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| 5/22/2015 12:00:00 AM

¿Error militar en masacre de 11 uniformados?

Así lo deja entrever la Procuraduría en el inicio de la investigación contra nueve mandos militares.

En medio de las complicaciones que han surgido para el proceso de paz, esta vez por un operativo del Ejército que dejó muertos a 26 guerrilleros en Guapi (Cauca), las investigaciones por ahora se centran en el ataque guerrillero que dejó a 11 militares muertos en Buenos Aires (Cauca), hace poco más de un mes.

En su momento el comandante del Ejército, Jaime Lasprilla, dijo que el ataque de las FARC fue “planeado, deliberado y premeditado, precisamente porque las tropas se encontraban realizando control militar de área”, igualmente dejó claro que siempre estuvo la institución al tanto para prestar apoyo a los militares en esa zona.

Sin embargo, este viernes, el caso tomó un giro de 180 grados. La Procuraduría anunció una investigación contra dos oficiales y siete suboficiales por posibles irregularidades al interior del Ejército en el momento de socorrer a los uniformados en la zona.

En el documento de 10 páginas, la Sala Disciplinaria abre investigación contra nueve miembros del Ejército pertenecientes a Fuerza de Tarea Apolo y asignados al municipio de Buenos Aires. Para el Ministerio Público, el mando militar pudo haber sido responsable por omisión.

“Presuntamente faltaron a la verdad en diversas oportunidades, entregaron información vital que no correspondía con la realidad o la ocultaron, incumplieron órdenes, instrucciones, recomendaciones e informes superiores y posiblemente desconocieron de manera ostensible varios de sus deberes previstos en sus manuales correspondientes”, dice el documento.

Para la Procuraduría, no se tuvieron en cuenta las mínimas normas de precaución en una zona roja como lo es el municipio de Buenos Aires. Al parecer, no tenían equipos nocturnos y no había en la zona un oficial que dirigiera las operaciones.

En la investigación "se busca aclarar si desplegaron todos los mecanismos de control y seguridad sobre la tropa que se encontraba en el área de operaciones y qué dispositivos emplearon para hacer seguimiento a la batalla y a sus órdenes con miras a evitar la indisciplina táctica”, señala la decisión.

Para la Procuraduría, la falta de comunicación entre los superiores y los militares que se encontraban en terreno “puso en peligro a la población civil de la vereda La Esperanza del municipio de Buenos Aires, probablemente pudieron influir de manera determinante para que se diera el ataque premeditado y violento en forma de avasallamiento del que fueron víctimas por parte de miembros de las FARC”, precisa el texto de la apertura de la investigación.

Dentro de las pruebas decretadas en el auto de apertura de investigación preliminar se destaca una memoria USB que es considerada la prueba ‘reina’ de la investigación, que está siendo analizada por los investigadores de la Procuraduría. Igualmente se ordenaron visitas a las sedes del Ejército y a la Fiscalía de Cauca para recaudar material probatorio.

Con esta investigación, el ente de control disciplinario deja abierto un gran interrogante respecto al despliegue del Ejército en sus operaciones y de las medidas adoptadas en relación con los soldados que se encuentran en zonas rojas.
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