Se complica identificación de desaparecidos del conflicto armado

La identificación de víctimas de la matanza hace 30 años en el Palacio de Justicia en Bogotá evidenció esta semana las dificultades para hallar a los miles de desaparecidos en el conflicto armado de más de medio siglo en Colombia.

Las confusiones a partir de la atribución errónea de identidades en estos casos siembran un manto de duda sobre otros que se creían cerrados, según expertos.

Los restos de tres mujeres, de los 11 desaparecidos tras la toma guerrillera del Palacio de Justicia y su sangrienta recuperación por parte del Ejército, fueron finalmente entregados el martes a sus familiares, luego de que dos de ellas hubieran sido confundidas con otras víctimas durante años.

Los huesos de la empleadas de la cafetería del edificio, Cristina del Pilar Guarín y Luz Mary Portela, reposaban en tumbas atribuidas a María Isabel Ferrer, visitante del Palacio, y a la magistrada auxiliar Libia Rincón.

Los de Lucy Amparo Oviedo, también visitante, habían sido exhumados en 1998 de una fosa común en un cementerio de Bogotá, pero identificados recién ahora.

Un centenar de personas murió y 11 fueron reportadas desaparecidas entre el 6 y 7 de noviembre, cuando la extinta guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) tomó el Palacio de Justicia y el Ejército lo recuperó con tanques de guerra.

Ahora, los parientes de Ferrer y Rincón comienzan desconcertados la búsqueda, mientras los de Guarín, Portela y Oviedo reclaman saber qué pasó.

"Obtenemos una respuesta que nos deja más preguntas", dijo Edison Cárdenas, familiar de Portela, quien asegura que testigos la vieron salir viva del Palacio, con una herida en un brazo. "Nos la entregan como si hubiese muerto dentro. ¿Cómo hizo para salir y volver?", se preguntó.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2014 al Estado colombiano por la desaparición forzada de civiles a los que el Ejército acusaba de participar en la toma o de colaborar con el M-19, que firmó la paz en 1990. Ya hay militares encarcelados por estos hechos.

La Fiscalía, que abrió el jueves una investigación contra altos mandos del Ejército de la época por torturas contra sobrevivientes del Palacio, prometió buscar la verdad.

"Hay que hacer exhumaciones hasta estar seguros de que todos los restos corresponden a la persona correcta", dijo un funcionario de la Fiscalía que pidió el anonimato, y reveló que se analizan otros restos de la fosa abierta en 1998, entre los que puede encontrarse un panameño no registrado entre los desaparecidos.
 
Caos en los cementerios

En el país abundan las fosas comunes donde puede haber desaparecidos de un largo conflicto armado en el que han participado diversos actores, entre guerrillas, paramilitares, agentes del Estado y grupos narcotraficantes.

Según diferentes entidades estatales y de organizaciones de derechos humanos, la cifra oscila entre 22.000 y 106.000 personas.

"La pregunta es: ¿sobre la base de cuál información los vamos a identificar?", dijo Delphine Van Solinge, directora de Protección del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, uno de los entes que participa en la dispendiosa tarea.

En estas fosas ubicadas en los 1.435 cementerios del país, según un balance oficial de 2012, llegan además de los muertos por el conflicto, otros que nadie reclama, lo cual dificulta la tarea de los investigadores.

"Identificar uno o dos muertos, de un universo de 5.000 es muy difícil", recalcó Juan Felipe Berrío, forense del CICR.

Los crueles métodos de desaparición, como los hornos crematorios empleados por paramilitares, obstaculizan igualmente la labor. "Luego están los ríos. (...) Si nadie saca el cuerpo, se lo comen los peces, el agua. Los huesos van al fondo y nadie sabe qué pasó", precisó Berrío.

En democracia
 
Incluso los cálculos más bajos de desaparecidos en Colombia superan los de las cruentas dictaduras latinoamericanas en los años 1970 y 1980. Los expertos atribuyen esto a la extensión de la conflagración y la multitud de actores.

Para el politólogo de la colombiana Universidad de Antioquia, Pablo Angarita, la desaparición forzada, empleada según él mayoritariamente por los paramilitares surgidos para combatir a las guerrillas, era "una estrategia" del Estado para evadir su responsabilidad.

"Así el Estado controlaba a la oposición, a los movimientos sociales, sin que apareciera directamente involucrado", explicó. Y agregó: "Es lamentable que en un Estado que se proclama democrático (...) simultáneamente se fuera desarrollando esta práctica".

Estas milicias irregulares de ultraderecha, desmovilizadas entre 2003 y 2006 a instancias del gobierno, terminaron cometiendo masacres y traficando con drogas.

La guerrilla también tiene su cuota. La semana pasada el gobierno y las FARC, en negociaciones de paz desde hace tres años en La Habana, llegaron a un acuerdo para esclarecer el paradero de quienes nunca más se supo tras caer en su poder.