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| 4/26/2014 5:00:00 AM

Les llegó el turno a las cabezas de InterBolsa

La Fiscalía imputará cargos a 25 nuevas personas vinculadas con InterBolsa. Entre ellas Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado.

Hace año medio estalló el escándalo de InterBolsa y la Fiscalía está decidida a no dejar que los responsables del mayor descalabro financiero en los últimos años pasen de agache.

La semana pasada, el fiscal Eduardo Montealegre anunció que se les imputarán cargos a 25 nuevas personas. Esto significa que en total con las nuevas determinaciones ya son 37 las vinculadas, entre imputados, acusados y personas con medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Básicamente hay tres grupos de nuevas imputaciones: Uno, de directivos y empleados de InterBolsa, entre ellos asesores comerciales de la firma comisionista; dos, de personas relacionadas con las empresas vinculadas al Grupo Corridori y tres, de responsables del Fondo Premium, caso que apenas comienza en su etapa penal y que según fuentes de la Fiscalía es la caja de Pandora de esta telenovela financiera.

Con estas decisiones, la Fiscalía envía una señal muy importante al mercado financiero, en el sentido de que, además de las cabezas, también les caben responsabilidades a los mandos medios que ejecutan sus órdenes. Personas como los asesores comerciales que, en sus relaciones con los clientes, pueden abusar de su condición para lucrarse económicamente, deben pagar por sus actuaciones.

La otra señal importante que está enviando la Fiscalía afecta a aquellas empresas que se prestan como vehículos inversores para que se enriquezcan otros como ocurrió con el Grupo Corridori en la manipulación de la acción de Fabricato. Y un tercer mensaje tiene que ver con el tema de las figuras financieras ingeniosas que, en el fondo, no son más que esquemas para torcerle el pescuezo a la prohibición de captar recursos en forma masiva del público. Para los investigadores ese sería el episodio del Fondo Premium.

La Fiscalía aún no ha solicitado fecha para la audiencia de imputación de cargos de las 25 personas, pero las investigaciones adelantadas por el grupo de tareas especiales, con apoyo de la nueva Policía judicial especializada económica y financiera (PEF) de la entidad, evidenciaron que estas presuntamente incurrieron en diversas conductas punibles entre 2010 y 2012. Entre estas conductas están captación masiva y habitual de dinero, manipulación fraudulenta de especies, administración desleal, estafa y concierto para delinquir. El fiscal Montealegre afirmó que solicitará para estas personas medida de aseguramiento de detención preventiva privativa de la libertad. 

Dentro de los nuevos imputados se destacan dos miembros principales de la junta directiva de la sociedad comisionista InterBolsa: Rafael Saravia y Alfredo Ramos y el contralor normativo de la firma Leonardo Uribe. Estas personas están siendo vinculadas por conocer las operaciones que se hicieron con Fabricato –lo que desató la caída de InterBolsa- y presuntamente no hacer nada al respecto.

Todos los asesores comerciales y asistentes de la mesa, dentro de la comisionista, que manejaban las empresas del Grupo Corridori. Entre ellos Clemencia Soto, Katherine Hernández, Miguel Merjech, Raquel Góngora. Estas personas fueron quienes presuntamente se lucraron con la alta exposición en repos, pues ganaban comisiones por las operaciones y también habrían invertido recursos de los clientes sin su autorización en estos repos.

También cuatro miembros de la administración de la comisionista que le reportaban directamente a Álvaro Tirado –presidente de la firma– como Juan Camilo Arango, vicepresidente ejecutivo; Paula González y Juan Camilo Vargas, quienes coordinaban todas las operaciones de liquidez y Gloria Cárdenas, directora de banca corporativa de la comisionista. Finalmente Juan Felipe Ruiz Duarte, quien era el gerente técnico (de riesgos) de la holding y enlace directo entre la Superintendencia Financiera e InterBolsa.

¿Compañías de fachada?

En el caso de las empresas del Grupo Corridori imputarán cargos a Olbanny y John Alexánder Muñoz Delgado, representantes legales y dueños de Giteco SAS, compañía que se convirtió en uno de los mayores accionistas de Fabricato, gracias a los cupos de repo que le fueron dados por la firma InterBolsa sin contar con la trayectoria ni la capacidad financiera para soportar estos documentos. Se le dieron cupos por 34.000 millones de pesos. Básicamente se trataba de una empresa que presuntamente sirvió como testaferro para el inversionista Alessandro Corridori. John Muñoz había sido gerente de Valores Incorporados (empresa del Fondo Premium) y después fue el director financiero de Invertácticas, otra empresa de Corridori. 

De este grupo hace parte Emilio Martín Uribe, quien fungía como representante legal de la empresa Manantial SAS que también fue usada por Corridori para tomarse Fabricato, a través de cupos de repos que le fueron otorgados sin cumplir con los requisitos de crédito. Emilio Martín trabajaba para la banca de inversión Metropolitan Capital Markets, que adelantó una serie de negocios con Fabricato y realizó una valoración de la textilera donde se llegó a hablar de 109 pesos por acción.

Igualmente Juan Fernando Osorio, representante legal de la firma VMS Associates (vinculada a la compañía de Violy MCausland) y quien se habría prestado para usar repos de Fabricato para adquirir una participación de la textilera.

La Fiscalía también imputará cargos a Edward Jonathan Martínez, persona de confianza de Corridori, pues le manejaba muchas de sus operaciones. Fue ordenante de la cuenta de P & P Investments, compañía de Carlos Neira –hoy detenido– que fue utilizada para hacerse al control de Fabricato. 

Del Fondo Premium

Dentro del descalabro de InterBolsa el episodio más complejo ha sido el Fondo Premium donde se ha habla de presuntos delitos de captación masiva y habitual. La Fiscalía anunció que imputará cargos a quienes se habrían lucrado de este entramado: Víctor Maldonado, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. Las demás personas que han sido vinculadas son quienes fungían como representantes legales de las empresas filiales de Premium en Colombia como Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil. También esta Rachid Maluf, gerente del Fondo Premium en Colombia, quien se encargaba de diseñar las estrategias de captación de recursos conjuntamente con la comisionista. Y finalmente Eric Andersen, el administrador del Fondo en Curaçao. 

Lo cierto es que al caso de InterBolsa todavía le faltan varios capítulos. Por el momento están en la cárcel La Picota Alessandro Corridori, Javier Villadiego (director de riesgo de la comisionista), Carlos Neira (P & P Investments) y en el Buen Pastor Claudia Jaramillo, esposa de Corridori.

Rodrigo Jaramillo, Álvaro Tirado y María Eugenia Jaramillo (cuñada de Corridori) tienen detención domiciliaria y Mauricio Infante (presidente de la SAI), Luis Fernando Restrepo y Álvaro Camaro (miembros del comité de riesgo), Luz Andrea y Eduardo Colmenares (relacionados con la operación de la Clínica la Candelaria) irán a juicio sin medida de aseguramiento.

A la fecha, la Fiscalía calcula las pérdidas en la firma bursátil en 366.000 millones de pesos que afectaron a 482 personas. En Premium las pérdidas en Colombia llegan a 300.000 millones de pesos y las víctimas reconocidas son 1.026.

La Fiscalía informó que en un trabajo conjunto con el agente liquidador, Alejandro Rebollo, ha conocido memorandos de entendimiento con algunos de los investigados para hacer entrega de dinero para indemnizar a las víctimas (entre ellos Juan Carlos Ortiz que aportaría 34.000 millones de pesos y Tomás Jaramillo 13.000 millones). Según los investigadores es insuficiente para lo que deben reconocer.

Nunca antes, en un caso penal de corte financiero, la Fiscalía había imputado cargos a un número tan alto de implicados como ahora. Pero también es cierto que el mundo financiero es muy complejo y lleno de vericuetos que hacen difícil establecer cuál es la frontera entre lo que es simplemente especulativo o abiertamente ilegal. Lo que es seguro también es que dada la forma como está estructurada la defensa, en la que participan los más prestigiosos penalistas del país, este será un proceso que va para largo.
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