Humo gris

Tras casi cuatro meses de marchas, protestas, estudios, discusiones y más discusiones, el Ministerio radicará esta semana en el Congreso de la República el proyecto que busca reformar la educación superior.

Lo cierto es que al proyecto inicial que el propio presidente Juan Manuel Santos anunció a comienzos de marzo se le hicieron cambios sustanciales con los que será presentado para la nueva legislatura, lo que demuestra que los rectores de las universidades públicas y privadas fueron escuchados y se apuntaron el primer asalto.

Tras una reunión entre la ministra de Educación, María Fernanda Campo, y los representantes de los rectores de las universidades públicas y privadas del país, el martes pasado, varias cosas quedaron claras. La primera es que la reforma no solo buscará aumentar la cobertura y mejorar la calidad universitaria, sino que se buscará con el proyecto crear una ley que organiza el Sistema Nacional de Educación Superior y regula la prestación de ese servicio. Esto quiere decir que además de las universidades, las entidades técnicas y tecnológicas, Colciencias y otras entidades que funcionaban como ruedas sueltas, quedarán operando bajo un solo paraguas.

Si bien el Ministerio de Educación y el gobierno han acogido con generosidad las propuestas que han hecho los rectores, profesores, estudiantes y expertos, aún hay dos puntos en los que se mantienen las diferencias y que serán resueltos en el Congreso: la creación de universidades privadas con ánimo de lucro y la forma como se repartirán los millonarios recursos que llegarán a este sector. "Aunque el gobierno está haciendo un esfuerzo gigantesco para aumentar en más de 1,5 billones de pesos los recursos para la educación superior, además de los que llegarán regionalmente por la nueva Ley de Regalías, se requiere que llegue capital privado que permita que los 3.200.000 jóvenes entre 17 y 27 años que se quedaron por fuera de la educación técnica y superior, junto a los 620.000 bachilleres que se gradúan al año, puedan acceder a la educación superior", advierte la ministra María Fernanda Campo.

Eso, según el gobierno, solo es posible a través de la creación de nuevas universidades privadas con ánimo de lucro o que faciliten que fondos de pensiones, de inversiones, empresas privadas o bancos, entre otros, se unan a las sin ánimo de lucro ya existentes, para aumentar la oferta educativa.

Aunque el gobierno no ha dado su brazo a torcer en este punto, aceptó varias propuestas. La primera es que ninguna universidad privada con ánimo de lucro podrá recibir apoyo financiero del Estado, y el capital y los socios deberán pasar por el visto bueno del Ministerio de Hacienda y las autoridades fiscales. De igual manera, deberán consolidar una garantía para responder por los créditos oficiales que reciban los estudiantes, con el fin de evitar lo que ocurre hoy con muchas universidades, que reciben a miles de estudiantes financiados por el Icetex y que después desertan y dejan de responder por los créditos.

Además, las instituciones con ánimo de lucro tendrán un límite de estudiantes, para evitar posiciones dominantes; habrá supervisión del Ministerio de la distribución de utilidades y tendrán una autorización inicial de cinco años. Y frente a la posibilidad de que se asocien a las ya existentes, habría límites en la inyección de capital y en la distribución de utilidades. "Hay ya tantos límites y trabas, que será difícil que algún inversionista serio se le mida a entrar a este negocio", dijo el presidente de un fondo de pensiones.

El otro tema polémico, que tendrá un gran debate en el Senado, pues toca las fibras de las regiones, será el de la financiación. El gobierno aceptó que a partir del próximo año hasta 2022 incrementará 3 puntos porcentuales por encima del IPC los recursos que les gira a las universidades. Solo entre 2012 y 2014 serán 415.000 millones de pesos adicionales. El problema está en cómo se repartirán, pues servirán en adelante para fijar el presupuesto anual de cada claustro.

Mientras que la Universidad Nacional plantea que la mitad (el 1,5 por ciento) se reparta igual que el presupuesto, lo que la beneficia a ella y a las más grandes, como la de Antioquia, la del Valle y la UIS, el gobierno plantea que estos millonarios recursos se distribuyan de acuerdo con el aumento de cobertura regional, al mejoramiento de la calidad e investigación, lo que beneficia a las universidades públicas de provincia y obliga a las grandes a pelear codo a codo por la plata.

Además de la disputa por estos recursos, las universidades públicas y sin ánimo de lucro también deberán competir por el 10 por ciento de las regalías que será destinado para ciencia, tecnología e investigación, una cifra cercana al billón de pesos. Además, se establece que los departamentos y municipios podrán invertir en dotación de infraestructura educativa. "Nunca antes la educación había recibido tantos recursos adicionales", dice la ministra. El problema es evitar que estos se despilfarren y que los centros educativos se escuden en su autonomía universitaria para gastarse la plata en lo que se les dé la gana.

Gaspar Hernández Camaño, asesor de la rectoría de la Universidad del Atlántico, dijo que es claro que las grandes universidades del país se llevan gran parte del presupuesto, por lo que el gobierno debe buscar que les llegue más a las pequeñas. "Además se debe buscar que los municipios también ayuden a financiarlas, pues en nuestro caso la mayoría de estudiantes son de Barranquilla, pero la ciudad no aporta un peso para la universidad".

Rodolfo Polo, rector de la Universidad de Cundinamarca, dijo que el gobierno y el Congreso deben buscar la forma para cerrar la gigantesca brecha que hay entre las grandes universidades con las pequeñas. "Mientras que a nosotros el Estado nos da 1.500.000 pesos por estudiante al año, a la Nacional le da más de ocho millones".

Otro punto que está en discusión es el de la protección de la autonomía universitaria. Para mantenerla, los rectores redactaron un proyecto de ley estatutaria, pero frente a la posibilidad de que esta no tenga validez, el Ministerio de Educación decidió incorporar los más importantes al proyecto de reforma. De igual manera, otros aspectos que preocupaban a las universidades, como la permanencia del consejo superior y los académicos, la doble instancia en las investigaciones que se adelantan contra ellas o el mantenimiento del actual esquema para certificar la calidad, fueron aclarados en favor de los centros educativos.

Lo cierto es que en estos meses hubo una discusión franca que permitió acercar los planes del gobierno y los deseos de las universidades. Pese a todo lo logrado, el camino apenas comienza en el Congreso.