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| 1/24/2011 12:00:00 AM

HRW: “Colombia continúa enfrentando graves problemas de derechos humanos”

En una carta en viada al Vicepresidente, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, advierte que en Colombia aumentaron las masacres y continúa el asesinato de sindicalistas y defensores de DD.HH.

En una carta abierta enviada al vicepresidente, Angelino Garzón, el director de la fundación Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señala los graves problemas de derechos humanos que está padeciendo Colombia.

En la carta Vivanco le dice a Garzón que “esperamos poder debatir esos temas”.

Vivanco reconoce que es positivo el hecho de que el gobierno de Juan Manuel Santos promueva una ley “para restituir tierras a personas desplazadas y reparar a las víctimas de abusos cometidos por agentes del estado”, así como el respeto que ha mostrado por el equilibrio de los poderes públicos.

No obstante, Vivanco hace un recuento de los índices de violencia. Por ejemplo, aduce que según cifras oficiales el año pasado en Colombia se cometieron más homicidios que en todos los años después de 2005. “Las 38 masacres ocurridas entre enero y noviembre de 2010 representan un incremento del 41 por ciento respecto del mismo período del año anterior”, agrega la comunicación.

El director de HRW alerta que en Colombia continúa los homicidios de sindicalistas y defensores de derechos humanos; y la impunidad. Esta es la carta enviada por Vivanco al vicepresidente Angelino Garzón.



Washington, D.C. – 20 de enero de 2011

Angelino Garzón
Vicepresidente
Vicepresidencia de la República de Colombia
Bogotá, Colombia

De mi mayor consideración:

Con motivo de su próxima visita a Washington, tengo el honor de dirigirme a V.E. con el fin de llamar su atención sobre algunos problemas urgentes de derechos humanos que enfrenta Colombia. Esperamos poder debatir estos temas con V.E. y continuar el diálogo constructivo que iniciamos durante nuestro viaje a Bogotá en octubre pasado.

Desde que el Dr. Juan Manuel Santos asumió la presidencia, el gobierno ha impulsado importantes iniciativas de derechos humanos, como el proyecto de ley para restituir tierras a personas desplazadas y reparar a las víctimas de abusos cometidos por agentes del estado. Consideramos positivo el respeto mostrado por el gobierno del Dr. Santos por la independencia del poder judicial y sus declaraciones públicas de apoyo al trabajo realizado por defensores de derechos humanos, lo cual demuestra un cambio respecto de la postura del gobierno anterior. No obstante, seguramente coincidirá con nosotros en que Colombia continúa enfrentando graves problemas de derechos humanos que requieren que el gobierno actual adopte medidas contundentes para abordarlos.

Durante su visita a Washington, quisiéramos compartir nuestra preocupación ante la persistencia de graves abusos en Colombia y recomendar diversas medidas concretas que podría adoptar el gobierno para responder a estos problemas, entre los cuales se incluyen:

a) El incremento en la cantidad de masacres perpetradas durante 2010, que, según cifras oficiales, superó las cifras totales anuales de cada año después de 2005. Una opción para combatir estos crímenes atroces podría ser fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, y reformar la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) para asegurar la transparencia de sus decisiones.

b) La persistencia de altos índices de asesinatos de sindicalistas y la impunidad generalizada de estos crímenes. A fin de obtener verdad y justicia en los casos de crímenes contra sindicalistas, recomendamos a V.E. que inste a la Fiscal General de la Nación, Dra. Viviane Morales Hoyos, quien recientemente asumió su puesto, a que modifique la metodología deficiente empleada por la fiscalía en la investigación de asesinatos de sindicalistas.

c) Los continuos asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, en especial líderes de desplazados que exigen la restitución de tierras. Recomendamos respetuosamente que defina e implemente una política de protección que garantice la seguridad de las personas desplazadas que reclaman su derecho a la restitución de tierras, así como de las familias que están en proceso de regresar a las tierras despojadas.

Masacres en aumento

Durante 2010, el número de masacres perpetradas en Colombia fue superior al registrado en cualquier año después de 2005, cuando comenzó el proceso de Justicia y Paz. Las 38 masacres ocurridas entre enero y noviembre de 2010 representan un incremento del 41 por ciento respecto del mismo período del año anterior. Como señalamos en nuestro informe Herederos de los Paramilitares (publicado en febrero de 2010), los grupos sucesores del paramilitarismo, que surgieron a partir del deficiente proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son uno de los principales responsables de estas atrocidades.

Cuando nos reunimos con usted y el Presidente Santos en octubre, consideramos alentador su compromiso expreso de combatir a estos grupos que el gobierno denomina “bandas criminales emergentes” (BACRIM). Reconocemos que el gobierno del Dr. Santos ha tomado medidas positivas para hacer frente a estos grupos, entre las cuales pueden mencionarse diversos operativos militares y policiales para capturar a sus presuntos líderes.

No obstante, a la luz de la persistencia histórica que han tenido los paramilitares, la extensión de sus redes delictivas y el poder político y económico que han acumulado, creemos que el gobierno del Dr. Santos debe tomar medidas adicionales para desarticular a estos grupos. Esto incluye asegurar que las autoridades investiguen y juzguen con eficacia a funcionarios contra quienes pesen denuncias creíbles de que han tolerado a estos grupos o colaborado con ellos.

Una medida concreta que permitiría proteger inmediatamente a civiles frente a ataques de grupos sucesores del paramilitarismo consiste en garantizar fondos suficientes para que la Defensoría del Pueblo amplíe el funcionamiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT). El SAT cumple un rol fundamental en el monitoreo de los riesgos que representan los grupos armados para la población civil y la preparación de “informes de riesgo” que promueven medidas para prevenir abusos. Los analistas regionales del programa son, a menudo, los primeros funcionarios públicos que se trasladan hasta zonas remotas donde viven civiles que están bajo la amenaza de un ataque inminente. Por ello, es importante que el SAT tenga fondos suficientes para asegurar una presencia efectiva de estos analistas en regiones donde los grupos armados cometen abusos.

A su vez, la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) debería ser reformada a fin de garantizar la transparencia de sus decisiones. La comisión está a cargo de evaluar los informes de riesgo del SAT y determinar si corresponde recomendar al Ministro del Interior y Justicia que emita una “alerta temprana” y las recomendaciones correspondientes para que las autoridades adopten medidas preventivas. Esta transparencia asegurará que la comisión rinda cuentas por las decisiones adoptadas. El Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas – que funcionaba anteriormente en lugar de la comisión – ha sido criticado por no adoptar, en varias ocasiones, las medidas correspondientes como consecuencia de informes de riesgo alarmantes, en algunos casos con consecuencias fatales. Por último, al margen de que los grupos sucesores se denominen bandas criminales o paramilitares, la comisión debería recomendar que se emitan alertas tempranas cuando estos grupos estén a punto de cometer abusos.

Continúa la violencia contra sindicalistas con impunidad

También nos preocupan los índices alarmantes de asesinatos de sindicalistas en Colombia, que continúa siendo el país con el mayor número de asesinatos de este tipo en todo el mundo. Cuarenta y cuatro sindicalistas fueron asesinados en 2010, según la Escuela Nacional Sindical (ENS), la ONG colombiana líder en el monitoreo de derechos laborales. La gran mayoría de los asesinatos de sindicalistas continúan impunes: la subunidad de la Fiscalía General de la Nación dedicada a investigar los delitos contra sindicalistas tan sólo investiga el 25 por ciento de los más de 2.800 asesinatos de sindicalistas documentados por la ENS desde 1986. Hasta octubre de 2010, de la cantidad limitada de casos de violencia contra sindicalistas investigados por la unidad especializada, sólo en el 15 por ciento se habían dictado condenas, según fuentes oficiales.

Quisiéramos llamar su atención específicamente sobre las graves deficiencias en la metodología empleada por las autoridades para investigar los hechos de violencia contra sindicalistas. Según tenemos entendido, los casos de delitos contra sindicalistas estarían siendo investigados de manera aislada y muchas de las investigaciones se estarían cerrando sin indagar debidamente si las actividades sindicales de la víctima fueron parte del móvil del crimen. Los casos frecuentemente concluyen sin que se identifique ni juzgue a todas las personas penalmente responsables, incluyendo aquellas que ordenaron la comisión del crimen.

Por ejemplo, en algunos casos, ex paramilitares que rinden versiones libres en el marco del proceso de Justicia y Paz han confesado su responsabilidad por el asesinato de un sindicalista, justificándolo como la muerte de un guerrillero. Cuando la subunidad de la fiscalía especializada en casos de violencia sindical recibe de la Unidad de Justicia y Paz una copia compulsada con dicha información, en lugar de iniciar una investigación, utiliza esa autoinculpación del ex paramilitar para cerrar el caso, llegando a atribuir la calidad de terrorista a un sindicalista sólo sobre la base de ese testimonio.

Estas metodologías de investigación deficientes han permitido la impunidad de casos de violencia contra sindicalistas. También han propiciado la adopción de conclusiones infundadas sobre la naturaleza de los asesinatos de sindicalistas, como la idea que se trata simplemente de casos aislados de delincuencia común. Estas interpretaciones sin fundamento no hacen más que agravar el problema de los asesinatos de sindicalistas en Colombia donde, según la Confederación Sindical Internacional, se produjo el 47 por ciento de los crímenes de este tipo registrados en todo el mundo durante 2009.

Pese a que la impunidad generalizada por la violencia contra sindicalistas ha logrado que en la mayoría de los asesinatos se desconozca quiénes fueron los responsables, las pruebas indican que los sindicalistas suelen ser víctimas de ataques deliberados por parte de grupos armados, en particular de paramilitares y sus organizaciones sucesoras. Según la información recabada por la Fiscalía General de la Nación y los análisis de la ENS, la mayor parte de los asesinatos habrían sido cometidos por paramilitares, quienes perciben a la actividad sindical como una amenaza para sus intereses y estigmatizan a los sindicalistas como colaboradores de la guerrilla. Asimismo, las amenazas proferidas por grupos sucesores del paramilitarismo contra sindicalistas indican que son responsables de muchos de los asesinatos recientes: según la ENS, de las más de 900 amenazas denunciadas por sindicalistas en 2008 y 2009, 401 habrían provenido de grupos sucesores de los paramilitares.

Si bien agentes del Estado son directamente responsables de un porcentaje menor de los asesinatos de sindicalistas, el Estado colombiano no está libre de responsabilidad por estos crímenes. Los grupos paramilitares, los principales responsables detrás de la violencia contra sindicalistas, han actuado históricamente—y continúan haciéndolo—con la tolerancia o incluso el apoyo activo de miembros de la fuerza pública. La complicidad del Estado con los paramilitares no se limita a las fuerzas de seguridad: en los últimos años, se iniciaron investigaciones sobre más de 100 congresistas por sus presuntos vínculos con paramilitares. El ex director del servicio de inteligencia nacional (DAS) entre 2002 y 2005 está siendo juzgado actualmente por haber proporcionado información a paramilitares sobre sindicalistas y otros líderes sociales que posteriormente fueron asesinados por estos grupos.

El nombramiento de la Dra. Viviane Morales Hoyos como nueva Fiscal General de la Nación representa una oportunidad valiosa para corregir las metodologías deficientes que se utilizan para investigar el asesinato de sindicalistas. Le solicitamos respetuosamente que señale estas deficiencias a la Dra. Morales y la inste a que tome las medidas necesarias para asegurar que los fiscales investiguen el asesinato de sindicalistas como parte de un patrón de delitos que tenga en cuenta el sindicato al cual pertenecía la víctima, el período y el lugar en que se produjeron los crímenes y el contexto de los grupos armados con presencia en la región donde se cometieron los crímenes. Los fiscales deberían identificar el móvil del crimen e investigar no sólo al autor material del asesinato, sino a todas las personas que son penalmente responsables, incluyendo aquellos que ordenaron el asesinato. Estas medidas correctivas son indispensables para reducir la impunidad por los asesinatos de sindicalistas y esclarecer la verdad sobre estos crímenes aberrantes. Ambas condiciones son esenciales también para terminar con los abusos que se cometen actualmente.

Asesinatos recurrentes de defensores de derechos humanos y líderes sociales

Por último, quisiéramos expresar nuestra preocupación ante los continuos asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales. Nos preocupa especialmente el asesinato de, al menos, siete líderes de desplazados durante 2010, incluido el asesinato de Óscar Maussa en noviembre. Maussa había recibido amenazas de los paramilitares y, en 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares en su favor.

Valoramos que V.E. haya repudiado públicamente el asesinato de Maussa y exigido a las autoridades que investiguen el crimen y castiguen a los responsables. Creemos que sus declaraciones trasmitieron un mensaje clave que el gobierno de Santos no tolerará la violencia contra personas que exigen la restitución de tierras.

No obstante, los asesinatos continúan. Como V.E. sostuvo públicamente, a principios de enero de 2011 se encontró el cuerpo del líder de desplazados, José Alfonso Delgado Villamil, en el departamento de Tolima. La muerte de Villamil se suma a una larga lista de más de 45 líderes de grupos de víctimas que reclamaban la restitución de tierras y fueron asesinados desde 2005. Las autoridades encontraron el cuerpo de Villamil junto a otros dos miembros de una organización de personas desplazadas. Todos ellos habrían sido desplazados por paramilitares desde la Sierra Nevada de Santa Marta.

Consideramos sumamente alentador que el gobierno del Dr. Santos incluya como una de sus prioridades la restitución de millones de hectáreas de tierras robadas y abandonadas a personas desplazadas. El éxito de estas iniciativas de restitución de tierras dependerá de la capacidad del gobierno de desarrollar e implementar una política efectiva para prevenir estos asesinatos y de llevar a cabo investigaciones serias cuando estos se produzcan.

Los profundos problemas de derechos humanos que existen en Colombia desde hace mucho tiempo no se resolverán de un día para otro. Sin embargo, teniendo en cuenta la gravedad y urgencia de los mismos y la nueva actitud asumida por el actual gobierno, creemos que la administración del presidente Santos tiene la posibilidad de mejorar la situación de derechos humanos en el país. Para ello, Colombia deberá reevaluar sus políticas y prácticas en este ámbito, además de considerar la adopción de las propuestas básicas incluidas en esta carta. Esperamos poder mantener un diálogo productivo sobre estos temas durante su próxima visita a Washington.

Aprovecho la oportunidad para expresarle a V.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

Dr. José Miguel Vivanco

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