La polémica declaración de Humberto de la Calle

Hace dos semanas, cuando la Comisión Primera del Senado aprobó el voto obligatorio para las próximas tres elecciones, todas las miradas se volcaron hacia el jefe negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle.

Porque, con la decisión de obligar a los ciudadanos colombianos a acudir a las urnas, se podría superar con facilidad uno de los escollos que hoy se posan sobre el mecanismo de refrendación de los eventuales acuerdos de paz a los que se llegue con la guerrilla de las FARC, el del umbral de participación necesario para que el mecanismo pueda ser aprobado mediante el voto popular.

De la Calle, de tiempo atrás, ha defendido a capa y espada la fórmula del referendo para refrendar los acuerdos. Lo hizo cuando le dijo “no” a la asamblea Constituyente propuesta por las FARC, y lo hizo el año pasado en el Congreso de la República.

Pese a ello, el jefe negociador ha sido consciente de las dificultades que supone el referendo. La principal, la Constitución establece que para ser aprobado debe ser votado, mínimo, por la cuarta parte del censo electoral. El Censo electoral vigente, según la Registraduría, es de 32,9 millones de colombianos habilitados para votar. Eso quiere decir que el referendo para la paz necesita de la participación de 8,2 millones de ciudadanos.

La historia reciente del país ha demostrado el elevado índice de abstención de los colombianos. Por ejemplo en las elecciones de este año, tanto de presidente como de Congreso, alcanzaron niveles del 60 %.

Si la participación en estos comicios es escasa, más aún lo es para otras elecciones. Por ejemplo, en 2003, el referendo que promovió Álvaro Uribe no superó el umbral de partición. Y las revocatorias de mandatos de alcaldes, y las elecciones atípicas, no superan el 30 % de la participación necesaria, según un reciente informe estadístico del Ministerio del Interior.

Por eso, cuando el Congreso aprobó (en primero de ocho debates) el voto obligatorio, la decisión política fue interpretada como una ‘carambola’ del gobierno para despejarle el escollo de la participación a un eventual proceso de refrendación.

Pero fue el propio De la Calle quien salió a despejar cualquier presunto interés alrededor del voto obligatorio.

En España, durante una conferencia en la Universidad Camilo José Cela, el jefe del equipo negociador se opuso al voto obligatorio al señalar que “no puede ser una manera truculenta de evitar los márgenes y umbrales de participación mínima que hoy exige la Constitución”. Claramente hacía referencia a un eventual referendo.

De la Calle, incluso, dijo que el gobierno presentó la reforma de poderes sin ese artículo, y que fue el Congreso en su autonomía el que decidió aprobarlo. Sin embargo, no pidió eliminar esa propuesta, y el gobierno tampoco lo ha hecho.

A pesar de lo dicho por el funcionario, el gobierno no ha escatimado esfuerzos para despejar el camino al referendo.

El propio De la Calle, y el comisionado de Paz Sergio Jaramillo, fueron en septiembre del año pasado a pedirle al Congreso que permitiera que el referendo coincidiera con otras elecciones, como lo prohíbe la Ley de referendos.

El 3 de septiembre del año pasado, el jefe del equipo negociador dijo a la plenaria del Senado que los mecanismos de participación ciudadana fracasan por la falta de “cultura electoral” y porque el umbral establecido por la ley, del 25 % del censo electoral, “se ha convertido en un obstáculo insuperable”.

Por eso le pidió al Congreso que permitiera que el referendo por la paz  pudiera coincidir con cualquiera de las demás jornadas electorales. La intención era aprovechar que los ciudadanos van a elegir a sus candidatos, y de paso, refrendar los acuerdos de paz.

Esa ley que permitió la coincidencia de los referendos y las elecciones que hoy está en estudio de la Corte Constitucional, fue la primera maniobra para facilitar el ambiente para el referendo por la paz. El voto obligatorio lo beneficiaría aún más, aunque al jefe negociador le parezca una “maniobra” que no se debería permitir.