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| 2/13/2012 12:00:00 AM

Imputan cargos a coroneles por caso 'Cacica La Gaitana'

La Fiscalía determinó que el coronel Jaime Joaquín Ariza fue parte fundamental en la desmovilización de un frente guerrillero que nunca existió. Le imputaron los mismos cargos que al excomisionado Luis Carlos Restrepo. Se espera que esta tarde continúe la audiencia contra el coronel Hugo Castellanos.

El tema de ‘Cacica La Gaitana’ parece estar comenzando hasta ahora. Luego de que el viernes la Fiscalía imputó como persona ausente al excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, cargos por peculado por apropiación, fraude procesal, fabricación y porte de armas de fuego y municiones, y prevaricato por acción, el fiscal del caso, Francisco Javier Villareal, hizo lo propio este miércoles con el coronel del Ejército Jaime Joaquin Ariza. Se espera que esta tarde se imputen cargos al coronel Hugo Hernán Castellanos.

Aunque todos los ojos están puestos sobre el excomisionado Restrepo, su papel dentro de la cuestionada desmovilización no hubiera sido posible sin la presunta complicidad de dos coroneles, quienes fueron clave para legitimar el proceso.

¿Quiénes son los coroneles y por qué resultaron involucrados? La Fiscalía les imputó a ambos cuatro delitos. Los mismos de Restrepo: peculado por apropiación, fraude procesal, fabricación y porte de armas de fuego y prevaricato por acción.

Hugo Hernán Castellanos era el enlace entre la oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ejército Nacional. Entre sus labores estaba asesorar tanto a Luis Carlos Restrepo como a las personas que dependían de él, en aspectos propios de la institución castrense, contribuyendo así en la calidad de la toma de decisiones del Alto Comisionado para la Paz. Según la Fiscalía, Castellanos ignoró, teniendo a su disposición, la información que señalaba de la inexistencia del ‘Cacica La Gaitana’ dentro de la estructura de las Farc. “Tampoco utilizó la información que indicaba que no existían reportes de acciones armadas atribuibles a esa compañía o en contra de ella”, señala en su escrito de imputación el ente acusador.

El entonces coronel Castellanos fue, según la Fiscalía, quien coordinó el transporte de las armas con las cuales se habría de proveer a la falsa estructura. “Las armas no eran portadas por las personas que pretendían desmovilizarse al momento de su ingreso a la zona de ubicación temporal, sino que fueron transportadas desde diferentes lugares del país hasta donde se encontraban los supuestos desmovilizados a la espera de ellas”, relata la Fiscalía.

La imputación contra Castellanos dice que el coronel, entre noviembre del 2005 hasta marzo del 2006, hizo parte de una “empresa criminal” que “realizó un aporte financiero para la adquisición de unas armas que se encontraban en la clandestinidad”. Además, según el ente acusador, “las armas de uso privativo de las fuerzas armadas fueron adquiridas en diferentes lugares del país, particularmente en la ciudad de Santa Marta, a grupos de paramilitares” con el dinero del narcotraficante Hugo Alberto Rojas.

“Las armas de defensa personal y las armas de uso privativo de las fuerzas armadas se almacenaron bajo estricta reserva, en las instalaciones de la RIME - 5, al punto que no se efectuó un inventario de las mismas (...) desconociendo los protocolos al respecto. Dicho almacenamiento se surtió por un espacio de tiempo de aproximadamente 20 días”, señala el ente acusador.

Para la Fiscalía, resulta reprochable que el coronel, dada su condición de servidor público y con una alta posición en la jerarquía militar, “defraudó la confianza puesta en su actuar por parte de la sociedad y prefirió sucumbir ante los execrables propósitos que la empresa criminal se había trazado, los cuales contaban como políticos, jurídicos y patrimoniales”.

La actuación de Castellanos, según el fiscal del caso, permitió que “los miembros de la espuria compañía recibieran beneficiaran de carácter económico y jurídico, los primeros a través de sumas de dinero desembolsadas por el Estado en cabeza inicialmente del Ministerio del Interior y de Justicia y posteriormente en cabeza de la Alta Consejería para la Reintegración Social y económica de la Presidencia, quienes consignaban los dineros en las cuentas personales de los beneficiarios”.

El detrimento patrimonial por dichos beneficios dados a los supuestos desmovilizados asciende a los mil millones de pesos. “Dicho detrimento no hubiese tenido lugar sin su efectiva y activa participación, quien a través de un cargo clave dentro de las Fuerzas Militares y actuando ante el Gobierno Nacional, logró dotar de armas a un grupo de personas, las cuales, movidas por un interés de lucro, se integraron a la empresa criminal que se estaba gestando, logrando de esta manera simular la existencia de un grupo ilegal y la supuesta pertenencia al mismo, con el que se obtuvieron ilícitamente una serie de actos administrativos que ordenaban las erogaciones pertinentes, adjudicando dineros de origen estatal a unos individuos que no tenían derecho legal a él”, señala el escrito de imputación.

Pero el coronel Castellanos no fue el único alto mando involucrado en este caso. El coronel Jaime Joaquín Ariza fue su dupla. Con él, se asoció en una “empresa criminal” destinada a la falsa creación de ‘Cacica La Gaitana’, dice la Fiscalía.

Ariza, en su calidad, de comandante de la Regional de Inteligencia Militar número 5-RIME-, “detentaba unas funciones inherentes al cargo, que le conminaban a planear, dirigir y supervisar la recopilación de la inteligencia y contrainteligencia obtenida por medios humanos y técnicos”, por lo que resulta cuestionable el que, siendo él oficial de la zona en donde supuestamente se desmovilizaría el ‘Cacica’ no se opusiera al engaño que se planeaba. Según la Fiscalía, el coronel Ariza fue “reconocido como el comandante central de inteligencia con su activa participación con ‘el proceso de concientización y posterior desmovilización’ relativo a la espuria compañía”.

Señala el ente acusador que el coronel Ariza mantuvo reiteradas reuniones con alias ‘Olivo Saldaña’ en el sitio en donde estaba recluido y previo a la falsa desmovilización. Las irregularidades que, según la Fiscalía, rodearon el proceso de ‘Cacica La Gaitana’ “encuentran explicación lógica en la necesidad de lograr desmovilizaciones colectivas de las Farc que legitimaran el proceso que se había llevado a cabo con las AUC”.

Otro punto por el cual se cuestiona al coronel es el que tiene que ver con el desconocimiento de un proceso con quien era el supuesto líder de la estructura armada, Felipe Salazar, alias ‘Biófilo’. Y, por el contrario, optó por reunirse con ‘Saldaña’, quien estaba detenido y era un desertor buscado por las Farc.

“En su condición de comandante de la Regional de Inteligencia Militar número 5 RIME 5, que tiene como jurisdicción del departamento de Tolima, pasó por alto dar cumplimiento a sus funciones asignadas, que le imponían la obligación de utilizar la información recaudada por la inteligencia militar (...) tenía que haber efectuado una verificación de la real voluntad de paz de dicha estructura, lo cual llevaba a comprobar su verdadera existencia”, se lee en el escrito de imputación.

Los dos militares tendrán que dar la cara a la justicia. Hasta ahora, por complicaciones de salud no ha sido posible que el coronel Hugo Hernán Castellanos comparezca ante los estrados judiciales en la diligencia de la imputación de cargos, que tuvo inicio el anterior viernes con el caso del excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.
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