Impunidad: la gran duda de HRW sobre Colombia

Mientras el Gobierno dialoga con las FARC en La Habana, los grupos armados ilegales como la guerrilla y las bacrim siguen cometiendo “graves abusos”, según el último informe mundial de la organización internacional Human Rights Watch (HRW).

Este es otro año en el que Colombia, país al que se dedica un capítulo, saca una nota negativa en el examen. Al igual que en el 2012, el país se raja en impunidad y el desplazamiento forzado sigue siendo uno de los mayores problemas a enfrentar.

Si bien en estudios anteriores la organización internacional sostuvo que el presidente Juan Manuel Santos les prestaba más atención a los derechos humanos que Álvaro Uribe, en el informe del 2013 HRW recalca que “son muy pocos los casos en que los responsables de estos actos (ataques y amenazas contra defensores de DD. HH.) son llevados ante la justicia”. Aunque acepta que el gobierno actual ha repudiado insistentemente estos hechos. 

Otros de los focos en los que se centró HRW fueron el Marco Jurídico para la Paz y la reforma de la justicia penal militar. Sobre el primero dice que es “una reforma constitucional que abre la puerta a la impunidad generalizada por atrocidades cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares en caso de que se alcance un acuerdo de paz con las FARC”. 

En cuanto al segundo, apunta que además de abrirse la posibilidad de que los casos de falsos positivos sean tratados por la justicia militar, “también autorizó a la fuerza pública a aplicar la fuerza letal en un espectro peligrosamente amplio de situaciones”.

Sin embargo, HRW recuerda que la Corte Constitucional invalidó la reforma penal militar pero que el presidente presentará una nueva versión del mismo proyecto este año.

Según HRW, “la Procuraduría exoneró de cargos disciplinarios (por parapolítica) a varios exlegisladores cuya responsabilidad penal por esta colaboración había sido establecida anteriormente”. Además, la organización internacional señala que aumentaron los señalamientos de los presuntos nexos del expresidente Álvaro Uribe con los paramilitares. 

Uno de los mayores reproches al Gobierno fue la posición que tomó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues negó que fuerzas militares hubieran participado en violaciones de derechos humanos cuando la justicia colombiana ya los había juzgado por ello. 

“El Gobierno sostuvo que en 1998 las FARC asesinaron a 17 civiles en Santo Domingo, Arauca, a pesar de varias sentencias dictadas en Colombia que establecían la  responsabilidad de miembros de la Fuerza Aérea por la masacre”, recuerda la HRW. 

En el 2012, se desplazaron 150.000 personas que se suman a los cinco millones de desplazados en el país. Esto, según HRW, convierte a Colombia en la segunda población más grande del mundo en desplazados internos.

Sobre la restitución, uno de los programas bandera del gobierno, HRW aseguró que el gobierno ha conseguido apenas “avances limitados”.

“El Ministerio de Agricultura estimó que para fines del 2014 se dictaría sentencia en casi 80.000 casos de restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas. No obstante, hasta septiembre del 2013 el Gobierno había obtenido sentencias que ordenaban la restitución en 666 de las más de 45.000 solicitudes recibidas”.

Pero para septiembre del 2013, el mismo gobierno informó que sólo tres familias habían retornado a sus tierras como resultado de sentencias de restitución.

Sobre los falsos positivos, el informe indica que “el número de presuntas ejecuciones ilegales atribuidas a miembros de la fuerza pública se redujo drásticamente a partir del 2009, si bien durante el 2012 y el 2013 se registraron algunos casos”.

La organización apunta que hasta junio del 2013, se había asignado a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía la investigación de 2.278 casos de presuntos falsos positivos, pero sólo había 189 casos con condenas. 

“Las condenas alcanzaron a 605 miembros del Ejército, de los cuales 91 eran oficiales (en su mayoría de grados inferiores). Más de 40 coroneles y tenientes coroneles del Ejército estaban siendo investigados, pero solamente cuatro habían sido condenados en el momento en que se redactó este informe”. 

En cuanto a los grupos armados ilegales, HRW denuncia que las FARC siguen asesinando y amenazando civiles, a la par que continúan con los desplazamientos forzados y el reclutamiento infantil. Incluso en septiembre del 2013, la Defensoría del Pueblo señaló que esa guerrilla estaba reclutando a niños indígenas paeces. 

Además, la organización internacional recalcó que entre enero y agosto del 2013 murieron 13 civiles por minas antipersonal y hubo 107 heridos, de acuerdo con las cifras gubernamentales. 

En cuanto a las bacrim, HRW reprocha que “a pesar de los notables avances en la captura de sus líderes, las autoridades colombianas no han contrarrestado significativamente el poder de los grupos sucesores de paramilitares”. 

Una prueba de ello es que mientras en julio del 2009 la Policía aseguró que había 4.037 miembros de estos grupos en 173 municipios, la cifra de mayo del 2013 no es mucho menor: 3.866 en 167 municipios.

“Estos grupos aún mantienen su poder, entre otros motivos, debido a la tolerancia y a la connivencia de miembros de la fuerza pública local”, afirma el estudio.

Lea el capítulo correspondiente a Colombia.