundar un centro antipalúdico cuando él muriera. Ese mismo año el presidente José Vicente Concha aprobó el traspaso de la concesión con algunas modificaciones.
Se variaron las regalías de la nación del 15% de las utilidades al 5% del Producto Bruto, una tercera parte en comparación con las regalías de la familia Barco. El contrato debía caducar en 1926 de acuerdo a las nuevas negociaciones, pero no se hicieron esperar las apelaciones en contra de la caducidad. Tanto los apoderados de la compañía como los de la familia Barco enviaron sendos memoriales solicitando la revocatoria.

El 28 de febrero de 1931 bajo la administración del presidente Enrique Olaya Herrera y después de una serie de discusiones en las que participaba incluso la prensa internacional, se revive la concesión Barco, en el tratado a que se conoce como "Chaux-Folsom", esta vez por medio de la SAGOC (South American Gulf Company) y por una duración de 50 años. El gobierno puso como condición a la Gulf que, en cuanto a la demanda de la familia Barco, se las arreglara directamente con ella. La nación recibiría de la COLPET, por anualidades anticipadas la cantidad de 25 mil dólares hasta cuando la participación por la explotación igualara o excediera esta suma. La COLPET pagaría al país el 10% del Producto Bruto en el campo en especie, o el 6% en el puerto de embarque en dinero o en especie, mientras que se mantenía el 15% para la familia Barco. Sin embargo en 1932 se realiza un pacto entre la Colombian Petroleum (COLPET) y los tenedores de las "Unidades Barco", según el cual el 15% del Producto Bruto pactado inicialmente se redujo al 3.5% del valor del petróleo bruto producido, en caso de ser exigido en dinero, o el 5.56% de petróleo bruto producido en caso de que fuera exigido en especie en el campo de producción.
En mayo de 1936 la Gulf Oil vendió sus acciones a la Mobil y a la Texaco y esta nueva etapa del contrato prácticamente se extendió hasta 1956 cuando fue renovado una vez más hasta 1981. La explotación fue muriendo gradualmente. Un año después la COLPET suspendió la exploración y se limitó a explicar que habían paralizado 3 de los 7 equipos que realizaban trabajos exploratorios. En 1960, sin embargo, según Jorge Villegas en su libro "Petróleo, oligarquía, imperio", la concesión aún producía crudo por valor de 24 millones de dólares, de los cuales correspondieron a la familia Barco 850 mil dólares por concepto de sus regalías representadas en el tres y medio por ciento.
Esta situación vino a terminar en 1975 bajo el gobierno de Alfonso López Michelsen cuando cambiaron las reglas de juego en materia petrolera.
Según Alvaro Concha, investigador de izquierda, en el libro "La concesión Barco", la explotación total de ésta desde 1939 hasta 1975, le dejó a la familia Barco 22.762.599 dólares. Lo que arroja un monto promedio de 52.327 dólares con 81 centavos mensuales.
En la medida en que transcurría el tiempo, la propiedad de la concesión se fue diluyendo no sólo entre los herederos del general Barco, sino de algunos de sus asociados como las familias Uribe Holguín y Rodríguez Fonnegra. En los últimos años los propietarios de las "Unidades Barco", que no representaban ya sino el 49% de la concesión, pues el 51% restante había pasado a manos de las compañías petroleras norteamericanas, eran unas 120 personas. Virgilio Barco Vargas, quien había declinado el Ministerio de Hacienda en 1962 por considerar él mismo que podía existir alguna incompatibilidad entre ese cargo y su condición de beneficiario de regalías, vendió sus acciones en 1968 a su primo Carlos Escobar, quien desde ese momento es el hombre de las galletas en lo que se refiere a la concesión.
Al final de los años setenta los propietarios de las "Unidades Barco" demandaron a la nación por haberle impedido exportar 82 mil barriles de petróleo que les pertenecía. Esto obedeció a que cuando Colombia pasó de ser país exportador a importador de petróleo, cambiaron nuevamente las reglas de juego (comenzando por la dirección del bombeo del oleoducto), y exportaciones anticipadas fueron suspendidas. La demanda de la familia Barco y sus asociados estaba sustentada en fallos anteriores del Consejo de Estado que reconocían el derecho a la libre exportación de ese petróleo. La disputa radica principalmente en cuanto al precio que reconozca la nación por barril no exportado. Los demandantes exigen precio internacional, que llegó a ser hasta de 28 dólares por barril, como consecuencia de la crisis petrolera de los años setenta. El Estado calcula 1.65 por barril teniendo en cuenta que ese era el precio que se reconocía al concesionario antes de esa crisis. La cifra de los Barco podría llegar a cerca de 450 millones de pesos, mientras que la del Estado apenas supera el 5% de este monto.
Todo lo anterior puede constituir una historia interesante de riqueza y poder en generaciones anteriores, pero no existe hecho alguno que pueda ser interpretado negativamente sobre la trayectoria o idoneidad de Virgilio Barco como aspirante a la Presidencia de la República. Por el contrario, su gesto de considerarse inhabilitado para el Ministerio de Hacienda que le ofreciera el presidente Guillermo León Valencia, no es más que evidencia de una sana delicadeza.
La concesión Barco, hoy, es más una leyenda que una realidad y mantenerla vigente es como pretender que El Chicó es una hacienda de la familia Sierra.