Gobernadora del Putumayo a responder por la tragedia de Mocoa

La Fiscalía de Colombia le imputará cargos por homicidio y prevaricato a varios funcionarios del departamento de Putumayo (sur) por la avalancha ocurrida entre el 31 de marzo y el 1 de abril de este año en la capital regional, Mocoa, que dejó 321 muertos y 100 desaparecidos, informó hoy el ente judicial.

La acción, que se llevará a cabo mañana, cobija a la gobernadora de Putumayo, Soy Sorrel Aroca Rodríguez, por el delito de homicidio culposo en posición de garante.

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También serán notificados el alcalde de Mocoa, José Antonio Castro Meléndez, y el exmandatario local Elver Porfidio Cerón Chincuque (2012-2015) por los delitos de homicidio culposo en posición de garante, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

A finales de marzo, Mocoa fue afectada por el desbordamiento de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulatos, que pasan por la ciudad y que arrasaron varios barrios como consecuencia de un fuerte aguacero.

"Los funcionarios serían responsables de homicidio culposo, entre otras conductas, por desatender la posición de garante que los obligaba a actuar con diligencia para proteger la vida de las personas asentadas en las zonas de riesgo, que posteriormente fueron anegadas por una gigantesca avalancha", indicó la Fiscalía en un comunicado.

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Según la entidad, las acciones adelantadas días después de la avalancha de lodo, piedra y escombros permitieron identificar la existencia oportuna de varias alertas y llamados ambientales que anunciaban la tragedia y habrían sido desacatados por las autoridades.

"Los elementos recopilados hasta el momento evidencian que, pese a las alertas científicas, desde la Gobernación de Putumayo y la Alcaldía de Mocoa no fue activado el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres ni un sistema de alertas tempranas. Tampoco se diseñaron estrategias para la prevención y respuesta a emergencias", precisó la Fiscalía.

Para el organismo, los funcionarios desatendieron la posición de garantes que, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, les exigía proteger la vida de las personas que habitaban las zonas de riesgo e impedir que se produjera un resultado catastrófico.

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De acuerdo con el ente oficial, "en su condición de funcionarios habrían omitido tomar las medidas necesarias para evitar las muertes registradas, más aún cuando era previsible y había probabilidades altas de un desastre natural de semejante magnitud".