Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2015/10/23 22:00

La salud del Valle agoniza

El Hospital Universitario del Valle y otros sietes hospitales públicos de esa región están en crisis no solo por la falta de recursos sino por la politiquería, la corrupción y pésimas administraciones.

En las últimas semanas, empleados y personal médico del Hospital Universitario han adelantado numerosas protestas en Cali para pedir un manejo transparente de los recursos de la entidad. Foto: Archivo Particular

Si ocurriera una tragedia que demandara los servicios de las 2.779 camas de la red pública hospitalaria del Valle del Cauca, esta simplemente colapsaría debido a la pésima situación por la que atraviesan muchas de estas entidades. En los últimos tiempos, dos grandes hospitales fueron liquidados y otros seis atraviesan una crisis tan severa que en algunos, como el Hospital de Cartago, los trabajadores solo asisten a ‘marcar tarjeta’ porque no tienen insumos para curar ni una herida menor.

De hecho, en los últimos días, el tradicional Hospital Universitario del Valle (HUV), con sede en Cali y el de mayor complejidad, se ha robado la atención ya que la falta de recursos, supuestamente porque las EPS no le pagan, tienen al colosal edificio de los años cincuenta trabajando a media marcha. Allí hay pocos insumos y a buena parte de sus 2.500 empleados –que atienden 600 camas y demás servicios– no les pagan desde hace varios meses. Incluso, 500 niños con cáncer vieron cómo sus terapias fueron suspendidas por falta de recursos.

¿Qué está pasando con la salud en el Valle? Desde el gobierno nacional hasta líderes cívicos locales coinciden en argumentar que el ‘hoyo negro’ en el que se encuentra este sector es la sumatoria de varios factores, que no solo se explican por los 600.000 millones de pesos que las EPS les adeudan a los hospitales de la región. Hacen parte de esta pésima receta malas administraciones, corrupción, politiquería, equipos, dotaciones caducas y las nuevas realidades del mercado, en el que los hospitales privados han crecido a mayor velocidad que los públicos. Según el Ministerio de Salud, de los 11 hospitales públicos departamentales del Valle, siete de ellos (Cartago, Zarzal, Tuluá, Roldanillo, Buenaventura, Cali y el HUV) están en alto riesgo.

Mientras las directivas del HUV sostienen que las deudas de las EPS ascienden a 120.000 millones de pesos, de los cuales casi la mitad recaen solo en Caprecom y Emssanar, expertos dijeron a SEMANA las causas principales son la mala administración, contratación cuestionada y la forma como los sindicatos y grupos de poder de la Universidad del Valle se han ido apoderando de su manejo.

SEMANA revisó contratos de los últimos tres años en ese hospital, algunos de los cuales ponen en el centro de la polémica a Jaime Rubiano, quien llegó como director en 2013 de la mano el rector de la Universidad del Valle, Iván Ramos. Tras una gestión muy cuestionada, Rubiano renunció hace un par de semanas en medio de presiones de sindicatos y estudiantes que le exigían hacerse a un lado ante la investigación fiscal que le abrió la Contraloría por presuntas irregularidades en la contratación.

Una de las supuestas anomalías en el HUV que más llama la atención, que incluso es investigada por la Contraloría, es la tercerización laboral. A la fecha existen decenas de millonarios contratos con cinco asociaciones sindicales que no son otra cosa que cooperativas de intermediación laboral. De hecho, cinco asociaciones proveen 1.500 trabajadores entre enfermeros, cirujanos, radiólogos o anestesiólogos. Cada mes facturan en promedio 4.000 millones de pesos. Lo increíble es que esa tercerización se hace desde hace varios años, a pesar de que el Universitario tiene una nómina de 1.000 personas. Y solo hasta ahora se inició un estudio técnico para racionalizar esos cargos.

Si bien algunos dicen que la salida de Rubiano hace parte de una retaliación de los sindicatos, porque el director les pisó los callos, el HUV como otros centros hospitalarios del Valle y del país se convirtieron en la caja menor de los políticos. Por ejemplo, se conoció que una tía de la exsenadora y candidata a la Gobernación del Valle Dilian Francisca Toro es contratista del Universitario.

El Laboratorio Clínico Acacias, cuya dueña es la señora Amanda Torres Toro, es contratista del Universitario y está en 11 municipios del Valle, que en su mayoría coinciden con fortines políticos de la exsenadora. Amanda Torres le dijo a esta revista que nada tiene que ver con su sobrina, “tengo una trayectoria profesional de 30 años y las ciudades donde presto servicios es porque atiendo pacientes de Coosalud”.

A Rubiano tampoco le perdonan que en medio de la crisis destinara 1.109 millones de pesos, a construir una cancha sintética de fútbol (176 millones), para la instalar 48 paneles solares (793 millones) y lámparas led exteriores (140 millones) para el hospital. Los sindicatos aseguran que cotizaron en Chile el valor de cada panel solar chino que compró el HUV y descubrieron “un sobrecosto del 150 por ciento”. También dicen que con ese dinero fácilmente se pudo habilitar el acelerador lineal para el tratamiento de cáncer que está fuera de servicio por falta de lámparas, así como la cámara de fototerapia de radiación ultravioleta para el tratamiento de vitiligo y psoriasis. El exgerente niega el sobreprecio y defiende las inversiones alegando que tenían destinación específica.

Por otro lado, Rubiano decidió optimizar las compras de insumos y medicamentos contratando un solo proveedor que les fiara con plazos de hasta 90 días. Lo curioso es que ese proveedor llamado Vallepharma, y que a julio de 2015 ya le debían 25.000 millones de pesos, está integrado por una unión temporal cuyas firmas son las mismas que ya le vendían insumos al hospital: Unimix y Globalex.

Al comparar los precios de algunos de esos insumos que vende Vallepharma con los del mercado, aparecen sobrecostos de hasta el 400 por ciento. En poder de esta revista hay varias facturas de cobro de suministros que Vallepharma le hace al HUV, donde se aprecia que cobran a 10.904 pesos por unidad un equipo de jeringa para administración de líquidos llamado Buretrol. Pero ese mismo producto cuesta en el mercado un promedio de 2.250 pesos.

Los valores también se duplican o triplican en las jeringas desechables de 5 y 10 mililitros. Mientras que Vallepharma se las cobra al HUV a 520 y 693 pesos, en el mercado esas mismas jeringas tienen un valor de 232 y 278 pesos la unidad.

Frente a esa presunta irregularidad el exgerente Rubiano da una explicación sencilla, “como el contrato con el proveedor se hizo en paquete, algunos productos serán más costosos, pero otros los venderán más baratos y prueba de ello es que gracias a ese esquema de compras logramos un ahorro de 1.000 millones”.

Estos y muchos otros indicadores muestran que la red hospitalaria pública del Valle requiere un revolcón urgente. Es un hecho que los últimos años los hospitales privados, como Valle del Lili o Imbanaco, han hecho importantes inversiones y han aumentado sus servicios en un departamento que tiene grandes facilidades de transporte y permite que un paciente prefiera ir a Cali que ser atendido en Buga. Cifras oficiales muestran que las camas privadas en el Valle pasaron de 4.626 en 2011 a 5.675 este año, mientras que las públicas pasaron de 3.502 a 2.779. Como dijo el diputado vallecaucano Ramiro Rivera, quien viene lanzando alertas desde hace varios años sobre el sector, “no todo se resuelve con plata”.

Si bien la intervención del Hospital Universitario del Valle es inevitable, es claro que si el gobierno y las autoridades regionales quieren salvar los hospitales del departamento no solo van a tener que invertir más dinero, sino quitárselos a los alcaldes y políticos que los han convertido en fortines burocráticos y fuente de financiación. Mientras no haya una reingeniería seguirá pasando lo que se ve en Zarzal y Roldanillo, dos municipios separados por un río, en el que cada uno tiene un hospital idéntico, que presta los mismos servicios, cada vez con más dificultades económicas, pero que no quieren acabar porque es un gran empleador público, con contratos importantes, que recibe recursos del departamento y la nación.

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