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| 11/16/2016 12:10:00 AM

“Gravar a las personas con base en su estilo de vida es discriminatorio”

Christopher Snowdon es un conocido opositor a la intervención del Gobierno en asuntos como los hábitos de consumo. Habló con Semana.com sobre el debate por cuenta del impuesto a las gaseosas incluido en la reforma tributaria.

El periodista británico Christopher Snowdon, investigador del Institute of Economic Affairs, ha escrito varios libros en los que critica la intervención del Gobierno en temas de la esfera privada como el consumo de alcohol, cigarrillos o gaseosas. Habló con Semana.com sobre los llamados “impuestos saludables” al tabaco y las bebidas azucaradas, como los que incluye el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno presentó ante el Congreso.

Semana.com: En Colombia, la reforma tributaria que el Gobierno propone incluye impuestos sobre las bebidas azucaradas y aumentar los de los cigarrillos. ¿Cuál es su posición sobre este tipo de impuestos?

Christopher Snowdon: Mi punto de vista es que la tributación debe ser justa, no discriminatoria y no debe crear nuevos problemas. Gravar a las personas con base en su estilo de vida es discriminatorio. En la práctica obliga a un grupo a subsidiar a otro. Los impuestos sobre las bebidas azucaradas y el tabaco son siempre regresivos, es decir, toman una mayor proporción de ingresos de los pobres que de los ricos.

Semana.com: La Organización Mundial de la Salud recomienda impuestos del 20 % para las gaseosas.

C. S.: Infortunadamente, el enfoque de la OMS sobre este tema está dominado por unos pocos activistas extremistas de países ricos que quieren tratar al suministro de alimentos como al tabaco. Su reciente documento acerca de su posición sobre los impuestos a los alimentos y las gaseosas hizo afirmaciones de que no podía corroborar. Ningún país ha impuesto un gravamen del 20 % sobre las gaseosas (excepto los impuestos a la venta normales que se aplican a otros productos), de modo que la OMS no puede alegar que dicha política esté basada en evidencias, sobre todo porque otros países que han aplicado algún tipo de impuesto menor sobre las gaseosas no han visto ningún efecto sobre la obesidad.

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Si la OMS realmente se basara en evidencias, reconocería que ningún país ha utilizado con éxito los impuestos sobre los alimentos y bebidas para reducir la obesidad y que es muy improbable que algún país tenga éxito en el futuro a menos que imponga los impuestos a una tasa tan alta y sobre tantos productos que produzcan mercados negros significativos.

Semana.com: El Ministerio de Salud sostiene que consumir cigarrillos y bebidas azucaradas tiene un costo enorme para el sistema. ¿No está de acuerdo en que los hábitos que cuestan más al sistema de salud deben pagar más?

C. S.: La principal razón por la que los costos de salud están aumentando es el envejecimiento de la población y el costo de las nuevas tecnologías. La gente que muere más joven de lo que debería por lo general no suele implicar costos de atención médica. Por el contrario, tiende a reducirlos. Ese ha sido ciertamente el caso con el cigarrillo y bien puede ser el caso con la obesidad.

Incluso si los contribuyentes estuvieran agobiados por el costo de la obesidad, sólo se debería imponer un impuesto si ese gravamen fuera a reducir significativamente la obesidad, y a su vez esa reducción de la obesidad condujera a ahorros que excedieran el costo del impuesto. Ninguna de estas condiciones será satisfecha por un impuesto a las gaseosas. Sólo aumentará la carga tributaria. Alternativamente, se podría introducir un impuesto que aumente el precio para que coincida con el costo total de los costos externos, pero no está claro que una sola categoría de gaseosas tenga algún costo externo. Si se desea gravar la obesidad, un impuesto sobre las bebidas que son ampliamente consumidas por las personas no obesas es una manera muy ineficiente de hacerlo.

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Semana.com: El ministerio también afirma que con esos impuestos, muchas muertes se podrían evitar.

C. S.: Me sorprendería si se evitarán alguna muerte. La demanda de estas bebidas es bastante inelástica, es decir, los consumidores no son muy sensibles a los cambios de precio. Por supuesto que los economistas esperan alguna reducción en el consumo a partir de un aumento de precios, pero la reducción no sería grande (unos pocos puntos porcentuales). Dado que las bebidas azucaradas sólo aportan una parte muy pequeña al consumo total de calorías, sería sorprendente que hubiera alguna reducción medible de la obesidad, y mucho menos de las muertes, sobre todo porque sabemos que las personas reaccionan al aumento del precio de una bebida en particular consumiendo en mayor cantidad otras bebidas, como jugo de frutas, batidos y alcohol.

Semana.com: Algunos académicos han trazado paralelos entre la industria del cigarrillo en el pasado y la de las gaseosas hoy, en términos de negar la evidencia. ¿Usted ve esas similitudes?

C. S.: La comparación con la industria del tabaco se traza porque los activistas quieren tratar las gaseosas como cigarrillos. No hay otra razón. Cualquier industria se defendería si la estuvieran atacando de esta manera. Las bebidas azucaradas contienen calorías y demasiadas calorías hacen que las personas sean obesas. No creo que nadie niegue eso. No tiene sentido centrarse en las gaseosas en particular, en lugar de referirse a las galletas, el alcohol o la grasa.

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Semana.com: Como ocurrió en México, en Colombia ya se ha desatado una pequeña batalla entre los defensores del impuesto a las gaseosas y el sector, que se queja del impacto que sufriría. ¿Qué lecciones deja del caso mexicano, que la OMS pone como ejemplo?

C. S.: Según el Instituto Mexicano de Salud Pública, el consumo per cápita de gaseosas en el período 2007-2013 fue de 160 litros. En el primer año del impuesto a las gaseosas (2014) fue de 162 litros. Admiten que se trata de un aumento en el consumo, no una caída, pero dicen que si se modelan los datos y se hacen varias suposiciones sobre lo que habría sucedido sin un impuesto, 162 litros es menos de lo que cabría esperar. Eso siempre es posible, por supuesto, pero puedes hacer que un modelo diga cualquier cosa. Creo que lo que la gente quiere saber es si el consumo de gaseosas cayó cuando se introdujo el impuesto, y no lo hizo. Si usted cree que la gaseosa causa la obesidad, no hay por lo tanto ninguna posibilidad que la obesidad haya caído como resultado del impuesto.

Un informe en el British Medical Journal aseguró que hubo una caída del 6-12 % en el consumo, pero esto también se basó en un modelo creado por personas que habían abogado por el impuesto.

Semana.com: Las empresas aseguran que las gaseosas son injustamente satanizadas y el problema de la obesidad es mucho más complejo, y va mucho más allá del consumo de azúcar.

C. S.: ¡Claro que es más complejo! Cualquier cosa sería más compleja que la simplicidad cretina de culpar a un ingrediente solitario de que las personas estén comiendo demasiado y haciendo muy poco ejercicio. El mundo de la nutrición popular está lleno de charlatanes y fanáticos. En este momento hay histeria acerca de este único ingrediente, pero cuando las modas cambien, se trasladarán a algún otro ingrediente, al igual que lo hicieron cuando superaron la grasa saturada. Los científicos y dietistas se desesperan al ver que la compleja cuestión de la obesidad se reduce a una batalla sobre una categoría de productos que contiene un ingrediente.

Semana.com: Algunos están proponiendo que Colombia debería gravar no sólo las bebidas azucaradas, sino toda la comida chatarra y alta en calorías, como lo han hecho en otros países. ¿Qué opina al respecto?

C. S.: El Gobierno siempre va a querer aumentar los impuestos. Si agitan suficiente histeria acerca de la obesidad, hacen que sea más fácil para ellos hacerlo. Este tipo de impuestos son maravillosos para los políticos porque tienen el apoyo popular de una minoría que se hace oír, a veces incluso una mayoría, y debido a que la demanda de estos productos es inelástica, son una fuente confiable de ingresos. Además, son impuestos sigilosos -las personas no los notan después de un tiempo- y permiten que los políticos recauden dinero de grupos de la sociedad que están generalmente protegidos, como los ancianos, los desempleados y los discapacitados.

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