“El mayor reclamo de las víctimas es la reparación”

Siete meses después de que el Gobierno y las FARC firmaran en La Habana el acuerdo en materia de justicia transicional, en Colombia los interrogantes sobre la forma cómo se van a investigar y sancionar los crímenes del conflicto, y cómo se garantizarán los derechos de las víctimas, siguen despertando interrogantes, temores y hasta críticas.

Desde entonces, las agitadas discusiones se han concentrado en la palabra “cárcel” o en la restricción efectiva de la libertad para sancionar a los principales responsables de los más graves delitos. Mientras unos sectores respaldan los acuerdos firmados por las partes, otros advierten los posibles riesgos que en materia de impunidad pueda contener los acuerdos pactados.

Esas fueron las principales posturas que se enfrentaron en el panel ‘Justicia para la paz’, adelantado por Foros Semana y la embajada de Suecia en Colombia.

La mesa redonda de discusiones, que concentró a diferentes sectores políticos y académicos, fue instalado por el propio jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, que trató de aclarar los verdaderos alcances del sistema de justicia transicional acordad en Cuba.

La primera aclaración hecha por De la Calle es que el componente de justicia debe ser observado desde un marco más amplio, integral, cuyo epicentro son los derechos de las víctimas.

Según el jefe negociador, a través de todos los canales de participación, se recibieron en la Mesa unos 27.000 aportes sobre el tema de víctimas. De estos aportes, el 34 % corresponden a reclamos en materia de reparación, 16 % se concentraron en el derecho a la verdad, y sólo 11 % fueron exigencias en materia de justicia. La conclusión elaborada por De la Calle es que el mayor reclamo de las víctimas es la reparación.

En ese sentido, dijo que la medida impunidad debe ser vista en relación con el grado de satisfacción de las propias víctimas, mucho más que en los paradigmas de la organización del derecho penal tradicional.

Lo que se acordó en La Habana, explicó, es que se le ha dado un mayor componente restaurativo a la sanción, que punitivo. De la Calle dijo que el acuerdo en materia de justicia “no es solo tragarse un sapo”, sino que va más allá, “es dar un paso a la estabilidad  del Estado de Derecho”.

Aclaró que aunque el Estatuto de Roma contiene disposiciones relativas a las penas en los procesos ante la Corte Penal Internacional, no prescribe un tipo específico de duración de las condenas que los estados deben imponer por crímenes ante esa jurisdicción. 

“En temas de penas los estados tienen amplia discresionalidad”, dijo para advertir que el acuerdo de La Habana está dentro del marco trazado por la CPI.

La reparación

Según el jefe negociador, el texto de La Habana consagra el principio de reparación  material que significa que los responsables de los crímenes son quienes deben reparar directamente a las víctimas.

La reparación, en su concepto, va más allá que la indemnización monetaria, y que no solo incluye a las FARC sino a otro tipo de responsables.

Y ante la discusión sobre el dinero de la guerrilla, De la Calle hizo énfasis que ninguno de los mecanismos existentes para recuperar bienes adquiridos de manera ilícita ha sido debilitado en La Habana. “Ninguno. Todos esos mecanismos están vivos”.

Para el negociador del Gobierno, el acuerdo es novedoso en cuanto a que otros conflictos en el mundo concluyeron, o guardando silencio en el tema de justicia, o limitándose solo a los aspectos relacionados con la verdad.

Pero en este caso hay justicia. “Sin caer en patrioterismo exagerado, los colombianos deben estar orgullosos de esta solución”, señaló De la Calle.

Sobre la Comisión de la Verdad, también incluida en el componente de víctimas, no tiene las pretensiones de remover el pasado, sino que busca una nueva narrativa de la historia, en la que puedan convivir la verdad del uno con la verdad del otro. La política no debe ser “la del avestruz”.