Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2016/01/07 20:23

La estrategia del ICBF para frenar el robo de los recursos de la niñez

Las denuncias de la entidad permitieron la captura de exfuncionarios y contratistas sospechosos de un fraude cercano a 3.000 millones de pesos.

El rol del ICBF en el descubrimiento del desfalco. Foto: Cortesía Defensoría del Pueblo

En las últimas horas se produjo la captura de 13 presuntos artífices del desfalco a los recursos de la niñez de La Guajira y Atlántico. Todo gracias a la gestión del ICBF, que durante más de un año indagó sobre la ejecución de millonarios contratos que podrían generar un detrimento patrimonial que por ahora se acerca a 3.000 millones de pesos, pero que la Fiscalía calcula al doble.

La entidad, en cabeza de su directora, Cristina Plazas, denunció los hechos ante el ente investigador y aportó pruebas de lo acontecido. Dio cuenta de la presentación de hojas de vida en las que se falsificaban datos sobre la experiencia de los oferentes a cambio de dinero, cupos para beneficiarios inexistentes, evasión de impuestos y sobrecostos en toda la operación.

Gracias a esta información, los investigadores de la Fiscalía corroboraron que los comprobantes sobre compra de mercados, pago de viáticos y gastos logísticos eran sólo una fachada para justificar el pago de un costo sobredimensionado en la compra de refrigerios y artículos de aseo. En La Guajira se presume que el detrimento superaría los 2.200 millones de pesos y en el Atlántico, 750 millones más.

Casos parecidos se registraron en departamentos como Nariño, donde se logró la condena del exdirector regional Héctor Fabio Quiroz; la de su esposa, María Fernanda Muñoz, y la del particular Ovidio Bernardo Martínez, tras la información aportada por el Instituto. Así lo recalcó el ICBF.

Ante tan desconcertante panorama sobre la ejecución de los recursos para atender a niños de menos de cinco años, la directora de la entidad, Cristina Plazas, tomó las primeras medidas. Por eso, más de 500 operadores serán excluidos de la prestación de los servicios a cargo del organismo.

Para la escogencia de los nuevos operadores, se abrió un banco de oferentes que facilitará la supervisión de las convocatorias. Según Plazas, hay que asegurarse de que quienes obtienen los contratos lo hagan porque alcanzaron los puntajes más altos y, para lograrlo, se contará con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.

Veremos cuál será el resultado del cambio en el método de contratación y el resultado de los procesos penales que se iniciaron contra los supuestos responsables del millonario desfalco. Según el vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, hay 10 sedes regionales del ICBF en las que se registran operaciones tan sospechosas como las que dieron lugar a las capturas producidas en La Guajira y Atlántico.

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