Huelga paraliza la Gran Vía Yuma

Un proyecto vial que conecta el Magdalena Medio con Antoquia arrancó con el pie izquierdo. Apenas unos meses después de que comenzaron las obras ya afronta su primer tropiezo por una huelga de trabajadores que tiene en alerta al consorcio encargado de la construcción y a las entidades nacionales y departamentales que participan en el proyecto.

Se trata de la Gran Vía Yuma, una carretera de tan solo 30 kilómetros en doble calzada, pero que es estratégica no sólo porque facilita la interconexión de Santander, Norte de Santander, Antioquia y el sur de Bolívar, sino porque permite el desarrollo de Barrancabermeja, el principal puerto petrolero del país, le da vía libre a la conexión con la Ruta del Sol y el río Magdalena y en el futuro se convertirá en un punto de comunicación con Venezuela.

Es tanto el interés de sacarla adelante, que para llevarla a cabo se unieron el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Gobernación de Santander, la alcaldía de Barrancabermeja y Ecopetrol, que aportará el 50 % de los 300.000 millones de pesos que cuesta la obra. Esta es la primera vez que la petrolera participa en un proyecto vial de esta naturaleza.

La iniciativa había superado varios de los grandes obstáculos que se presentan en la construcción de las carreteras colombianas porque cuenta con los estudios, los diseños y la licencia ambiental aprobada. Hace dos meses comenzó la construcción de un puente sobre la ciénaga de Palotal, en uno de los tres tramos del proyecto. Y apareció el primer gran obstáculo. Un grupo de trabajadores –85 de los 100 inicialmente contratados- conformó el sindicato Sintrayuma y presentó un pliego de peticiones en el que exige mejoras salariales y laborales.

Entre las peticiones está un incremento salarial del 50 % porque considera que el sueldo de 600.000 pesos mensuales es muy bajo, y disminuir de 48 a 45 horas semanales la jornada laboral, entre otras solicitudes. Los trabajadores se declararon en huelga y paralizaron la ejecución de las obras.

Ante esa decisión, el malestar no se hizo esperar. Las entidades que hacen parte del convenio, así como el consorcio encargado del proyecto, del que hacen parte los hermanos Solarte y Cass Constructores, sostienen que esta parálisis pone en entredicho su ejecución porque las demandas del sindicato la encarecen sustancialmente. Argumentan que los trabajadores tienen condiciones económicas similares a la de otros proyectos viales y que reciben cada mes beneficios salariales adicionales por 372.000 pesos por concepto de almuerzos, transporte e hidratación, entre otros.

En el fondo de esta protesta está el hecho de que como uno de los principales aportantes es Ecopetrol, los trabajadores sindicalizados quieren que les reconozcan beneficios similares a los que paga la petrolera a sus empleados. El respaldo de la Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato de la industria petrolera, se ha convertido en un elemento adicional para ejercer presión.
 
Germán Grajales, secretario técnico del Invías, dice que este no es un proyecto de hidrocarburos sino vial y por lo tanto opera bajo los parámetros del Ministerio de Transporte y del Invías. Félix Jaimes, representante de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, señala que con la huelga se pone en riesgo la obra, el desarrollo de Barrancabermeja y el trabajo de decenas de personas que no cuentan con mayores opciones laborales en esta ciudad. “Esta protesta es insólita. Las aspiraciones son desbordadas porque el sindicato aspira a tener salarios petroleros”, dice el dirigente.

Para el Gobierno es claro que si ceden en estas pretensiones, se sentaría un mal precedente para otros proyectos viales que se están ejecutando actualmente, como la Ruta del Sol, la principal vía que conectará el centro del país con la costa atlántica. Pero también sería un mal mensaje para empresas como Ecopetrol, que hacen gestiones para apoyar esta clase de iniciativas con el fin de sacarlas adelante en el menor tiempo posible, en un país en que construir una carretera se ha vuelto una tarea titánica.

Lo cierto es que este conflicto laboral es uno de los tantos obstáculos que afrontan los grandes proyectos viales del país relacionados con la compra de precios, los líos con las comunidades y las demoras en las licencias ambientales y que se han convertido en una 'mula muerta’ que frena el avance de la locomotora de la infraestructura.