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| 7/28/2014 12:00:00 AM

Por autoamenazas les imputarán cargos

Al parecer, la finalidad de los implicados era que no les quitaran el esquema de protección.

La Fiscalía descubrió el presunto plan de cuatro líderes de mesas reclamantes de tierras de El Carmen de Bolívar, para autoamenazarse y así mantener el esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección.

Según descubrió el ente investigador, los implicados se enviaban mensajes de texto en el que se trataban de “sapos” y se les “advertía las consecuencias de seguir reuniéndose para seguir reclamando tierras”.

En otro de los mensajes en poder del fiscal de la Dirección contra el Crimen Organizado que lleva el proceso, se les ordenaba a los reclamantes "abandonar la región de los Montes de María”.

Los implicados en los hechos ocurridos en octubre del 2012 son Gustavo Enrique Arrieta Pérez, las hermanas Mariluz y Maribel Vásquez Fernández y Ronald Yesid Castillas Vásquez.

En el caso de Maribel, la Fiscalía descubrió que desde su propio celular, luego de cambiar su tarjeta sim por una que figuraba a nombre de su hermana Mariluz, se envió un mensaje de texto amenazante. Incluso, ese número era el mismo que la propietaria había registrado ante la Unidad de Restitución de Tierras.

“El 2 de octubre recibimos las primeras amenazas, el 15 y el 16 volvimos a recibir varios mensajes amenazantes a varios líderes de la mesa de participación de Víctimas del departamento de Bolívar.

Hace tres días un compañero que está en el proceso de restitución de la vereda Cañonero recibió un pasquín debajo de la puerta. El domingo mi hermana recibió un mensaje. Todos los directivos de la mesa estamos fuera del territorio y no estamos realizando nuestras labores directamente”, señaló al diario El Universal de Cartagena Maribel Vásquez Fernández, representante de víctimas de El Carmen de Bolívar, luego que ocurrieron las presuntas amenazas.  

La Fiscalía también descubrió que todos recibieron el mismo mensaje, es decir, que al parecer los copiaron y los pegaron para autointimidarse y así mantener los beneficios por parte de la Unidad de Protección, como son vehículos, el combustible de los mismos, celulares y en algunos de los casos, escoltas.  

En ese entonces, Vásquez, además de pedir que se investigara la situación, aseguró que ella no estaba en el proceso de reclamación como tal, sino que se encargaba se asesorar y acompañar a las víctimas.

Los cuatro implicados se exponen a penas que alcanzan diez años de cárcel si se les encuentra responsables de las conductas de fraude procesal, fraude a subvención y falsa denuncia, delitos que les imputará la Fiscalía en los próximos días en El Carmen de Bolívar.
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