Hoteles vs. Manglares, sostenibilidad en juego

En el laguito en Cartagena, cuando llueve muy fuerte, el agua inunda tres o cuatro cuadras más allá de la playa. Se ha vuelto común ver a los turistas saltando charcos, como si cada calle fuera una piscina en potencia. Lo que pocos saben es que hace décadas ese lugar, hoy lleno de hoteles y edificios, vivía así permanentemente. 

Era un complejo de playas y manglares que fueron rellenados con cemento para poder edificar lo que hoy el país conoce. El tiempo le ha pasado la factura de ese crecimiento a la zona turística de la ciudad  amurallada y hoy esta es una de las más vulnerables a los efectos del cambio climático, tanto que las proyecciones para 2100 aseguran que buena parte de Bocagrande podría desaparecer. 

La Contraloría hizo un examen de lo que ha hecho el Estado para evitar que este crecimiento irregular se repita y el balance es bastante pobre. De las 1.208 invasiones de Cartagena, el Estado no ha podido recuperar este año ninguna y en años pasados si acaso ha llegado a cuatro o cinco.  

Al país no le va mejor. En los últimos cinco años las construcciones irregulares en las costas crecieron un 15 por ciento. 

De cada 100 edificaciones que se hacen en las playas ilegalmente, el Estado solo logra demoler dos. El informe concluye que la presión hotelera y turística está causando daños irreversibles en sitios como Pozos Colorados en Santa Marta y alerta que condominios como Cabo Tortuga, Sierra Laguna, Roca Di Mare y Bahía Morena en esa zona no debieron tener licencia de construcción.

El problema no es de poca monta. Las playas, los manglares, los humedales y muchos otros ecosistemas costeros son bienes de uso público que no pueden ser apropiados por particulares y sobre los que no se puede construir.  Hacerlo no solamente es un delito, sino una torpeza. Según las Naciones Unidas, Colombia es el tercer país del mundo más vulnerable al cambio climático. Hasta Al Gore, el nobel de la paz, advirtió el año pasado en una conferencia en Bogotá que había que tomar medidas pues el 80 por ciento de los colombianos vive en zonas en riesgo de inundarse.

 El pasado invierno demostró que el precio de construir en contra de la naturaleza es muy alto. “El agua reclama su espacio en cualquier momento”, explica Mauricio Cabrera, contralor delegado para el Medio Ambiente. La Mojana es un excelente ejemplo. Es un complejo de humedales de un millón de hectáreas en el que confluyen cuatro ríos: el Cauca, el Magdalena, el San Jorge y el Nechí.

Con las fuertes lluvias de 2011 la carretera que servía como dique se rompió y miles de personas que habían construido allí resultaron damnificadas. Hoy se estima que las obras de ingeniería para evitar las inundaciones podrían costarle al país 99 billones de pesos en diez años.

“Se piensa que la mejor medida es construir murallas, pero lo que hay que hacer es planificar el país de acuerdo al clima”, sostiene el exdirector del Ideam, Ricardo Lozano. “Un espolón para proteger un kilómetro de costa vale 50.000 millones de pesos y los manglares cumplen mejor esa función si no los quitan para hacer hoteles y condominios”, agrega Cabrera. 

La advertencia de la Contraloría se da apenas una semana después de que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático anunció que el mundo no había podido cumplir la meta de no aumentar la temperatura en más de dos grados centígrados, que era el límite para que la humanidad no viviera desastres extremos por los cambios de clima. 

Colombia, por su situación de riesgo, tiene mucho por hacer. Como dice el contralmirante Ernesto Durán, director de la Dimar, no puede ser posible que el deseo de los constructores de “ofertar playa y mar” ponga a Colombia al borde de un desastre que puede significar, en un futuro cada vez menos lejano, que buena parte de las actuales playas turísticas quede bajo el mar.