El contrato que podría salirle caro al gobernador de Norte de Santander

De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, el gobernador del Norte de Santander, William Villamizar Laguado, podría ir a prisión por haber delegado la realización de un contrato de compra de materiales de construcción en el que se registraron varias irregularidades durante su primera administración 2008-2011.

A lo largo de la audiencia que tuvo lugar en el Tribunal Superior de Bogotá, el ente acusador imputó al mandatario los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

El contrato 2083 de 2009 es el corazón de la disputa legal que sentó en el banquillo de imputados al poderoso político de La U y a su antecesor, el exgobernador Édgar Jesús Díaz Contreras, de Cambio Radical, coautor de los mismos delitos que le fueron imputados

El contrato

En principio, debió tratarse de un simple contrato de compra de material pétreo para repavimentar un tramo de la vía La Sanjuana-Bucarasica, la cual se inunda regularmente cuando llueve en esa parte de Norte de Santander.  

Por ese servicio, el secretario de infraestructura inició una subasta a la que acudió un único proponente. De esa manera, Pedro Antonio Silva Ruiz, dueño de la empresa Trituradora la Roca se llevó el contrato de $ 4.003 millones de pesos con el que se comprometió a entregar $ 2.047 millones de sub base granulado y $ 1.404 millones de base granulado directamente al sitio de construcción.

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Según el fiscal Carlos Ibán Mejía, allí comenzaron las irregularidades. El primer punto cuestionado fue que los estudios previos a la contratación no habrían cumplido con los requisitos necesarios. A grandes rasgos, no se habrían estipulado las características del producto ni las variables para calcular el presupuesto, montos y costos asociados que se usarían para determinar la cuantía el convenio.

De acuerdo con Mejía esto fue grave porque al tratarse de una compra de “bienes y servicios de características técnicas uniformes”, era lo que determinaba la calidad del producto adquirido y anulaba la descripción del riesgo de incumplimiento por parte del contratista.  Otro de los reclamos del fiscal fue que el contrato se habría hecho con las características de un contrato de construcción cuando debió contar con las de un convenio de suministro de material, tal y como lo hizo la misma administración con otros contratos similares firmados en 2008.

A través de estos ejemplos, lo que trató de demostrar el representante del órgano de control fue que se habría tratado de una maniobra realizada evadir la convocatoria a licitación pública y poder adjudicar a modo la subasta. En ese sentido, la “desproporción” en el pliego de condiciones que se ajustaba precisamente a las características de la empresa Trituradora la Roca fue otro de los argumentos exhibidos. Sobre todo cuando la experiencia en este rubro de la empresa de Pedro Antonio Silva Ruiz había sido adquirida unos meses con el mismo gobierno.

La Fiscalía fue más allá y señaló que además de ser direccionado, el contrato habría sufrido irregularidades en su celebración y ejecución. La principal, al parecer, se habría dado cuando habiendo entregado más del 98% del material, el contratista pidió varias prórrogas y una adición de $ 2.001 pesos.

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Aunque la gobernación justificó la suspensión de la ejecución del contrato por la ola invernal que azotó al municipio, no justificó -a juicio del ente acusador- la adición de 35.950 metros cúbicos de base granular que aparentemente no se emplearon en ese momento. “Esa cantidad no respondía a necesidades de la gobernación, sino a la cantidad de material sobrante del contratista”, dijo Mejía.

Entonces entraron en juego las presuntas irregularidades en la liquidación del convenio que son las que enredan al exgobernador Edgar Jesús Díaz Contreras. Entre otros movimientos, los funcionarios delegados por el mandatario de Cambio Radical habrían realizado maniobras indebidas para ajustar los valores del contrato, las cantidades de material entregadas y los costos de transporte de la obra. Además de que el material fue depositado en las instalaciones de la empresa contratista cuando debieron encontrarse en lugares específicos para ese fin.

Entre otras cosas, el gobierno de Édgar Díaz suscribió un contrato con la fundación Ecopetrol para el desarrollo regional en el que se comprometió a aportar $179 millones pesos en material de base disponible en el depósito de trituradora la Roca. Lo cual demuestra -en boca del ente acusador- que su administración no solo sabía, sino que aprovechó las irregularidades del contrato.

Por ese motivo, el fiscal estimó el peculado en un total de $3.741millones de pesos.

¿Qué dice la defensa?

Por su parte, el abogado de William Villamizar, Oswaldo Medina, advirtió que en su concepto, el fiscal no presentó documentos para soportar su teoría, sino cuadros que él mismo redactó, presuntamente con base en las carpetas de contratación.

“Hay una razón por la que no citó a la víctima. Y es porque la víctima en este caso sería la Contraloría y ellos mismos determinaron que no se perdió ni un sólo metro de piedra, en su fallo de mayo de 2010”, dijo. Lo mismo -señala- sentenció la Procuraduría.

En cuanto a la posible responsabilidad del gobernador respecto al direccionamiento del contrato, Medina explicó que tendrá que demostrarse la responsabilidad subjetiva de su defendido y el interés que pudo tener para que no se cumplieran esos requisitos.

Finalmente, el abogado precisó que la ola invernal destruyó más de 28 municipios en todo el país y Norte de Santander fue uno de los más afectados, por lo que adición del contrato sirvió para repavimentar las calles afectadas y acopiar material pétreo en caso de nuevas contingencias, el cual fue almacenado de acuerdo con las normas de Invías.

Además, aseguró que tiene la ficha técnica del proceso, que fue adjuntada al SECOP en su momento, con la que pretende demostrar que no hubo fallas en el proceso de contratación. Esta será presentada durante del proceso que su cliente surtirá en libertad.