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| 3/4/2015 4:40:00 PM

Juez suspende construcción de proyecto en La Conejera

Un tribunal decretó medidas cautelares sobre el humedal y pide suspender la licencia de construcción del proyecto, que tenía en aprietos al alcalde Gustavo Petro.

El personero de Bogotá, Ricardo María Cañón, acaba de ganarle un pulso al alcalde Gustavo Petro. Consiguió que de forma unánime tres magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedieran medidas cautelares sobre el predio aledaño al humedal La Conejera, en el occidente de Bogotá. Actualmente en el lugar se adelantaba la construcción de un proyecto de vivienda multifamiliar que, según varios estudios técnicos, podría poner en riesgo el ecosistema de un humedal que ha sido declarado zona de reserva.

Se trata del proyecto ‘Urbanización Fontanar del río A-1 Etapa VIII’, como se leía -hasta hace unos meses- en los anuncios publicitarios. Y aunque pareciera uno de los tantos proyectos de vivienda que se construyen en la ciudad, este terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza para Petro y su administración.

Primero, porque pese a las advertencias técnicas respecto a que este proyecto invadía el 4 % de la zona de humedal protegida, la administración, a través de la Curaduría 2, terminó concediendo la licencia a la firma Praga Servicios Inmobiliarios S. A.

Y segundo, porque Noticias Uno descubrió, el pasado mes de noviembre, que en la junta directiva de esa empresa figura Juan Carlos Alcocer García, hermano de Verónica Alcocer, la esposa de Petro. Además, aparecía también el nombre de Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, concuñado de Petro y quien estuvo implicado en un escándalo por su presunta injerencia en la millonaria prórroga de los contratos de Transmilenio.

En ese momento empezó la suspicacia. Por eso Petro tomó la decisión de declararse impedido para los asuntos de La Conejera, aunque el personero de la Ciudad puso una acción popular en su contra para que la administración reversara la licencia de construcción a la mencionada firma.

Dos meses después de haber interpuesto esa Acción Popular, los magistrados Felipe Alirio Solarte Maya, Luis Manuel Lasso y Claudia Elizabeth Lozzi decretaron la suspensión provisional parcial de la licencia de construcción en el 4 % de la zona en la que se afectaba el humedal. Quiere decir que la firma Praga no podrá seguir construyendo donde tenía proyectado ubicar los parqueaderos, los salones sociales y el BBQ de dicho edificio.
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