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INDEPENDENCIA GRITA

La nueva autonomía de la Unión Patriótica complica el caos del orden público

30 de marzo de 1987

Los comentarios van implícitos en la descripción del evento: el Quinto Pleno de la Unión Patriótica se celebró en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional el 20, 21 y 22 de febrero. Todo es notable en eso: que fuera el quinto--quién iba a imaginarse que la UP llevara ya cinco plenos, cuando tiene menos de dos años de existencia. Que se celebrara en el Salón Elíptico, el más tradicional de los escenarios de la política colombiana--cuando es un grupo que en su corta historia ha puesto más muertos (350) que delegados a plenos (248). Y que, siendo la UP el fruto más visible, y tal vez el único, del proceso de paz, su pleno se celebre en un mómento en que la situación de orden público vuelve a saturarse de guerra.

Todo eso es notable, como lo fueron también las propuestas del pleno: promover alianzas con liberales y conservadores para la elección de alcaldes; pedir la convocatoria a sesiones extras del Congreso; exigir depuración de las Fuerzas Armadas.
Y la existencia o los mensajes de los invitados especiales: concejales del Nuevo Liberalismo, generales en retiro. Pero a nada de eso se le puso mucha atención, sino que ésta se centró en un hecho que debiera parecer obvio: que el pleno de la UP era un pleno de la UP, y no un pleno de las FARC. Pero esta aparente perogrullada no lo es tanto. Es más bien, y al pie de la letra, una salida por la tangente. La UP, que tiene su origen en una propuesta de las FARC, que cuenta entre sus directivos a guerrilleros de las FARC, que se pactó con las FARC como el canal apropiado para la reincorporación de las FARC a la vida política civil, declara ahora-que no tiene nada que ver con las FARC. Jaime Pardo Leal, su antiguo candidato presidencial (que reemplazó en esa postulación al secretario político de las FARC Jacobo Arenas solamente por razones de seguridad), fue enfático: "No somos ni hemos sido el brazo político de las FARC. Afirmar eso es una falacia, un montaje que busca quitarnos el espacio político que hemos ganado".

Algo hay de cierto, pero también algo de montaje, en la afirmación de Pardo Leal. La parte cierta es que la UP ha conquistado un espacio más amplio que el que ocupaban las FARC antes de la creación del nuevo grupo, y en este participan personas y sectores venidos de otros, ámbitos.
Pero la verdad es también que, hasta hace apenas un mes, la UP actuó en la teoría y en la práctica como ese brazo político que ahora niega ser o haber sido. Las dos organizaciones no son una sola, pero sí operan como vasos comunicantes. Y, por añadidura, ese fue el objeto explícito de la creación de la UP: que sirviera para desaguar paulatinamente la estructura militar de la guerrilla hasta convertirla en un movimiento político a secas, y no "político-militar". Ahora la UP se proclama "autónoma, independiente, civilista y legal". Pero se pactó precisamente para que no fuera independiente ni autónoma.

Así lo señaló pertinentemente el senador conservador Alvaro Leyva, miembro de las comisiones de paz del presidente Betancur que negociaron los pactos originales de la tregua. Según él, la declaración de independencia de la Unión Patriótica significa el fracaso del proceso de paz, puesto que la UP era el camino de las guerrillas hacia la legalidad. (Ver recuadro).

Hablar de fracaso puede ser todavía prematuro. Pero también los antiguos aliados electorales de la UP se muestran preocupados. El senador liberal del Huila Guillermo Plazas Alcid, tras reconocer "la notoria recuperación del orden público en el Huila" se "horroriza" al ver que "el aparato subversivo, en vez de haber disminuido durante la tregua, se haya agigantado hasta alcanzar proporciones francamente preocupantes e intolerables". En el mismo sentido se pronuncian, al rechazar la renovación de sus alianzas con la UP, Germán Romero Terreros, liberal del Valle, y Alfonso Gómez Méndez, liberal del Tolima. Es la misma tesis de los ex presidentes liberales Lleras Restrepo y López Michelsen, de que la verdadera oposición no es la tradicional --los conservadores "en la sombra"- sino la armada --las guerrillas en el monte. Y por su parte los generales en retiro dan por cerrada la tregua.
Eso contrasta con la más reciente propuesta hecha por las propias FARC desde la Casa Verde: la formación de un gobierno de "amplia coalición nacionalista y patriótica". Una especie de nuevo Frente Nacional corregido y aumentado para incluir, no sólo a las propias FARC, sino a "todas las corrientes de izquierda, democráticas y progresistas, la UP, el movimiento obrero, el movimiento campesino, el movimiento de los sin techo y de los sin tierra, el movimiento comunal, el movimiento cristiano por la paz, todos los movimientos guerrilleros, todos los partidos y todos los patriotas colombianos".

Son, como puede verse, varias propuestas contradictorias sobre el mismo tema de la paz. Y a ellas hay que añadir los rumores sobre otras que, al parecer, provienen de los grupos guerrilleros marginados de la tregua.
Pero ádemás de su multiplicidad, todas ellas tienen un problema: que el gobierno de Virgilio Barco no parece dispuesto a tomar ninguna en cuenta.

LEYVA: "EL PROCESO SE ACABO"
Para el senador Alvaro Leyva Durán, que fue uno de los más activos miembros de la primera Comisión de Verificación de la paz del gobierno de Belisario Betancur, no cabe ninguna duda: la proclamación de la Unión Patriótica de su independencia de las FARC y su reconocimiento por parte del consejero presidencial Carlos Ossa Escobar son el puntillazo final al proceso de paz.

--El proceso de paz se acabó--dice Leyva a SEMANA, enfáticamente. Y se explica:

--Todo el proceso reposaba sobre los acuerdos firmados. Yo insisto en los acuerdos por una razón muy sencilla.
Para los subversivos, que por el hecho de serlo están por fuera de la Constitución y de las leyes, el único punto de referencia de sus obligaciones para con el Estado son los acuerdos: el único instrumento normativo es aquel en el que han puesto sus firmas. Eso no lo entendió el gobierno del presidente Barco. Para él, los acuerdos, y las comisiones y los plazos que disponían, etc., eran simples "embelecos de Betancur".
Sin darse cúenta de que para la guerrilla esos "embelecos" eran compromisos del gobierno de Colombia. Compromisos pactados, algunos de obligatorio cumplimiento, según la letra de los propios acuerdos--como el de crear una comisión bilateral de verificación--y otros en los cuales la promesa del gobierno consistía solamente en "impulsar" ciertas cosas, como la Reforma Agraria, por ejemplo.

Entonces el gobierno de Barco empieza por olvidarse de los acuerdos.
Yo creo que ni siquiera los ha léído.
Desmantela la comisión de verificación. Y al cabo de un tiempo accede a crear otra, pero unilateral: no la bilateral que contemplaban los acuerdos.
En vez de la Reforma Agraria ofrecida, y a la cual las FARC se refieren todo el tiempo porque está en los acuerdos, presenta la reforma tributaria. Del Plan de rehabilitación --que según los acuerdos era obligatorio--no conserva sino el nombre.
Y lo conserva para no perder los recursos externos que estaban ligados a él. Pero el plan ya no es más que un fragmento del Plan de desarrollo contra la pobreza absoluta. Tan distinto es, que el Banco Mundial niega entonces los créditos externos prometidos, y ya no hay Plan de rehabilitación.

Así, de los acuerdos ya no queda sino el tránsito de las FARC a la UP --tránsito que, también, debía ser verificado por la Comisión de Verificación que desapareció. Ese tránsito, en el primer acuerdo--del 28 de marzo del 84--tenía plazo: un período de prueba de un año para que los alzados en armas se "organizaran política, económica y socialmente", y recibieran para eso las "garantías y estímulos pertinentes" por parte del gobierno. Ese punto fue después modificado--también por otro acuerdo, de marzo 2 del 86--y se prorrogó el plazo. Pero el fondo seguía siendo el mismo, y en eso se insiste: se otorgarán garantías a los dirigentes de la UP, se reiteran, por parte de las FARC, puntos referidos a la UP.
¿Eso qué sentido tiene? Un acuerdo con alzados en armas no tiene porqué involucrar a un partido poltico, salvo que éste sea el fruto de un pacto de los propios alzados, como era el caso.

Pero venía entonces la elección de alcaldes. Ya floró de nuevo el argumento del "proselitismo armado", frente al cual la UP corría el riesgo de que, alegando razones de orden público, se suspendieran las elecciones de alcaldes en determinadas regiones. Entonces a la UP se le apareció la Virgen: Carlos Ossa declaró que una cosa era una cosa y otra cosa era otra cosa, que la UP y las FARC no tienen nada que ver, desconociendo así la filosofía de los acuerdos. Les dice a los de la UP: los del monte son la guerrilla, pero el vehículo de la transición de los guerrilleros a la normalidad política, ese vehículo que según Marulanda iba a permitir "que se oxidaran los fusiles", ya no son ustedes. Y obviamente los de la UP están felices: ya no se los puede acusar a ellos de proselitismo armado, sino a la guerrilla, que es otra cosa. Aunque eso no sea así, es una mentira alrededor de la cual todos se han puesto de acuerdo.

En conclusión: si no hay reformas, ni hay garantías, ni hay Plan de rehabilitación, ni hay terificación, ni hay vehículo para el retorno de los guerrilleros a la vida política legal, el ensayo de la paz se acabó. --