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| 11/5/2016 12:00:00 AM

Hospital Universitario del Valle pasó del orgullo a la vergüenza

Era inevitable que centro asistencial pasara a la Ley de Quiebras, pero no se entiende por qué sacaron a los empleados y no a los contratistas.

El Hospital Universitario del Valle (HUV) es sin duda uno de los más importantes en todo el suroeste colombiano, pues allí llegan además pacientes de Nariño, Cauca y Chocó. Esa entidad de salud pública fue por años el orgullo de los vallunos, hasta hace menos de un lustro. En ese lapso sus finanzas empezaron a menguar, los insumos a faltar y los sueldos de los trabajadores a no llegar, mientras las huelgas se convirtieron en pan de cada día. Es decir, en pocos años ese hospital pasó del orgullo a la vergüenza.

De una capacidad instalada de 600 camas, hoy tiene 400. Mientras en cinco años sus pasivos crecieron un 200 por ciento, al pasar de 131.000 millones de pesos a 288.000 millones, sus ingresos solo aumentaron el 1 por ciento. Detrás de esa cruda realidad está presente el fantasma de siempre: malas administraciones, clientelismo político y corrupción.

Ante semejante panorama el futuro del HUV solo tenía un camino: liquidarlo, y así lo planteó la Superintendencia de Salud. Pero durante su campaña electoral de 2015, la hoy gobernadora, Dilian Francisca Toro, se comprometió públicamente a no dejar liquidar varios hospitales del Valle que atravesaban por una crisis similar. Y la solución salomónica que propuso y aplicó, hace una semana en el HUV, fue acogerlo a la Ley 550 de Quiebras o de Intervención Económica. Esa figura legal permite a las entidades públicas levantar embargos y replantear a largo plazo el pago de todas sus deudas sin afectar el flujo de caja para funcionar.

Hasta ahí todo iba bien. Pero la armonía del proceso se rompió cuando la gobernadora anunció la supresión de 591 puestos de trabajo. Argumentó que un estudio técnico determinó que había exceso de oferta laboral y debían suprimir cargos no misionales como lavandería, costurería, imprenta, mantenimiento, alimentación y vigilancia, entre otros. Sin embargo, hasta el momento nadie sabe con exactitud la cifra de profesionales de la salud, como enfermeras y auxiliares, que también serán descabezados. De hecho, esos datos y el famoso estudio técnico son un misterio.

Por cuenta de esos despidos, que los sindicatos llaman “masacre laboral”, la aparente paz política que se vivía en el Valle llegó a su fin. La semana cerró con huelgas y bochornosos altercados en donde directivos del hospital tuvieron que salir escoltados por temor a agresiones. La diputada Juanita Cataño trató de “mediocre” a la gobernadora en Twitter.

A partir de entonces, congresistas, diputados y concejales enfilaron baterías para criticar, no la intervención del hospital, sino los despidos. “Señora Dilian Francisca Toro, es un error sacar los médicos, los auxiliares, las enfermeras, ellos son el mayor tesoro de la institución”, afirmó el senador Jorge Iván Ospina tras denunciar que los dos anteriores gerentes “burocratizaron la entidad, aumentaron los costos y tercerizaron los mejores servicios, generando pocos ingresos”.

La tercerización laboral es para muchos la nuez del asunto. Desde 2013 el HUV viene contratando a un millar de trabajadores a través de dos grandes asociaciones sindicales conocidas como Asstracud y Agesoc. Si bien esa intermediación laboral es legal, en los sindicatos creen que por ese medio se pagan favores políticos, y por eso no fueron tocados.

Toro tiene otra lectura. Para ella, la Ley 550 le permitió salvar 1.352 puestos de trabajo porque con la liquidación se hubieran perdido más de 2.000. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, la respaldó públicamente, “El HUV, como el sistema de salud, estaba gastando más de lo que tenía, lo que llevó a la gobernadora a reducir los costos y con ello una disminución en la planta de trabajadores”.

Es probable que técnicamente la supresión de los 600 cargos esté bien sustentada; sin embargo, nada de ello responde al gran interrogante que ronda el proceso: por qué no tocaron a los contratistas si ellos duplican en cifras y cuestan lo mismo que la planta oficial. Ni tampoco se respondió la pregunta más importante: si con esas decisiones es posible o no salvar al Universitario. 

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