INCIDENTE EN ALTA MAR

El domingo 9 de agosto la corbeta "Caldas" de la Armada Colombiana estaba haciendo un patrullaje rutinario cerca a Castilletes, en la península de la Guajira. Lo único que su comandante y sus tripulantes estaban esperando era encontrarse con alguna lancha de narcotraficantes o traficantes de armas, pero lo que divisaron fue un pesquero venezolano, que navegaba en aguas que los marineros del ARC "Caldas" consideraban colombianas. Aunque no es muy inusual el cruce de barcos en esa zona, le llamaron la atención a la embarcación venezolana sobre el hecho de que estaba navegando en aguas colombianas. De acuerdo con la versión del comandante de la Base Naval del Atlántico, el pesquero venezolano se retiró de la zona, pero informó del encuentro a las autoridades de su país. Horas después una fragata venezolana, con el nombre de "Libertad", repetía la ruta del pesquero hasta tropezarse con el "Caldas". En esta ocasión el llamado de atención no fue de Colombia a Venezuela sino al revés, aunque el contenido era el mismo. "Se encuentran ustedes en aguas venezolanas", exclamó el comandante del "Libertad" a su sorprendida contraparte. Mientras se gritaban argumentos de un barco a otro, discutiendo de quién eran las aguas, llegaron tres "señoras" embarcaciones de guerra venezolanas -llamadas Lupus-, las cuales rodearon al "Caldas" obligándolo a retroceder.
Este episodio, el más grave de los últimos tiempos de las relaciones colombo-venezolanas, había producido al final de la semana una reunión del Presidente colombiano con el embajador de Venezuela; una reunión de Barco con el canciller Julio Londoño y los altos mandos militares; una reunión simultánea del presidente Jaime Lusinchi con su canciller y la cúpula militar en Caracas; un comunicado del Palacio de Miraflores e infinidad de declaraciones de prensa. Todas estas reacciones reiteraban, desde los escritorios, con mayor o menor grado de lenguaje diplomático, lo que los comandantes del "Caldas" y de "Libertad" se habían gritado en la mitad del mar: que cada una consideraba las aguas territoriales propias y que el otro las estaba invadiendo. Como siempre, el tono venezolano fue más subido que el colombiano. Incluso el gobierno vecino llegó a calificar los hechos como una " provocación" .
Simultáneamente con estos incidentes, el gobierno venezolano estaba contestando a una propuesta hecha por el colombiano el pasado 6 de mayo. Esta consistia en utilizar los mecanismos contemplados en el tratado de Conciliación y Arbitraje de 1939 para dirimir desacuerdos entre los dos países. El tratado estipulaba la creación de una comisión de cinco personas (dos nombradas por cada país y una neutral de común acuerdo). Durante su etapa inicial, los delegados de Colombia fueron Jorge Soto del Corral y el ecuatoriano Tovar Donoso. En los años que estuvo integrada nunca se ocupó de nada y con la muerte gradual de sus integrantes pasó al olvido.
Hábilmente, el canciller Londoño descubrió que el instrumento tenía aun vigencia y hace tres meses desconcertó a los venezolanos proponiendo simplemente la reintegración de la comisión, cuya vida legal se extendía hasta 1991. El espíritu de la iniciativa colombiana era reconocer que el diálogo directo durante años no había conducido a nada y que podía ser más fructífero recurrir a un instrumento de mediación suscrito por ambos gobiernos. Concretamente, Colombia proponía como delegado a López Michelsen y al ex presidente de Costa Rica Daniel Oduber. Y para el quinto nombre, que debía ser acordado por ambas partes, sugería al vicepresidente peruano, Luis Alberto Sánchez.
La fórmula colombiana fue, desde el principio, mal vista por Venezuela. La primera reacción del presidente Lusinchi fue prácticamente descartarla en una improvisada rueda de prensa el 16 de mayo. Con palabras poco diplomáticas manifestó que la propuesta estaba "fuera de tiesto y fuera de tiempo". La posición oficial del gobierno venezolano es que la integridad territorial o "los intereses vitales" no pueden ser objeto de discusión. Esto en lenguaje raso lo que quiere decir es que "no estamos dispuestos a discutir el diferendo sobre aguas marinas y submarinas en esa comisión". La posición colombiana es la de que "nosotros no hemos propuesto eso. Simplemente proponemos la utilización del instrumento existente para dirimir cualquier desacuerdo". Detrás de esto, sin embargo, la posición colombiana de fondo es que el concepto de integridad territorial no es aplicable sino a lo que está definido y aceptado.
Estas dos posiciones enfrentadas, a su turno, reflejan otras dos: Venezuela quiere evitar cualquier mediación internacional. Y Colombia está dispuesto a someterse al veredicto de cualquier árbitro internacional legalmente constituido.
La carta entregada por el gobierno venezolano al colombiano la semana pasada, en respuesta a la propuesta del canciller Londoño, tiene como trasfondo la negativa a pasar del diálogo directo a la mediación. Obviamente no está dicho en esos términos. SEMANA se ha enterado de que el tono de la misiva es el de registrar como una descortesía la nominación de personas con nombre propio, y sobre todo haber incluido hasta el quinto comisionado, que debe ser de común acuerdo. La constitución de la comisión tendría que ser objeto de consultas previas antes de nominaciones unilaterales de sus miembros.
Algo tiene de razón Venezuela en esta argumentación. Dada la sensibilidad del tema, las filtraciones e infidencias que antecedieron al envío de la carta-protesta al canciller venezolano y la nominación del quinto miembro, le dieron en Venezuela una apariencia más de "jugada colombiana" que de "búsqueda de acuerdo". No obstante en esta metida de pata, la propuesta colombiana es básicamente razonable y se limita a la aplicación de un tratado vigente firmado por los dos países.
A pesar de la gaffe diplomática, la verdad del asunto es que Colombia no aspira a nada diferente que a recurrir a las vías de derecho, mientras que Venezuela parecería estar sacándole el cuerpo a esta alternativa. Lo malo de sacarle el cuerpo a las vías de derecho es que se acaba, queriendo o sin querer, recurriendo gradualmente a las vías de hecho. De ahí que sean preocupantes hechos como el de las fragatas en alta mar, que constituye un show de fuerza del gobierno venezolano. Más grave aún, si es verdad, sería la detención en territorio colombiano del piloto Ramón Garrido, del cual se ha rumorado que fue sacado de su casa en Arauca por un piquete de miembros de la Policía venezolana y llevado a la fuerza a ese país donde fue retenido varios días. De confirmarse esto, representaría una violación de la soberanía territorial colombiana mucho menos ambigua y discutible que las disputas sobre aguas territoriales que, al fin y al cabo por no estar estas definidas, dan lugar a que cada país crea, de buena fe, que tiene la razón.
Al final de la semana el gobierno colombiano estaba estudiando las opciones de respuesta a la negativa venezolana. Lo que es indiscutible es que las relaciones entre los dos países han ido empeorando rápidamente. Y que existe de ambas partes el temor de que la situación se puede salir de las manos. Así se lo expresó el presidente Lusinchi a López Michelsen y Belisario Betancur la semana pasada, en un gesto inusual de contactar ex presidentes que ilustra la gravedad a que están llegando estos incidentes. El tema ha sido siempre de más sensibilidad en Venezuela que en Colombia. Sin embargo, la prolongación indefinida del gobierno venezolano a aceptar fórmulas de arbitraje, está comenzando a crear conciencia sobre el tema y malestar sobre el mismo en una forma que no sucedía en Colombia en el pasado.