Hora del realismo

Esta semana gobierno y Congreso tendrán por fin que coger por los cuernos el proceso de paz con los paramilitares. Cuando arranquen las sesiones extras del Congreso, los uribistas se moverán entre dos polos: el de una comunidad internacional que les recalca que el mundo cambió y que afuera nadie se conformará con menos que verdad, justicia y reparación, y el de unos paramilitares que han entregado más de 4.500 armas como gesto de buena voluntad y que esperan un tratamiento más indulgente.

Para ganar el respaldo de los primeros, el ministro del Interior Sabas Pretelt presentó un proyecto de ley que dejó medianamente contentos a las ONG y los representantes de la mesa de donantes, pues recoge el 95 por ciento de lo que había propuesto el senador Rafael Pardo en su proyecto de ley. Un proyecto ajustado a los estándares internacionales y tildado de 'duro' con los grupos armados. Y para no desalentar las posibilidades de paz con los segundos, un grupo de conspicuos uribistas de la Cámara de Representantes, encabezados por Armando Benedetti, radicó el viernes pasado un proyecto más blando y que contaría con el guiño del Alto Comisionado de Paz y del Presidente.

A simple vista este parece un asunto de descoordinación entre la alta cúpula del gobierno. Podría pensarse que cuando el Presidente se enferma no hay directrices claras y cada uno sale a decir lo que piensa 'a nombre propio' como hicieron en estas dos semanas nada menos que el comisionado Luis Carlos Restrepo y el vicepresidente Francisco Santos. En sendas intervenciones públicas, ambos funcionarios hicieron un llamado para que el país reconozca la dimensión política de la negociación que se adelanta en Ralito y el riesgo de que un debate jurídico entierre la posibilidad de reconciliación.

Esta aparente división del uribismo no es una secuela de la laberintitis del Presidente, ni significa que esté fallando la comunicación en los pasillos de Palacio. Es más bien una refinada estrategia política en la cual el gobierno está jugando a dos bandas para resolver el tremendo dilema en que se encuentra: decidir qué es moralmente aceptable para la comunidad internacional y ciertos sectores de la sociedad colombiana y qué es políticamente posible en el proceso con los paramilitares.

Lo moralmente aceptable, sin duda, está contenido en la propuesta oficial del gobierno que radicó el Ministro del Interior hace una semana. Con esta propuesta que el gobierno ha llamado de Justicia y Paz les da zanahoria a muchos sectores del país y, especialmente, a la comunidad internacional que no han podido convencerse sobre las bondades de la negociación con los paramilitares. Las dudas no son infundadas. Algunas han surgido de la sistemática violación del cese de hostilidades que el gobierno les exigió como requisito para iniciar un diálogo. Otras tienen que ver con si los jefes paramilitares sentados en la mesa representan realmente a grupos de resistencia antisubversiva o son sólo capos de la droga que quieren lavar su fortuna y limpiar sus historiales delictivos.

Muchas de estas dudas han sido opacadas por hechos tozudos como el desarme de más de 4.000 hombres, incluido Salvatore Mancuso. Estas desmovilizaciones lograron silenciar muchas críticas. Demostraron que el proceso está andando, que hay 'propósito de enmienda' y que a estos gestos de buena voluntad no se les puede poner una espada de Damocles que termine frustrando una oportunidad para la paz.

Pero la duda que persiste en la comunidad internacional es que éste termine siendo un proceso que les sirva más a los paramilitares que a la sociedad colombiana. Por eso toda su atención se ha concentrado en el proyecto de ley que apruebe el Congreso en los próximos meses. Los países europeos del G24 reunidos en Cartagena durante los primeros días de febrero reclaman que no se haga un proceso de paz sobre la base del perdón y el olvido. Le piden al gobierno que garantice la "verdad, justicia y reparación". Las ONG y la comunidad internacional no lo hacen por simple 'fundamentalismo jurídico' sino porque es una realidad que las guerras de finales del siglo XX se caracterizaron por ser tremendamente crueles con los civiles. En Ruanda, Sarajevo, Sudán han ocurrido algunos de los más recientes genocidios y ha sido la comunidad internacional la que ha garantizado que no queden impunes los crímenes de lesa humanidad. Esa es una realidad de a puño.

Pero también lo es que cuando un país vive un conflicto interno tiene el derecho y el deber de apelar a fórmulas de negociación política para resolver sus guerras. Y que los acuerdos de paz siempre conllevan cuotas de impunidad. Las cuotas de impunidad necesarias para garantizar la pacificación. Si no fuera así, no habrían sido posibles procesos de paz, que han tenido el aval de la comunidad internacional, como el de Irlanda del Norte o Suráfrica. Estas experiencias han demostrado que la reconciliación es posible si se garantiza que efectivamente habrá un cambio de situación. Que no volverán a ocurrir las atrocidades. Que efectivamente ese será el fin de la guerra. Por eso Pretelt presentó un proyecto moralmente aceptable.

'Real politik'

Después de meses de discutir sobre cómo serían las cárceles para los paras, las penas que pagarían, como sería la verdad y la reparación, el gobierno de Uribe parece haber regresado al punto de partida del proceso: se trata de la paz. Y esa es una razón de Estado. Por eso el viernes un grupo de representantes a la Cámara uribistas 'purasangre' como Armando Benedetti, Zulema Jattin, William Vélez y Sandra Ceballos, entre otros, radicó un proyecto que busca la "desmovilización de los grupos armados y la búsqueda de la reconciliación nacional". Esta iniciativa se sintoniza con la pretensión del gobierno de hacer un proceso pragmático y realista.

En primer lugar anuncia que será un marco para garantizar la desmovilización, un objetivo que se ha planteado el gobierno en el proceso con los paramilitares. Y que asuntos como verdad, justicia y reparación se traten en leyes complementarias aparte. Es decir, resuelve el problema inmediato y que obsesiona al Comisionado: la desmovilización.

En segundo lugar, este nuevo proyecto le entrega al Presidente facultades como enviar las ternas para que se nombre un tribunal de reparaciones y para que discrecionalmente suspenda penas a quienes demuestren gestos humanitarios (¿acuerdo humanitario?). La propuesta de concentrar tanto poder en el Presidente va en contravía de la idea de que la justicia actúe con independencia en el proceso, justamente porque considera que éste es político, no jurídico. Los congresistas autores del proyecto reivindican el carácter político de la negociación. Seguramente el gobierno tendrá que reconsiderar su tesis de que no hay un conflicto armado y admitir que si se requiere 'reconciliación' es porque hay guerra.

Sin duda este proyecto de Benedetti y los demás representantes devuelve la pelota a la cancha de una mayor impunidad. Pero también es cierto que al 'Mono Jojoy' y a 'Gabino' les debe sonar mucho más atractivo que el de Pardo. Y esa es una consideración política que también cuenta.

¿Cómo resolverá el gobierno este dilema?

Por un lado, el gobierno ya tiene salvada su responsabilidad histórica. Presentó un texto moralmente aceptable que tuvo un buen recibo en la comunidad internacional. Es decir, el gobierno quedó del lado de los buenos. Y la oposición muy seguramente cerrará filas contra el proyecto 'blando' de los 'uribistas purasangre'. Estos tienen las condiciones de jalar una importante mayoría. Más aún si el gobierno -de frente o no- los respalda.

No hay que olvidar tampoco que en la Cámara hay una importante representación de regiones, y que pueden optar por un desarme a cualquier precio. Ni hay que desconocer que el poder político de estos grupos está afincado en regiones, y para nadie es un secreto que varios congresistas son, por decir lo menos, afines a ellos. En conclusión, es muy probable que el proyecto de Benedetti tenga más defensores entre el gobierno y el Congreso que el de Sabas (o lo que es casi lo mismo, el de Pardo).

Por eso, el Presidente debe reflexionar muy bien sobre su deber histórico en esta coyuntura. Tendrá primero que garantizar que el Congreso pueda deliberar con libertad y no bajo presión ni chantaje, como se ha insinuado por algunos parlamentarios. También deberá mostrar una capacidad de liderazgo en el Congreso que hasta ahora ha sido precario. Toda esta lluvia de proyectos y de 'declaraciones no oficiales' demuestran que el gobierno ha tratado con desdén el ejercicio de la política y la muy sana costumbre de concertar con su bancada las iniciativas más cruciales.

En cambio debería jugársela toda para sacar adelante un proyecto que le permita llevar a buen puerto el proceso con los paramilitares, por el bien del país. Un proyecto que además del desarme logre realmente acabar con el paramilitarismo. Es decir, con el inmenso poder económico que han acumulado y que les permite comprar el poder político en las regiones.

Un proyecto que no tenga un fundamentalismo moral que impida una negociación con los paramilitares pero que blinde el proceso de los tribunales internacionales. Que, como dijo Alfredo Rangel en su columna de El Tiempo el pasado viernes: "Tenga tanta justicia como sea posible y tanta impunidad como sea necesaria". Y para eso, el Presidente necesita crear consensos nacionales sobre los temas de fondo. No para ceder ante las presiones internacionales, ni las presiones de los paramilitares en la mesa. Sino porque, como bien lo dijo el vicepresidente Santos, "la verdad, la justicia y la reparación tienen que conducir a la reconciliación". Y esa reconciliación sólo será posible si se construye un gran consenso nacional alrededor de este objetivo. La discusión en el Congreso le da la oportunidad de hacerlo.