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| 1/29/2015 7:00:00 AM

Human Rights Watch critica severamente a Mindefensa

Según la ONG, varios proyectos liderados por Juan Carlos Pinzón "limitarían" el juzgamiento de los falsos positivos, lo que favorece la impunidad.

Pese a las negociaciones que hoy por hoy adelanta el Gobierno con la guerrilla de las FARC, la impunidad y las violaciones a los derechos humanos derivados de décadas de conflicto siguen siendo una constante en el país. Por lo menos así lo registra la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW).

En su informe anual, la organización advierte que en el 2014 América Latina no registró mejorías en temas relacionados con violación a los derechos.

Colombia no fue la excepción y, al igual que países como México, Venezuela y Cuba, no sale muy bien librada. HRW señala que el país ha sufrido un revés en un campo, como son los Derechos Humanos, que sigue suscitando preocupación en la región.

Para la organización, a pesar de los intentos de negociar la paz, la violencia sigue lastrando el país. Aunque uno de los puntos que más llaman la atención es el 'jalón de orejas' que le hace la ONG al gobierno colombiano.

Por cuenta de varios proyectos legislativos que violan los derechos humanos, Human Rights Watch lanza una dura crítica no sólo contra el gobierno del presidente Santos, sino también contra uno de sus escuderos.

Se trata del ministro de Defensa, Juan Carlos Pizón, quien lidera varios proyectos que, según la organización, "limitarían" el juzgamiento de los asesinatos de civiles perpetrados por militares, lo que favorece la impunidad.

HRW no cree en la reforma a la justicia penal militar. Ya lo había advertido la organización el año pasado. Mientras más poder tenga la justicia penal militar, habrá menos justicia en los casos en los que la fuerza pública esté implicada en violaciones al derecho internacional humanitario y derechos humanos.

“El ministro de Defensa y los altos mandos militares han realizado acciones tendientes a desacreditar las investigaciones de los falsos positivos”, dice el informe.

Proyectos legislativos como el de la justicia penal militar y el del marco jurídico para la paz “generarían un grave riesgo de que estas causas se transfieran de la justicia penal ordinaria al sistema de justicia militar, que carece de independencia y tiene un deplorable récord en materia de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos”, resalta.

Uno de los casos que recoge el informe es el ocurrido en septiembre pasado en el que luego de que se conoció que varios fiscales habían solicitado que se iniciara una investigación contra nueve generales del Ejército por falsos positivos, el ministro de Defensa indicó que se le estaba asignando un exceso de atención al testimonio sobre el cual los fiscales basaban sus solicitudes.

Dice el texto que a este lamentable panorama se suma la implementación “sumamente lenta” tanto de la Ley de Justicia y Paz como del proceso de restitución de tierras. Pues ambas se han ejecutado en un tensionante ambiente de “amenazas y ataques” contra defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas.

La ONG deja claro que “el conflicto armado interno” sigue siendo un problema mayúsculo, especialmente por los “serios abusos de los grupos armados irregulares”, que incluyen “las guerrillas y los grupos paramilitares que emergieron luego de las desmovilizaciones que se dieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez".

Otro problema son los abusos de la guerrilla, de los sucesores de los paramilitares, que, según dice, reciben apoyo de actores estatal y el fracaso de la ley de Justicia y Paz.

Finalmente, el informe trae a colación el polémico caso de Gustavo Petro. Dice que el Gobierno intentó retirar de su cargo al mandatario local a pesar de la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pedía que no se hiciera.

Para ver el informe completo, haga click aquí.
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