Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2016/01/26 21:12

Juez protagonizó insólito caso de acoso laboral en Ibagué

El CSJ lo destituyó e inhabilitó por 10 años, por amenazar a una subalterna que se negó a ayudarle a hacerse a un crédito.

La víctima presentó una queja disciplinaria contra el juez. Foto: Archivo SEMANA

El escándalo en el que se ha visto envuelto el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, tiene los ojos de los medios de comunicación puestos sobre los casos de acoso laboral que podrían tener lugar en el ejercicio de la función pública. La justicia no se ha escapado de ese visor y así lo demuestra la sanción que recibió un juez que protagonizó un increíble caso abuso de poder en Ibagué.

El Consejo Superior de la Judicatura sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años a un juez penal de la capital tolimense que amenazó a una de sus subalternas con dejarla sin trabajo si no le colaboraba para hacerse a un crédito por 10 millones de pesos.

Jorge Enrique Páez García es un juez que se dedicaba a presidir y resolver audiencias de legalización de capturas e imposición de medidas de aseguramiento contra temidos delincuentes, entre otros procesados por las autoridades en Ibagué.

Al parecer, su contribución a la judicialización de hombres y mujeres sospechosos de cometer los más espeluznantes delitos quedó empañada por la relación que tejió con algunos de sus subalternos. Su oficial mayor relató, en una denuncia, cómo ella y algunos de sus compañeros resultaron siendo víctimas de las necesidades económicas que, presumiblemente, aquejaban a este penalista.

Aparentemente, la situación financiera del juez era apremiante a más no poder. Tanto, que se vio obligado a utilizar su poder para obligar a sus empleados a que le ayudaran, sí o sí, a hacerse con un préstamo por 10 millones de pesos. Al menos así lo deja ver el testimonio de la mujer que dice haber sido blanco de la incómoda petición.

Según lo dicho por ella, el juez Páez le pidió ayuda para obtener el préstamo en Coopjudicial, una de las cooperativas de empleados de la rama judicial. Ella expresó tener sus reservas, al recordar que dos de sus compañeros de trabajo habían sido sometidos a esa misma situación. Por eso, dijo, se negó a prestarle ayuda a su jefe.

A la ya inusitada proposición se sumó la insólita respuesta del juez. Al parecer, estaría dispuesto a asegurarse de que la empleada fuera marginada del juzgado si se resistía a cooperar. “El préstamo, o se va” fue la expresión que, según la quejosa, utilizó el jurista para obligarla a colaborar.

El impasse habría generado una discusión más que acalorada. Otros empleados y demás jueces que laboraban en el complejo judicial de Ibagué dijeron haber sido testigos del desencuentro. Al parecer, la víctima no sólo se opuso a prestarse para concretar las intenciones del togado, sino que lo llamó criminal.

Tras consultarlo con un amigo, la mujer interpuso una denuncia ante la Fiscalía. Además, presentó una queja disciplinaria contra Páez García ante el Consejo Seccional de la Judicatura de la capital tolimense.

El juez se defendió. Trató de explicar que lo que buscaba de su empleada era que figurara como titular del préstamo, en el cual él haría las veces de codeudor. Dijo que lo hizo teniendo en cuenta que en otra oportunidad él fue el titular de un compromiso crediticio que habían tomado la oficial mayor y su novio.

Pero, ante la contundencia de las evidencias, ese órgano jurisdiccional le impuso al togado una ejemplar sanción que parece llamar la atención sobre los abusos de poder de quienes ocupan las más altas dignidades del Estado. Lo destituyó e inhabilitó en el ejercicio de funciones judiciales por 10 años.

Pese a los alegatos del sancionado, el Consejo Superior de la Judicatura ratificó la sanción, lo que le impedirá seguir desempeñándose en funciones jurisdiccionales durante la próxima década. La determinación puede sonar ejemplarizante en estos días, cuando se habla de presiones y abusos de jefes contra sus subordinados.

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