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| 11/1/2013 12:00:00 AM

Imputan cargos al ‘carcelero’ de un universitario

Humberto Sarmiento Villate fue secuestrado y posteriormente fue encontrado muerto en una fosa.

Ocho meses después de que la suerte lo acompañó y fue dejado en libertad por un juez que consideró que su aprehensión fue ilegal, el Gaula Militar de Cundinamarca recapturó a Argelio Goarque Anzola, uno de los presuntos responsables del secuestro y el posterior asesinato del estudiante de la Universidad Sergio Arboleda Humberto Sarmiento Villate.

El 18 de febrero pasado, cuando el país se escandalizó con la historia tras el secuestro de Sarmiento, Goarque fue detenido junto a cuatro personas más, pero el hecho de que la Fiscalía lo capturara sin la orden de un juez le permitió salir del despacho donde se realizaba la audiencia. Desde entonces su paradero era un total misterio. 

De acuerdo con el ente acusador, el joven estudiante fue engañado con un supuesto negocio de una guaca con dólares y llevado hasta una finca Yacopí, Cundinamarca, donde permaneció privado de la libertad hasta cuando fue asesinado por uno de sus secuestradores, el mismo que terminó por confesar todo a la Fiscalía. 

El ente investigador aseguró sobre Goarque que tenía el papel de ‘carcelero’ del secuestrado. Él sería la persona que lo mantenía encadenado y además se encargó de su custodia durante el tiempo que estuvo privado de la libertad. Además habría ayudado a sepultarlo cuando lo asesinaron y después de que una de las posibles cómplices le abriera el estómago para que no “se soplara y la tierra no se subiera”.

La Fiscalía le imputó al procesado los delitos homicidio agravado, secuestro extorsivo agrado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Cargos que no aceptó. 

La historia 

Todo empezó en Bogotá el 9 de noviembre del 2012. Humberto, de 23 años y estudiante de la universidad Sergio Arboleda, fue llevado mediante engaños a la población cundinamarquesa donde le informaron que se había descubierto una caleta y que querían compartirla. Con el pasar de los días, le dijeron que estaba secuestrado. 

Así también se lo hicieron saber a su familia, a la que le hicieron llegar un par de fotografías en las que se veía al joven encadenado de pies y manos. Además, hubo una comunicación telefónica en la que les advertían que eran miembros del frente 26 de las FARC y que por la liberación exigían la suma de 5.000 millones de pesos. 

Tras poner el hecho en conocimiento de las autoridades se comprobó que no era esa guerrilla la autora del plagio, sino que era delincuencia común y que una de las personas que estaban involucradas en el ilícito es un extrabajador de la empresa de propiedad del padre de Humberto. 

Quien reveló todo es un sujeto que se acercó a la Fiscalía y contó hasta el mínimo detalle del secuestro. Por razones de seguridad, omitimos el nombre y ya hace parte del programa de protección de testigos. 

El relato se conoció en febrero pasado en el complejo judicial de Paloquemao durante una audiencia contra los cuatro primeros implicados en el caso. Parte de su testimonio fue leído por el fiscal que asumió la investigación en la diligencia judicial. 

El delegado del ente acusador, citando al testigo, señaló que la idea del plagio fue de un sujeto identificado como J. Orozco, quien a su vez le comunicó esa intención a Héymer Antonio Pulgarín Cárdenas, un ex paramilitar que hoy está en la cárcel La Picota y que, además, es postulado de Justicia y Paz. 

Desde esa penitenciaría, conforme al relato, se fraguó todo. De hecho, ante el estrado se hizo una acusación en contra del exintegrante de las autodefensas. Indicó el fiscal que ante la negativa de la familia de pagar el dinero, Pulgarín Cárdenas ordenó su asesinato. 

La orden fue dada al sujeto que decidió hablar y delatar al resto de la banda. Así se dijo durante la audiencia en la que, además, José Obdulio Cruz Linares, Mónica Ocampo, Ferney Orozco Torres, Flaminio Morales Ramírez y Jairo Ferney Martínez Pineda fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. 

A estas personas les fueron imputados los delitos de por secuestro extorsivo agravado, tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, cargos que no aceptaron.
En la diligencia hace unos meses se conoció que José Obdulio Cruz Linares fue concejal de Yacopí durante el período 2008-2011.
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