¿Impedidos?

Esta semana comienza el debate en plenaria de Senado sobre la ley de justicia y paz y ya varios congresistas han cuestionado si algunos de sus colegas deberían declararse inhabilitados por haber sido elegidos en zonas donde se denunciaron presiones paramilitares durante las elecciones de 2002. Para ayudar a despejar estas dudas, SEMANA investigó el comportamiento electoral en regiones de fuerte presencia paramilitar en la Costa Caribe para ver si había cambiado desde la llegada de las autodefensas.

Es difícil establecer si la gente votó masivamente por estos congresistas por presión de los paramilitares o porque, como afirman los ganadores, quería una renovación política, o simplemente porque creía en ellos. Además, aun si muchos hubiesen votado bajo presión de los grupos armados, eso de ninguna manera significa que contaran con la complicidad de los políticos elegidos. Es más, varios de ellos explicaron a SEMANA con lujo de detalles por qué lograron votaciones tan altas.

Es preocupante de todos modos la coincidencia entre la presencia paramilitar y los comportamientos electorales atípicos. De ahí que la Cámara de Representantes haya introducido la semana pasada un artículo en el nuevo código electoral que ordena investigar cualquier elección en la que un candidato arrase con más del 70 por ciento de la votación. Por las mismas razones, el debate sobre las inhabilidades frente a la ley de justicia y paz que definirá el futuro de los jefes de las AUC está sobre la mesa.

El caso más polémico es el del departamento del Magdalena. A partir de 2000 las AUC iniciaron una ofensiva para consolidar su proyecto paramilitar en todo el norte del país, desde el golfo de Urabá hasta La Guajira. Según lo explica un documento del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República que será publicado próximamente, las autodefensas buscaban cortar la comunicación que tenía la guerrilla entre la Serranía del Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande del Magdalena. Los guerrilleros utilizaban este corredor para el tráfico ilegal de armas y de drogas y el suministro de logística.

Las autodefensas entraron a la región matando. El 22 de noviembre de 2000 asesinaron a más de 60 personas en Nueva Venecia, municipio de Sitionuevo, lo que provocó el desplazamiento de unos 4.000 habitantes hacia la cabecera municipal y los municipios vecinos.



Como suele suceder, su llegada disparó la tasa de homicidios en varios municipios. Muchos de sus ataques fueron dirigidos contra políticos de la zona. Entre 1999 y 2004, asesinaron a los alcaldes o ex alcaldes de El Banco, Cerro de San Antonio, Retén y Zona Bananera. "De esta manera dieron paso a un nuevo ordenamiento político que favoreciera y protegiera sus intereses", concluye el mismo informe.

El frente 'John Jairo López', de 'Jorge 40', tiene actualmente presencia ?según la Vicepresidencia? en 14 de los 23 municipios del Magdalena.

Exactamente en esos municipios SEMANA descubrió un nuevo patrón electoral durante las pasadas elecciones a Congreso. Allí, tanto para Cámara como para Senado, los candidatos victoriosos ?Jorge Luis Caballero, Alfonso Antonio Campo, Salomón de Jesús Saade, Dieb Maloof, José Gamarra? obtuvieron votaciones superiores al 80 por ciento, algo inédito en el departamento. No sólo el informe de la Vicepresidencia sino testimonios recogidos por SEMANA confirman que allí las autodefensas tuvieron injerencia en las elecciones para Congreso y alcaldías, donde se presentaron muchos candidatos únicos, y otros que no pudieron retirar su nombre del tarjetón tuvieron que hacer campaña para que la gente no votara por ellos. "Se repartieron los municipios a lo largo del río Magdalena en tres círculos. Cada círculo votaba por un solo representante y por un senador", dijo un político local. Según los testimonios recogidos, las autodefensas no amenazaban directamente a los candidatos sino a sus enlaces en los pueblos. "Los amigos no te recibían. De esa manera desaparecías del tablero", dijo a SEMANA otro político.

Aunque Joaquín Vives, reconocido gamonal electoral de la zona y quien disminuyó radicalmente su votación en estos municipios, no quiso hablar con SEMANA, en un discurso en Bucaramanga el año pasado denunció que la "asociación de políticos y las AUC habían secuestrado la democracia".

En Cerro de San Antonio, por ejemplo, donde mataron al alcalde en 1999 y Vives había sacado 4.007 votos en las elecciones de 1998, en las de 2002 sacó ocho votos. El ex gobernador Jorge Luis Caballero obtuvo allí el 93 por ciento de la votación y en el Piñón, el 97 por ciento. "Esos votos no eran de Joaquín Vives sino de mi hermano José Ignacio Caballero, que era su segundo renglón", explicó a SEMANA Caballero, quien no piensa inhabilitarse en la votación de la ley de justicia y paz. "No he tenido trato con ninguna autodefensa para que me ponga votos a mí. Los votos que yo puse hoy son los mismos que mi abuelo le puso a López Michelsen y los mismos que mi papá les puso a Turbay, a Gaviria, a Samper y al mismo Serpa. No aparecieron hoy", afirmó Caballero. El representante José Gamarra, quien también barrió con votaciones cercanas al 90 por ciento en municipios donde hace presencia el grupo 'Pivijay' del Bloque Norte, tampoco se inhabilitará. "El pueblo castiga al que no cumple", contestó frente a la pregunta de cómo se explicaba que el representante Vives hubiera sacado menos del 5 por ciento en todos los municipios donde dos años antes su votación superó el 85 por ciento. "Cuando fui diputado en 1994 saqué la misma votación. Los paramilitares no tuvieron ninguna incidencia en mi elección", dijo Gamarra.

Los senadores Dieb Maloof y Salomón Saade tampoco se declararán impedidos. "Rotundamente no me beneficié de un proselitismo paramilitar. Lo que pasa es que los políticos tradicionales ya ni iban a esas regiones apartadas. En cambio yo fui por las trochas llevándoles soluciones a los problemas de la gente y me llevé esos votos", dijo a SEMANA el senador Maloof, quien explicó que en varios de los siete municipios donde obtuvo más del 80 por ciento de la votación se debió a alianzas políticas con oriundos del lugar. "A nosotros nos han estigmatizado injustamente por provenir de regiones con presencia de los grupos ilegales de autodefensa". El senador Saade, quien obtuvo votaciones de más del 90 por ciento en Tenerife, Pedraza, El Piñón y Concordia, explicó que ingresó a la política desde 1990 y "nunca ha tenido nada que ver su elección con la acción de los grupos ilegales". Al igual que los demás congresistas, explicó su éxito electoral por alianzas regionales.

En el Cesar operan dos grupos al mando de 'Jorge 40'. En el sur tienen una base comandada por 'Omega' y además, laboratorios para procesar la coca que viene del sur de Bolívar. La coca procesada es transportada por los rieles del ferrocarril hasta Bosconia desde donde la llevan al mar. El otro grupo, el frente John Jairo López, está en los municipios de El Copey, Bosconia, Astrea, El Paso y parte de Valledupar, y también opera en el sur del Magdalena.

La presencia territorial de estos grupos coincide con las dos zonas electorales en que se dividió el departamento en 2002: el G-8, conformado por los ocho municipios de la zona minera en el centro del Cesar, donde el senador Mauricio Pimiento y el representante Jorge Enrique Ramírez barrieron. El otro, el G-11, conformado por los municipios del sur del Cesar, coincide con los lugares donde el representante Miguel Ángel Durán y el senador Álvaro Araújo sacaron grandes votaciones.

"Los alcaldes tenían que poner plata para elegir senador y gobernador", dijo a SEMANA un político local. "Las autodefensas necesitaban ese control político para sentirse más seguros ahora que comienzan a pasar de héroes a villanos". Otra persona de Valledupar, desvinculada de la política, dijo a SEMANA que en algunos municipios mineros ni siquiera acudieron los ciudadanos a las urnas. "Recibieron de los paramilitares los certificados electorales".

Los ganadores en esos municipios niegan categóricamente que sus elecciones se hubieran visto beneficiadas por un guiño paramilitar. El senador Mauricio Pimiento, ex gobernador del Cesar y con gran trayectoria política en el departamento, explicó a SEMANA que él sí promovió "una propuesta para consolidar un apoyo entre la clase dirigente de los municipios mineros y del norte, lo cual permitió elegir al representante Jorge Ramírez, quien viene de Bosconia y El Copey, donde fue elegido mejor alcalde del departamento. Me parece tendencioso que se esté tratando de sugerir que las autodefensas tuvieron alguna injerencia", dijo Pimiento. En el mismo sentido, Jorge Enrique Ramírez explicó: "Nuestra votación nace de un consenso que se hizo con los concejales de esos municipios muy allegados a mí. El trabajo fue unir a la dirigencia política en torno de un candidato de la región por la desatención que había a nivel departamental. Ningún votante puede dar testimonio de que fue obligado a sufragar por mí o por ningún otro candidato".

El senador Álvaro Araújo le dijo a SEMANA que su votación "se debe al ejercicio profesional como político que he hecho con seriedad en muchos años y a nada más. En Tamalameque saqué más del 70 por ciento porque mi tercer renglón, Ricardo Chajín, fue un alcalde líder en la región. Si mi organización política dependiera de los paras no hubiera sacado el 20 por ciento de mi votación en Bogotá. El gobernador del Cesar y el alcalde de Valledupar que apoyé en 2000 tuvieron muchos problemas con los paramilitares y yo mismo sufrí un atentado de ellos ese año".

Aunque no en tantos municipios, ni con porcentajes tan altos como en Magdalena, en el departamento de Sucre también se vieron votaciones altas en algunos municipios que rompieron la tradición de varios años. Así por ejemplo en San Onofre, la representante Muriel Benitorrebollo, fórmula a la Cámara del senador Jairo Merlano, obtuvo 7.262 votos (el 57 por ciento), cuando en 1998 la votación más alta había sido de 3.924 votos (36 por ciento), y los demás votos se habían repartido entre cuatro candidatos más. Otro candidato a la Cámara, Jorge Luis Feris, obtuvo en Majagual el 52 por ciento de los votos y en Buenavista, el 46 por ciento. Este es un departamento donde ha habido fuerte presencia paramilitar, y en algunos municipios es difícil hacer campaña sin su autorización.

"No me dejaron hacer campaña"

Es el caso del ex senador Antonio Guerra de la Espriella. Él le aseguró a SEMANA: "Sí hubo incidencia de los paramilitares en la región del golfo de Morrosquillo, y yo fui uno de los damnificados. Yo no pude hacer campaña allá. Ordenaron borrar todos los murales donde estuviera el nombre de Antonio Guerra para el Senado". Aseguró además que las autodefensas ?con quienes, aclaró, nunca ha tenido problemas? volcaron su apoyo a una lista de Senado y otra de Cámara, y le ordenaron a la gente votar por ellos. Advierte, sin embargo, que ahora el ambiente ha mejorado, y ha podido visitar libremente esos municipios.

El testimonio de Guerra de la Espriella coincide con otros recogidos por esta revista, según los cuales en San Onofre era impensable triunfar en política sin el consentimiento de 'Cadena', un temido jefe paramilitar que ahora está en Ralito. La representante Benitorrebollo, sin embargo, niega rotundamente tener nada que ver con este jefe de las autodefensas. Dijo que abiertamente había hecho gestiones con el Alto Comisionado de Paz para que las autodefensas salieran de la región y entraran a la negociación de Ralito. Además aclaró que fue elegida por la voluntad del pueblo, porque ella y su familia son de allí. "Mi hermano ha sido diputado por cuatro períodos en la Asamblea de Sucre, y tiene una larga trayectoria política en la región". Por eso no se siente impedida para votar por la ley de justicia y paz.

Sobre Jorge Feris, conocedores de la región dijeron que no se conoce de presiones paramilitares en las zonas donde él obtuvo altas votaciones, y que su fortín electoral principal es Sincelejo. "Su lunar es su hermano '08', paramilitar hoy desmovilizado", dijo uno de los consultados por SEMANA. Jorge Feris fue compañero de fórmula de Álvaro García Romero, quien está siendo investigado por la Corte Suprema, por presunto apoyo a las autodefensas. Feris ha dicho a la prensa que aunque no tiene ningún nexo con el grupo armado de su hermano se va a declarar impedido para votar la ley de justicia y paz para evitar suspicacias.

Pero las suspicacias no recaen sólo sobre los congresistas mencionados. La coincidencia entre la presencia de los grupos de autodefensas y altas votaciones concentradas en un solo candidato también se dió en otros departamentos como Antioquia y Córdoba.

Lo importante ahora es debatir abiertamente en el Congreso el tema de si hay o no congresistas que deberían inhabilitarse para votar la ley de justicia y paz, para que las dudas sobre el supuesto 35 por ciento que dijo Salvatore Mancuso que tenían las AUC en el Congreso se despejen de una vez por todas. Más aún ahora cuando los motores electorales están calentándose.